Protesta de vigiladores frente a la empresa de Juliana Awada

Unos 70 trabajadores de vigilancia privada que se desempeñan de forma tercerizada en la cadena comercial Cheeky fueron suspendidos ante la caída de ventas que registró la marca y tras dos meses sin cobrar sus salarios.

Así lo afirmó Gabriel Carvajal, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada (STVP), al cuestionar la decisión de la compañía comercial de prescindir de los trabajadores ante las menores ventas.

Ante las suspensiones, los trabajadores se manifestaron en la mañana de este jueves frente a la planta de producción de ropa de la firma Cheeky, en Cuyo 3040 de la localidad bonaerense de Martínez.

Esta fábrica de ropa está controlada por Daniel Awada, hermano de la primera dama argentina Juliana Awada, aunque los trabajadores en conflicto dicen que la esposa del presidente Mauricio Macri «es la dueña real» de la marca.

Los trabajadores fueron contratados por la compañía de vigilancia privada High Top Segurity, pero prestaban servicios desde hace 15 años sólo para la firma de venta de ropas para niños Cheeky que cuenta con 167 locales repartidos en todas las provincias del país.

Según el sindicalista, las suspensiones se concretaron porque Cheeky le comunicó a High Top Segurity que ya no continuaría requiriendo sus servicios de vigilancia por la retracción de su propio negocio de venta de indumentaria para niños.

«Cheeky es responsable solidario porque todos los trabajadores suspendidos se desempeñan en esta cadena comercial», dijo Carvajal e indicó que en la carta documento de suspensión la firma High Top Segurity argumenta que la decisión responde a «la situación económica del país».

El representante sindical de los operarios afectados por las suspensiones dijo que «los compañeros no necesitan una liquidación sino mantener las fuentes de trabajo», dado que hace 15 años que se prestan servicios para Cheeky.

Carvajal dijo que las suspensiones llegaron de forma imprevista, «de la noche a la mañana» y reclamó al ministerio de Trabajo que intervenga para que las dos empresas den marcha atrás con la decisión tomada.

«Muchos de los compañeros alquilan la vivienda en la que residen junto a sus familias y ya recibieron la intimación para desalojar porque acumulan dos meses sin pagar. La situación de alarmante», dijo Carvajal.