Menem afronta un nuevo juicio oral a partir de junio: la venta ilegal del predio de la Rural

El ex presidente de la Nación Carlos Menem, condenado a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y otros cuatro años y medio por el pago de sobresueldos a funcionarios durante su Gobierno, comenzará a ser juzgado por un nuevo hecho de corrupción: la venta a precio vil del predio de la Rural.

La fecha de inicio del juicio es el 6 de junio próximo y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que llevará adelante el debate en los tribunales de Comodoro Py, aunque no será el único de los acusados.

También está en el banquillo el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo; el ex director de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales Gastón Ramón Figueroa Alcorta; el titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales Matías Lucas Ordoñez; el ex jefe del Rubro Inmuebles del Subárea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa; y el entonces jefe técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini.

También están en la lista de los acusados el ex jefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas Carlos Alberto Ratto; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff y el agrimensor Jorge Frost; el ex presidente de la SRA Ricardo Agustín de Zavalía y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.

El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli y el expediente fue elevado al Tribunal Oral en 2015.

La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues se sospecha la operación se produjo en un 25 por ciento menos de su valor.

La venta fue por un precio de 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.

Por esos, todos serán juzgados por peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado.

La venta del predio fue a partir del decreto presidencial 2699 el 20 de diciembre de 1991: «se perfeccionó la traslación de dominio por el Boleto de Compraventa celebrado entre Cavallo y los representantes de la Sociedad Rural Argentina -coimputados De Zavalía y Ravagnan- y por la escritura pública número 84 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación celebrada en la ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 1992».

En su requerimiento, el fiscal remarcó que el predio vendido, además, era del dominio público, lo cual implica que se encontraba «absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo».

Incluso, Stornelli sostuvo que los imputados utilizaron para la operación el régimen legal relativo a la venta de bienes del dominio privado del Estado en «un intento de evitar el verdadero trámite legal que debió haber tenido la operación por ley del Congreso de la Nación».

De ese modo, lograron «la sustracción del bien hacia manos de particulares», señaló.

Menem, actual senador nacional, está condenado a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, lo cual está a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe determinar si queda firme: de ser así el ex presidente estará al borde de tener que cumplir la condena, aunque previamente se deben quitar los fueros que tiene como legislador.

Pero ésa no es la única condena en su contra, pues también recibió otra a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios durante su Gobierno por orden de los 50 millones de dólares.

También fue condenado por este mismo hecho el ex ministro de Economía Cavallo a tres años y seis meses de prisión, aunque resultó absuelto por el megacanje de la deuda externa durante el Gobierno de Fernando De la Rúa.

El juicio estará a cargo del Tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini, con la acusación de la fiscal federal de juicio Gabriela Baigún.