«El DNU de Macri no es necesario ni urgente, es inconstitucional»

Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires 

El gobierno nacional aceleró a fondo a comienzos de enero con el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri, derogó 19 leyes, modificó el texto de otras 140 que contienen 192 artículos divididos en 22 capítulos para reformar el Estado sin necesidad de pasar por el Parlamento. Algunos miembros del Frente Renovador, encabezado por la presidenta del bloque Graciela Camaño, presentó una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU.

El diputado nacional de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, dialogó con Conclusión y explicó que se presentó «una acción declarativa de inconstitucionalidad por el decreto 27, fijado el 10 de enero por parte del Poder Ejecutivo, porque no puede haber una necesidad política de Macri que habilite un DNU. La necesidad debe ser objetiva, por ejemplo que no se pueda reunir el Congreso de la Nación y este no es el caso porque estamos en el marco del período extraordinario y podría ser convocado por el presidente, pero no lo hace. El DNU de Macri no es necesario ni urgente es inconstitucional».

Desde el Frente Renovador aseguran que el oficialismo se propone reformar el Estado, arrogándose facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación y alterando las reglas del Estado de Derecho y de la división de poderes que caracterizan al modelo republicano. Los diputados Graciela Camaño, José Ignacio de Mendiguren, Alejandro Grandinetti, Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Marco Lavagna y Carla Pitiot, asistieron al Palacio de Justicia con el objeto de denunciar la inconstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia N°27/18 rubricado por el Presidente Mauricio Macri el día 10 de enero y publicado en el Boletín Oficial un día después.

Diputada Graciela Camaño

Tras la presentación, la diputada Graciela Camaño sostuvo que «estaban iniciando una acción para que cese del estado de incertidumbre. Estoy haciendo lo mismo que en enero 2010, cuando el kirchnerismo, con la excusa del bicentenario, pretendió modificar la ley del Banco Central por DNU. Y realmente lamento que hombres y mujeres, que hoy son del oficialismo y buscan la República cuestionando estos instrumentos del kirchnerismo, hoy no nos estén acompañando. Nosotros tenemos coherencia”.

En tanto, Grandinetti precisó a este medio que»el segundo motivo por el cual tiene viabilidad un DNU, es cuando el tiempo que lleve tratar una ley se extienda de modo tal que devenga en abstracta porque la causa que originó la norma ya no tiene solución» y agregó que «entre los 192 artículos que tiene el decreto, ninguno de ellos se encuadra dentro del supuesto de urgencia».

El legislador santafesino dijo que entre los puntos que «causan preocupación, observamos que se elimina por decreto la “inembargabilidad de las cuentas sueldo”, y esto evidencia que el oficialismo busca garantizar que cobren los bancos,  que si bien puede darle certezas para que otorguen mas créditos, nosotros decimos que al evitarse la discusión en el Congreso de la Nación, se omite discutir qué sucede con quienes pidieron un crédito a 30 años y el aumento de la inflación hace que las cuotas se incrementen más rápido que los salarios».

Y añadió: «Algo muy lejos de lo que el oficialismo pregonó, porque no hay diálogo y construye juridicidad alejado del consenso y el debate, en forma unilateral».

«El segundo tema que también amenaza la tranquilidad de los jubilados y de quienes lo sean a futuro, porque cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, le ponía límites a la disponibilidad de los fondos de la principal caja de ahorro de los argentinos, y resultó ser una herramienta importante que garantizó el cobro de las pensiones y jubilaciones en momentos que la economía se manifestó inestable. Esto permitió cumplir con las obligaciones del sistema previsional solidario», especificó el legislador massista.

Respecto de la iniciativa del Ejecutivo nacional sobre la norma que regulaba el FGS, Grandinetti apuntó que «a partir de ahora se modifica, porque se lo convierte en un organismo financiero más, con atribuciones y prerrogativas que tiene una entidad financiera. Y como tal, puede crear fideicomisos, recordemos que hubo un gran escándalo cuando se firmó una carta intención entre Argentina y Qatar para hacer obra pública en nuestro país. Sobre esto consideramos que fue ilegal porque no paso por Cancillería y además en ese entonces estaba prohibido». » En realidad los fondos del FGS deberían utilizarse para fortalecer el aparato productivo y/o financiar obras de infraestructura».

Gabriela Michetti junto al CEO de QIA, el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani

«Con el acuerdo a traves de la Carta Intención con Qatar el Estado argentino facilitaba que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fueran direccionados hacia un fideicomiso en un paraíso fiscal y con la administración de un privado constituido por amigos que ya conocen este mecanismo y que percibirá una suculenta comisión. El especialista en materia de finanzas del Gobierno es Luis Caputto, quien esta mencionado en los Paradise Papers, es decir, se cambia el objeto por el cual fue creado el FGS», advirtió el legislador del Frente Renovador.

En otro sentido, respecto del impacto que podría ocasionar la medida a las pymes, el diputado Grandinetti precisò que «se están modificando 314 posiciones aduaneras, y en forma automática. También hay que explicar que es peligroso porque la licitaciones a partir de ahora no tienen que estar publicadas en el boletín de las provincias , sino que basta con la publicación del Boletín Oficial de la Nacion y así se  evita que muchos ciudadanos del interior puedan controlar la obra pública que se lleva adelante y se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos, yendo de este modo contra la transparencia que tanto se predicó».

Para la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, los efectos del DNU son directos porque «se centraliza la habilitación de todos los puertos en el Ministerio en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional (hoy Transporte) y se obliga a comunicar dicha decisión al Congreso dentro de los diez días hábiles. La Constitución Nacional establece que en temas aduaneros la creación de los puertos es una atribución del Congreso», afirmó Alejandro Grandinetti.