Caso Larrabure: «Si los jueces están a derecho deberían rechazar esta aberración jurídica»

por Florencia Vizzi

“Si los jueces están a derecho, deberían rechazar esto de plano que no es más que una aberración jurídica”. Estas palabras, pronunciadas por Juane Basso, militante de la organización H.I.J.O.S.  e hijo de desaparecidos, a las puertas de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario reflejan la posición de todos los organismos de Derechos Humanos ante un nuevo intento de reabrir la causa Larrabure y de tipificarla como un delito de Lesa Humanidad.

El entonces mayor, ascendido a coronel post mortem, Argentino del Valle Larrabure fue apresado el 10 de julio de 1974 cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo tomó la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Fue mantenido prisionero hasta que el 19 de agosto de 1975 se suicidó ahorcándose en la entonces llamada “cárcel del pueblo”, ubicada en Garay 3254 de Rosario, donde se encontraba detenido.

A pesar de que el Ejército Argentino hechó a correr varias versiones de que Larrabure había sido asesinado y torturado, el expediente original de la causa, en el cual se incluye la autopsia realizada en el momento en que fue hallado el cuerpo, no deja dudas. Claramente dice que no hubo torturas y que no fue un asesinato. “La muerte de Argentino del Valle Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación”, y también apunta que se encontraba en un “buen estado nutricional”. (Extracto del expediente publicado en Página /12 en el año 2009). Además de la autopsia, fue fundamental el testimonio del compañero de cautiverio de Larrabure, el empresario René Vicari.

Sin embargo, y luego de múltiples intentos y apelaciones, nuevamente llega hoy a la Cámara Federal de Apelaciones, una presentación para reabrir la causa, darle el carácter de delito de Lesa Humanidad y juzgar como responsabloe mediato a Luis Mattini.

Lesa Humanidad y aberraciones jurídicas

“Hay grupos pro genocidas y pro dictadura que quieren que se reabra el caso Larrabure, que en 1974 fue capturado en el marco de una acción insurgente del PRT – ERP y mientras estaba prisionero, durante esa detención se suicida. Sobre ese hecho hubo un juicio , que se desarrolló entre 1975 y 1983. Hubo un proceso judicial, hubo condena, es un hecho juzgado”, remarca Basso.

“La primer violación al derecho es querer abrir de nuevo esa causa. Pero además de que esa persona se suicidió y de que su familia pretende que este caso sea reabierto como si fuera un crimen, quieren que sea considerado crimen de Lesa Humanidad y eso es una aberración aún mayor”, afirmó el militante.

Para dar contexto esa afirmación es importante refrescar que para que un delito sea considerado de Lesa Humanidad, tal como lo tipificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, debe ser perpetrado por el Estado.

“La Argentina ha sido señera en el mundo, un ejemplo mundial en juzgar delitos de Lesa Humanidad, continuó Basso, y es importante aclarar este punto en particular. Que el autor del delito debe ser el Estado. Y es importante aclararlo porque nosotros, desde H.I.J.O.S. y desde todas las organizaciones de Derechos Humanos, lo que estamos reclamando es que se profundicen los juicios por crímenes de Lesa Humanidad y en nuestro país está ocurriendo todo lo contrario”.

“Y estos grupos, que hasta hace algún tiempo pasaban desapercibidos, grupos cuyo objetivo es frenar todo ese proceso ahora emergen. Y esto tiene que ver con frenar lo que ha sido la construcción de una conciencia política en la Argentina que es condenatoria del terrorismo de estado y que todos los 24 de marzo se visualiza en las calles. Estas personas están indignadas porque el pueblo argentino tiene memoria y quiere justicia”.

Juane Basso afirmó que hay otra cosa detrás de ello. “Lo que se esconde es por un lado, reeditar nuevamente la teoría de los dos demonios, y se esconde la intención de frenar los juicios contra los genocidas por los delitos de Lesa Humanidad”. “Estamos aquí para dejar en claro que tenemos memoria que este tribunal no puede desandar el camino de jurisprudencia que la Argentina ha asentado en esta materia. Esperemos que los jueces estén a derecho”.

El contexto político y el poder judicial

Durante el mes de marzo, en los Tribunales Federales debían comenzar dos juicios por delitos de Lesa Humanidad de suma importancia, la causa Klotzman y la causa Feced III, ambos fueron suspendidos, el segundo por tercera vez.
En ese sentido, Basso señaló que “tiene que ver con una política que ha fijado el actual gobierno, que es ir desmantelando todo este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que lleva cuarenta años de construcción”.

“Los mismos que nos están gobernando son los que instigaron y se beneficiaron con la dictadura, todos estos grupos esconómicos que rodean al actual presidente, con sus CEOs. El propio presidente es parte de uno los grandes grupos económicos, uno de los más beneficiados con la dictadura cívico militar. Y que además, viene a aplicar el mismo modelo económico en defensa de esos intereses, por lo tanto , todo esto no es más que las distintas caras de un mismo proyecto político. Que por un lado quiere impunidad para los genocidas y por otro lado, quiere volver a poner en marcha un fuerte aparato represivo para reprimir la protesta”, señaló Basso.
En cuanto al rol del Poder Judicial en ese contexto, Basso afirmó que “lamentablemente viene acompañando al gobienro en todas estas cuestiones. “

“El discurso del gobierno y las acciones entre las que se cuentan el desmantelamiento de áreas de las secretaría de Derechos Humanos es acompañado con cada vez más prisiones domiciliarias de genocidas juzgados. Teníamos más de 850 genocidas condenados y hasta el 2015 la tendencia era que la mayoría estaba en las cárceles comunes. De 2015 para acá esa tendencia se transformó en algo completamente distinto y cada vez son más los que están en sus domicilios y eso es una clara demostración de hacia donde va el Poder Judicial. Pero además esa justicia acompaña al gobierno persiguiendo a los opositores y justificando las represiones”.