Aprobaron una nueva guía sobre trata de personas con fines de explotación laboral

Mediante la resolución PGN N°3838/17, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó y recomendó el uso de la guía “La trata de personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”.

El documento fue elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, junto a la Oficina de País para Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigida por Pedro Américo Furtado de Oliveira, y constituye una actualización de la herramienta aprobada en mayo de 2011 -a través de la Resolución PGN N° 46/11)-, que nació con la finalidad de colaborar en la detección, investigación y juzgamiento de los hechos vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral.

La Guía surgió como una iniciativa de la entonces Unidad Fiscal para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), que en la actualidad se organiza desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí, se comenzaron a delinear las estrategias de intervención que permitieron evaluar distintas falencias y trazar un camino para avanzar en la detección de los casos para su posterior judicialización, juzgamiento y sanción.

Los antecedentes y resultados de dichos lineamientos se plasmaron en la flamante resolución, “toda vez que transcurridos seis años de la publicación y recomendación de uso de aquella herramienta en el ámbito nacional, se lograron importantes avances en la detección y juzgamiento de situaciones de trabajo forzoso y/o reducción a servidumbre en el marco de proceso de trata de personas, y un mayor desarrollo de los conceptos normativos vinculados a este fenómeno”.

En ese sentido, en julio de este año, la Protex y la OIT organizaron una mesa de trabajo conjunta  con fiscales federales de diferentes jurisdicciones del país con el objetivo de debatir dicha actualización y a su vez incorporar nueva jurisprudencia y normativa vinculada a ese tipo de casos.

En la nueva Guía, la Protex detalló que el documento condensa el trabajo articulado que se viene realizando entre los representantes del MPF y la OIT. Asimismo, en este nuevo instrumento Procuraduría destaca que “más allá de las investigaciones y las condenas logradas, es indispensable revisar y actualizar el contenido para incluir las experiencias y desarrollos que tuvieron lugar en esta temática a nivel nacional, regional e internacional. Esto asegurará que la herramienta de investigación comprenda un mecanismo práctico y efectivo para quienes intervienen en la persecución de estos delitos”.

En tal sentido destacó que “este fenómeno criminal debe ser abordado observando múltiples miradas que trasciendan el punto de vista penal. Para consolidar esta perspectiva, se ha incorporado a este proyecto la Oficina de país para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fortaleciendo un vínculo de colaboración e intercambios virtuosos entre ambos organismos”.

La nueva resolución detalla que la nueva guía “es el producto de un trabajo en conjunto, con una mirada interdisciplinaria”,  que permitió generar una nueva versión “que incorpora importantes modificaciones realizadas en el marco normativo y en la evolución de los conceptos jurídicos a nivel nacional e internacional, incorporando indicadores de contexto para facilitar la distinción entre situaciones de esclavitud, trabajo forzado y reducción a la servidumbre -o condiciones análogas- y sus respectivas interpretaciones jurisprudenciales. Aunado a ello, se alienta a los investigadores a generar enlaces con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que funcionan como agentes de primer contacto con posibles víctimas de explotación, ya sean nacionales o extranjeros, como así también con los organismos que poseen facultades de inspección para determinar irregularidades en relaciones laborales”.

Finalmente, la resolución destaca que el documento fue objeto de revisión por once fiscales federales: María Cristina Beute, Federico Martín Carniel, José Ignacio Candioti, Rodolfo Dominguez, Nicolás Czizik, José Eduardo Villalba, Carlos Schaefer, María Paula Moretti, Fernando Alcaraz, Lucas Colla y Mariela Labozzetta, quienes realizaron una “minuciosa evaluación de su contenido” en base a la experiencia previa por haber tramitado expedientes por infracción a la ley de trata de personas, al tiempo que realizaron sus aportes para la misma.