Denuncian que la policía rural desalojó y torturó campesinos en el norte santafesino

Un hombre de 64 años que es propietario de un campo en el extremo norte de la provincia de Santa Fe denunció hoy, con respaldo sindical y de organismos de derechos humanos, que fue desalojado junto a sus sobrinos por agentes de la Guardia Rural Los Pumas y de la Policía de Investigaciones y que luego fueron torturados con una picana eléctrica y obligados a firmar papeles en beneficio de una empresa.

Se trata de Germán Clavero (64) y sus sobrinos Roberto (32) y Abel Clavero (23), quienes hoy brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad de Santa Fe junto a integrantes de organismos de derechos humanos de la ciudad capital y de Reconquista.

En el encuentro se facilitaron las copias de la denuncia que alude a un hecho ocurrido el 19 de julio pasado a las 7.30 en el campo de Clavero, situado en jurisdicción de la localidad de Gato Colorado, en el límite de los departamentos 9 de Julio y Vera.

Según el relato de las víctimas, los hombres fueron despertados por entre cinco y seis sujetos que ingresaron tras romper la puerta de la vivienda, con los rostros cubiertos por capuchas, y los arrastraron hacia afuera a fuerza de golpes.

«Me pegaron y me esposaron con unos precintos plásticos bien ajustados. Yo quedé ahí extendido con las manos para atrás y la cara en el suelo. A todo esto, a mis sobrinos ya los habían sacado a cachetadas y puñetes, siempre apuntándolos», indica la denuncia presentada ante la Fiscalía de Feria.

Germán Clavero dijo que además de los encapuchados, afuera de su casa había unos 40 policías de la Guardia Rural Los Pumas del paraje La Cigüena y de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Tostado, algunos de los cuales él mismo reconoció.

En la conferencia los sobrinos del hombre contaron que pese al intenso frío de esa mañana los desnudaron, golpearon y torturaron con submarino (en un pozo del fondo de la casa) y picana para que digan dónde había armas.

Según el abogado Iván Bordón, de la ciudad de Reconquista, las lesiones recibidas por los Clavero pudieron ser constatadas por el cuerpo médico de la Unidad Fiscal de Rafaela, donde presentaron la denuncia el sábado 22 de julio.

El abogado cuestionó a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Tostado, Sonia Bustos, ya que ordenó el allanamiento de la propiedad por una supuesta denuncia por amenazas contra uno de los Clavero cuando en realidad, según su hipótesis, el verdadero motivo era echarlos de la propiedad.

Los Clavero fueron liberados tras la presentación de un recurso de hábeas corpus ante el juez Gustavo Gon, de la ciudad de Vera, y no han podido volver a su campo, por lo que están alojados en la casa de un familiar de Tostado.

Dijeron luego que decidieron dar a publicidad lo sucedido porque continúan siendo amedrentados y vigilados por policías de la Guardia Rural y la PDI, motivo por el cual hoy realizaron una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, similar a una radicada hace unos días ante Asuntos Internos de la ciudad de Santa Fe.

Voceros de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos y del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, que acompañaron a las víctimas en su denuncia, indicaron que el desalojo se dio en el marco de la lucha de los pobladores de zonas del norte provincial que cada cierto tiempo son amenazados para dejar las propiedades que ocupan desde hace décadas ante sociedades anónimas que dicen tener documentación que los acredita como legítimos dueños.

En el caso de los Clavero, denunciaron que fueron obligados a firmar papeles y que está de por medio una empresa con sede en la localidad bonaerense de Tigre.