Los traspiés del gobierno nacional en el fomento al empleo y las pymes
Los flojos resultados del Plan Empalme a cuatro meses de su festejado anuncio, además de las críticas de la Unión de Emprendedores por la ley que los regula se suman a reveses previos y signan el errático rumbo oficial a la hora de impulsar la actividad.
Por Facundo Díaz D’Alessandro
El plan Empalme, presentado con grandilocuencia ante la sociedad y pese a la gran expectativa volcada por el gobierno nacional, no logra «arrancar». El 1º de mayo, Día del Trabajador, el presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de este programa para «sustituir los planes por empleo» apuntado en mayor medida a beneficiarios de subsidios sociales.
Según publicó esta semana el periodista Mariano Martín en el matutino porteño Ámbito Financiero, «a cuatro meses de su lanzamiento, el plan apenas incorporó a 78 personas, de acuerdo con registros internos».
Desde el Ministerio de Trabajo, encargado de su aplicación, aducen que la cantidad real de beneficiarios hasta ahora es de 6.814 contabilizando todas las incorporaciones anteriores que pasaron del subsidio a un empleo, pero admiten que los resultados actuales se encuentran muy lejos de las expectativas.
La Corriente Clasista y Combativa (uno de los «movimientos sociales» que recibe planes del Ministerio de Desarrollo Social nacional) en la voz de su referente local, Eduardo Del Monte, expresó a Conclusión: «No nos llegó nada de eso. Los únicos programas que obtuvimos fueron los derivados de la lucha por la declaración de la emergencia social, tienen que ver con esa ley».
Y añadió que además «la inscripción estuvo limitada, quedaron de la ciudad más de 1.500 compañeros afuera y no estuvo abierta a todas las organizaciones». Sobre la aplicación de Empalme, el dirigente social lo ve «difícil», ya que «involucra al sector privado».
En tanto, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) dijeron a Conclusión que por este tema no fueron contactados desde despachos oficiales.
Por otra parte, Conclusión consultó al ministro de Trabajo santafesino, Julio Genesini, por la coordinación con Nación respecto a estos programas. «Uno de los temas que tratamos hace unos días en el Consejo Federal de Trabajo en Posadas era ver de coordinar más programas nacionales que se llevan a cabo», aclaró.
Además reconoció que «no tenemos articulación en ese sentido, hay que mejorar la comunicación porque no estamos involucrados en la aplicación de esos planes».
El lanzamiento de este plan tuvo toda una preparación y estudio de la oportunidad: en ocasión de la celebración del Día del Trabajador, en un acto con tribuna peronista que le organizó el fallecido Gerónimo Momo Venegas, y rodeado de casi todo su gabinete en la cancha de Ferro, Macri citó a Perón al ritmo del bombo del Tula y anunció el novedoso proyecto.
El plan busca la reconversión de programas sociales de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. A quienes son titulares de esos planes, les brinda la posibilidad de acceder a un empleo en relación de dependencia en el sector privado bajo los parámetros del Programa de Inserción Laboral (PIL) al tiempo que estos podrán mantener la prestación como parte de su salario durante dos años.
Según aporta en su informe Mariano Martín, mientras entre los técnicos de la cartera laboral advirtieron que en cuatro meses de ejecución del plan apenas se esperaba arrancar con 78 beneficiarios en agosto, «cerca de Triaca avisaron que era inminente un conflicto con las organizaciones sociales invitadas a participar de la gestión del programa».
«40 millones de emprendedores»
La figura del emprendedor, estrella de esta fase del capitalismo (Steve Jobs, Mark Zuckerberg), ocupa un lugar central en la concepción de «lo nuevo» que busca representar el gobierno mientras apuntala la «reconversión productiva». En su plataforma de campaña, Macri propuso: “Seamos un país de 40 millones de emprendedores”.
La Unión de Emprendedores de la Argentina advirtió hoy que la ley para impulsar al sector «no funciona» y criticó al ministro de Producción, Francisco Cabrera. Los emprendedores alertaron que el artículo 2 de la ley fue un «error tremendo» porque dejó a las personas físicas/humanas fuera de la definición, cuando en realidad el 60% de los emprendedores revisten esa categorización impositiva.
«Hoy, con los resultados a la vista, más de 5.000.000 emprendedores monotributistas están pasando un momento terrible en lo económico, social, impositivo y sin un horizonte de salida», dijo la Unión.
El director ejecutivo de la entidad, Rodolfo Llanos, dijo que el secretario de Emprendedores, Mariano Meyer (ocupó un cargo similar en la gestión de Macri en Capital) «nunca fue emprendedor, no sabe lo que es llevar adelante un negocio y cree que la única actividad emprendedora a potenciar es la del sector tecnología, fintech y agrotech».
«El ecosistema es mucho más que 10 emprendedores de Palermo Hollywood», dijo y añadió que «cuando uno no tiene formación sobre el área en la que decide, es lógico que destroce todo un ecosistema que llevo años construir».
Más error que prueba
El poco éxito cosechado en los primeros meses de este programa, recuerda a lo sucedido con el plan Primer Empleo, un acuerdo lanzado a mediados de 2016 entre el gobierno y la empresa Arcos Dorados (usufructuante de la franquicia Mc Donald’s en el país).
Como informó en su momento Conclusión, con él se procuraba dar «oportunidades de empleo» a 5.000 jóvenes y generó a lo largo de casi todo su año de funcionamiento que 670 ingresaran al programa de formación y 155 fueron formalmente contratados luego de su entrenamiento.
En uno de los informes de gestión en el Congreso, consultado por la no renovación de Primer Empleo este año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, decía: «No consideramos de ninguna manera que el convenio haya fracasado. Eran 5.000 oportunidades, y que 670 jóvenes se hayan formado y que 155 se hayan incorporado en la empresa formalmente es una buena noticia».
El acuerdo se colocó en el ojo de la tormenta tras su rúbrica debido a las variadas críticas desde la oposición e incluso diputados del peronismo y gremialistas llevaron sus denuncias a la Justicia con el argumento de que el acuerdo representaba «un paso hacia la precarización laboral».