María Julia Alsogaray cumplirá prisión domiciliaria
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 6, luego de un pedido de la defensora oficial de Alsogaray para que la condena de cuatro años sea de cumplimiento domiciliario, a raíz que la ex funcionaria es mayor de 70 años.
La exfuncionaria menemista María Julia Alsogaray quedó hoy bajo prisión domiciliaria para cumplir una condena de cuatro años a raíz de una sentencia de 2013, por la contratación de pasantes para la Secretaría de Medio Ambiente.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 6, luego de un pedido de la defensora oficial de Alsogaray para que la condena sea de cumplimiento domiciliario, a raíz que la ex funcionaria es mayor de 70 años.
Alsogaray cumplirá su condena en un departamento de la calle Junín al 1400, de esta Capital Federal, y bajo el cuidado de tres familiares: Marina Dellepiane Britos, Francisco Carlos Alsogaray y Carlos Francisco Wetzler.
Los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo, del TOF6, dispusieron la prohibición de «ausentarse del domicilio bajo apercibimiento de revocar el régimen de detención domiciliaria, quedando sólo autorizado su egreso de dicho lugar en forma excepcional por razones de urgencia médica, debiendo acreditar dicha circunstancia en el plazo de 48 horas de producida».
De esta forma, el Tribunal concedió la prisión domiciliaria a la exfuncionaria en virtud del límite de edad que supera y que la ley otorga como excepción para acogerse al beneficio.
Asimismo, el Tribunal ordenó «que se realice una supervisión y control del régimen dispuesto debiéndose informar mensualmente a la Judicatura».
Alsogaray fue condenada el 18 de junio de 2013 a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por la contratación irregular de pasantes de la Universidad de Lomas de Zamora en la ex Secretaría de Recursos Naturales entre los años 1992 y 1994.
Si bien la condena está apelada ante la Corte y resta una definición al respecto, el TOF6 dispuso en febrero pasado «intimar a Alsogaray a estar a derecho dentro de las 24 horas de notificada».
Tras la oposición del fiscal Horacio Azzolín, la defensa oficial pidió la prisión domiciliaria, a lo cual el Tribunal resolvió que esa medida «no es más que una modalidad de detención y no un beneficio liberatorio».