VIERNES, 22 DE NOV

Causa Amia: fiscal pidió indagatoria de Cristina Kirchner por encubrimiento

El fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitó al juez federal Claudio Bonadio que convoque a la ex presidenta y actual candidata a senadora por Buenos Aires. También solicitó que sean indagados otros 14 imputados.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez federal Claudio Bonadio que cite a la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por el encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia.

Según indicó el fiscal, nuevas pruebas producidas en la causa le permitieron pedir ahora la indagatoria de Cristina Kirchner como sospechosa, quien el 14 de enero había sido denunciada por el entonces fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida cuatro días después de haerla presentada.

Pollicita también solicitó que sean indagados otros 14 imputados entre los que figuran el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés «Cuervo» Larroque, el líder del partido Milkes, Luis D Elía; el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado.

El pedido de indagatorias a Bonadio incluye a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el entonces segundo de la exSIDE Juan Martín Mena; el exjuez y abogado Héctor Yrimia, y Luciano Clement, Holger Martinsen, la abogada Susana Ruiz Cerutti, Eduardo Zuain y el supuesto espía inorgánico Allan Bogado.

En su requerimiento de 246 páginas, Pollicita pidió que se prohíba la salida del país para todos los acusados y que se disponga la inhibición general de todos sus bienes.

Pollicita, el mismo que había impulsado en 2015 la denuncia tras la presentación de Nisman, consideró que existió «un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la Amia, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina».

El plan, según el fiscal, fue «orquestado y puesto en marcha» por la expresidenta y demás acusados y lo hicieron a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el tema Amia, un «instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal».

«Primeramente, se encargaría de brindar el instrumento adecuado para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados sean removidas, suspendidas o morigeradas, ello toda vez que mediante el ―entendimiento‖ entre ambos países, las circulares rojas emitidas por Interpol ya no tendrían razón de ser» y luego porque la Comisión de la Verdad prevista en el acuerdo afectaba la independencia del Poder Judicial.

Nisman había sostenido en su hipótesis que la firma del tratado era por el interés en la compra de petróleo que podría hacer nuestro país así como por la ubicación geopolítica que adquiría al acercar las relaciones con irán.

Pollicita sostiene que Cristina Kirchner adoptó un cambio de política en torno a los iraníes, en su voluntad por someterlos a la Justicia Argentina, respecto al gobierno de Néstor Kirchner: el comienzo fue la reunión de cancilleres de ambos países en la ciudad de Arepo, Siria, donde se dio inicio a las primeras conversaciones en torno al Memorándum.

«Se demostrará que el cambio de postura que experimentó el anterior gobierno nacional en torno a la investigación del atentado a la sede de la Amia, motivado en la búsqueda de un acercamiento geopolítico con la República Islámica de Irán y en la profundización y robustecimiento de un nuevo paradigma en las relaciones bilaterales entre ambos países, implicó el desarrollo de negociaciones ocultas con los representantes iraníes, por más de un año y medio», acusó la fiscalía.

El fiscal evaluó las comunicaciones entre los implicados así como las escuchas telefónicas agregadas a la causa: como ser la del representante iraní Khalil y Mohsen Rabbani, exagregado cultural iraní en la Argentina y quien tiene pedido de captura en la causa Amia.

«Mientras la ciudadanía, las víctimas del atentado y sus familiares, como también el fiscal de la causa, desconocían el verdadero alcance del acuerdo celebrado, los intermediarios conocían a la perfección que el acuerdo perseguía una finalidad netamente espuria, y su participación estuvo orientada a la concreción de ésta», concluyó la fiscalía.

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