Uruguay: gobierno elabora ley para regular el consumo de alcohol

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, informó este lunes que el gobierno está elaborando una ley para realizar una regulación estricta de la publicidad, venta de bebidas alcohólicas y atacar su consumo excesivo.

Tras un acto por el 253 aniversario del natalicio del prócer uruguayo José Artigas en Montevideo (sur), Vázquez señaló que se reunirá el martes con un grupo multisectorial que trabaja en este tema preocupante para su gobierno.

Según indicó a los periodistas, el objetivo es la elaboración de «una ley holística total sobre el tema alcohol, que abarcará la comercialización, la publicidad, la venta».

Si bien destacó que no se tratará de una «ley Seca», Vázquez adelantó que pretende regular por ejemplo horarios de venta de las bebidas alcohólicas, las formas y límites en que se puede realizar publicidad y entre los puntos posibles, no se descarta que se determinen impuestos más altos para su expendio.

Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, indicaba que cada uruguayo mayor de 15 años consume al año un promedio de 6,8 litros de alcohol puro -ubicando al país 10º entre 24 de América-.

Vázquez, que ejerce desde 2015 su segundo gobierno por la coalición Frente Amplio (FA, izquierda), señaló que se apunta a reducir «gradualmente todas aquellas patologías que se producen en el seno de la sociedad misma».

Desde que asumió su primer gobierno, en 2005, Vázquez, médico oncólogo de profesión, lanzó una intensa cruzada contra el tabaco con restricciones diversas de publicidad y venta y mayores impuestos para el sector, entre otras cosas.

Esto incluso le valió a Uruguay -3,4 millones de habitantes- una multimillonaria y dura demanda de la multinacional tabacalera estadounidense Phillip Morris, que llevó a un largo litigio ante el Centro de Resolución de Controversias del Banco Mundial (CIADI) y el cual acabó ganando en 2016  el país sudamericano.

Recientemente, Vázquez anunció en Ginebra durante una breve gira que su gobierno trabaja en un proyecto para prohibir que no se pueda fumar a menos de 200 metros de centros de salud y educativos.

El presidente destacó entonces que la estricta política anti-tabaco ha repercutido en una mejora de la salud de la población, pero también en las arcas públicas, pues genera 100 millones de dólares anuales en impuestos a la industria tabacalera.