SáBADO, 30 DE NOV

Ordenaron prisión para una pareja por reducción a la servidumbre y abuso sexual

Un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana fueron acusados por  delitos contra la libertad y la integridad sexual de una mujer, quien además, afirmó que el masculino abusó de ella.

Ordenaron la prisión preventiva de una pareja de nacionalidad boliviana por delitos contra la libertad y contra la integridad sexual de una mujer en Vera. Así lo resolvió el juez Gustavo Gon a pedido del fiscal Martín Gauna Chapero.

Un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la libertad y contra la integridad sexual de una mujer (también boliviana) en Vera. La pareja imputada está compuesta por un hombre de 25 años y una mujer de 24.

La medida cautelar fue ordenada ayer por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Gon. El magistrado dispuso 90 días de prisión preventiva domiciliaria para la mujer (con  salidas para trabajar y llevar a su hija a la escuela), y 80 días de prisión preventiva efectiva para el hombre, a pesar de que el fiscal había solicitado 90 días para ambos.

El pasado martes, el fiscal Gauna Chapero imputó a las dos personas como autoras del delito de reducción a la servidumbre. Además, al hombre le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la misma víctima.

El hecho se conoció cuando una docente fue a un local de indumentaria y una joven de origen boliviano, le pidió ayuda desesperadamente porque “estaba siendo explotada”.

A raíz de la denuncia, se realizaron allanamientos en dos locales de venta de ropa que pertenecen a los imputados, quienes reconocieron que tenían una empleada, pero que era una familiar que había estado de visita, y que se había ido a Buenos Aires en colectivo. Días más tarde, se comprobó la falsedad de esta versión y en un allanamiento en el departamento de los imputados, encontraron a la víctima.

La mujer contó que ingresó al país con la promesa de trabajar por la suma de 350 dólares al mes, y que sus jefes iban a retener sus documentos para a realizar los trámites migratorios. Pero esto nunca sucedió, y una vez radicada en la ciudad tuvo que cumplir con una jornada laboral de 13 horas diarias. Además, era obligada a cuidar a los hijos de los imputados, a cocinar y a limpiar, y nunca recibió el dinero prometido.

Además, la joven declaró que el domingo 24 de septiembre, el hombre la subió a un vehículo y abuso sexualmente de ella.

El fiscal concluyó que “se le dio intervención a la secretaría de Derechos Humanos y al área de Políticas de Genero de la provincia para que se encarguen del resguardo de la joven y la trasladen a su país”.

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