Un joven intentó robar un celular y la pena fue que termine el secundario
La jueza dictaminó como "probation" que el hombre finalice sus estudios. Además, el acusado se ofreció a pagar 400 pesos por la reparación del teléfono, que se averió en el hecho.
Un joven de 22 años acusado de intentar robar un teléfono celular en Barrio Norte de Buenos Aires fue obligado a terminar la escuela secundaria para que se le conceda la suspensión del juicio a prueba por dos años.
La decisión fue tomada por el juez de instrucción 61, Walter Candela que, en el marco de un procedimiento de flagrancia, otorgó la «probation» al acusado de la tentativa de robo.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web, el hecho ocurrió el 18 de octubre alrededor de las 6.55, en el cruce de las calles Quirno Costa y Lucio V. Mansilla, cuando una joven salía de un local bailable.
Fue entonces que el acusado la siguió hasta interceptarla y, con la excusa de querer pasarle su número de celular, aprovechó que ella sacó su teléfono y se lo arrebató, para luego huir por la calle Quirno Costa y doblar en Mansilla.
La víctima comenzó a perseguirlo y observó a una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la que le gritó que el joven le había robado el celular. La policía comenzó a correr al acusado mientras le daba la voz de alto, y pudo observar cómo el joven descartó el celular, pero luego pudo detenerlo en la calle Mansilla al 2600.
A raíz del hecho, un día después, se realizó la audiencia prevista por la ley 27.272 de flagrancia en el juzgado, en la que se imputó al joven del delito de “robo simple en grado de tentativa”.
En dicha audiencia, el abogado defensor solicitó la excarcelación de su defendido -que fue concedida- y la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Además, el joven se ofreció a pagar 400 pesos en concepto de reparación del celular y realizar tareas comunitarias para la fundación Cáritas.
Sin embargo, la auxiliar fiscal María Garello, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 61, sostuvo que la «probation» debía concederse por un término de dos años y que debían reemplazarse las tareas comunitarias por la obligación para el imputado de terminar el colegio secundario, decisión que finalmente fue avalada por el juez Candela.