«La provincialización del narcomenudeo llevará a una criminalización del consumo»

«América Latina ya sabe que lo único que provoca la guerra contra las drogas son muertes y víctimas de los sectores más vulnerables». Pero esa sería otra discusión…» Con estas palabras, claras, directas y que no dan lugar a segundas interpretaciones, en un mano a mano con Conclusión, Jaquelina Balangione, volvió a dejar en claro su postura en relación al caliente debate que atraviesa la provincia de Santa Fe: la provincialización de la persecución penal del narcomenudeo. Desde que el gobernador Miguel Lifschitz presentara el polémico proyecto ante la Legislatura, la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) ha sostenido públicamente su postura en contra de la propuesta. 

Este martes, el Consejo del SPPDP, realizó una reunión en el Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe, a fin de manifestarse en relación a la iniciativa parlamentaria. De la misma participaron los consejeros representantes del Senado Provincial, Defensores Públicos, Colegio de Abogados de la Primera y Segunda Circunscripción, Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Asociación Santafesina de Apoyo a las Personas con Trastornos Mentales (ASAPEM), la ONG Mujeres tras las Rejas, y Defensorías Regionales. Y como resultado, por amplia mayoría,  los consejeros se manifestaron en contra del proyecto de ley.

En entrevista exlcusiva con Conclusión, la defensora Jaquelina Balangione amplió su posición y dio una extenso detalle de las razones. «Personalmente yo estoy en contra de la desfederalización del narcomenudeo. Por eso es que lo puse a disposición del Consejo,  porque es un órgano asesor de la Defensa Pública por ley, y quise conocer lo que la mesa opinaba. Y hubo una muy marcada mayoría al respecto, la postura adversa fue casi unánime», relató Balangione. «En ese sentido hubo varias posturas, cada uno tenía su fundamentos, por ejemplo el Colegio de Abogados se apoyaba más en cuestiones de tipo procesal, cuestiones problemáticas que se van a generar en los procesos, por cuestiones de competencia sobre todo. También se manifestó, entre muchas otras cosas que, con la estructura con la que hoy se cuenta de parte del Ministerio Público de la Acusación, difícilmente puedan hacer frente a  ésta problemática».

«Otros – entre los que la defensora se incluyó – tenemos una mirada más global del tema. Creemos que es una política adversa al sentido en el que va el mundo. Y además hay que contemplar que el consumo es un problema de Salud Pública, más allá de la discusión de la legalización o no legalización, de la que yo estoy a favor… porque en ese sentido va el mundo. Hasta la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) se acaba de pronunciar en ese sentido, porque no resiste otro análisis crítico. América Latina ya sabe que la guerra contra las drogas lo único que provoca son muertes y víctimas de los sectores más vulnerables. Pero esa es otra discusión.

«La provincialización de la persecución penal del narcomenudeo terminará llevando a una persecución del consumo», remarcó Balangione enfáticamente. «O sea la ley de estupefacientes, por más que haya fallos de la Corte que dicen lo contrario, que la tenencia para consumo no es delito porque acepta principio de reserva, la Ley 23. 737 dice claramente que la tenencia para el consumo es delito con pena de 6 meses a 3 años de prisión. Y entonces eso ya queda en manos del juez y en como lo interpreta cada uno más allá del fallo».

En ese sentido, la Defensora pública señaló que hay una marcada preocupación por el planteo de tratar en forma exclusivamente penal  los problemas vinculados a los últimos eslabones de la cadena de estupefacientes.  «Los que estamos en el sistema penal sabemos que la mayoría, te diría que casi en un ciento por ciento de los casos penales hay consumo de drogas. Y tiene que quedar muy en claro que no es cierto que no se haga nada. Porque cuando hay evidencia de que hay narcotráfico o comercialización de estupefacientes, se remiten las actuaciones a la Justicia Federal que es la que tiene que intervenir. Y actúa con el brazo de la Policía provincial, eso siempre se hace así. No es que no se ha hecho nada… Por eso, cuando el gobernador Lifschitz dice «alguien tiene que hacer algo», yo digo «ingeniero, ya lo estamos haciendo». En todo caso,  habrá que reforzar lo que se está haciendo y habrá que exigir a la Nación que haga lo que tiene que hacer. Porque además la Constitución marca un sistema federal del Estado Argentino, con obligaciones y derechos ya constituidos y no la podemos modificar así porque si, porque «alguien tiene que hacer algo».

Balangione retomó en la entrevista un punto fundamental que quedó claro en la reunión del Consejo del SPPDP, en cuanto a que «la intención de criminalizar el narcomenudeo roza necesariamente con la criminalización del consumo» y que, habitualmente, los que tienen pequeñas dosis son consumidores habituales lo que los termina convirtiendo en pequeños vendedores, en un verdadero círculo vicioso. Es en ese sentido que la titular del Servicio de la Defensa Pública afirma: «Realmente este es un problema de salud pública, porque el consumo es masivo y los sectores más vulnerables, refiriéndonos a los sectores más populares, con menos recursos económicos, intelectuales, de todo tipo, son los sectores más castigados con esta problemática».

Guerra contra las drogas, despenalización y consumo medicinal

Desde hace unos años a esta parte, cada vez son más los usuarios de cannabis medicinal, así como cada vez son más los médicos que deciden adentrarse en el tema a las vistas de los indiscutibles resultados probados en las más diversas patologías. Y en un escenario legal cada vez más complejo, los usuarios y profesionales ligados al tema también temen que, ante la posible desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo, se aumente e intensifique la persecución hacia aquellos que deben cultivar para sobrevivir o para mejorar su calidad de vida.

«Esa es otra arista dentro de un tema tan complejo», afirmó Balangione. «Al día de hoy, el cultivo está penado y la tenencia para consumo también está penada. Y fijate que Estados unidos, que es el país mentor de la «guerra contra las drogas», es decir, de penalizar y combatir, lo que no ha llevado a nada en términos de eficacia, hay 30 estados en los que ya está permitido el uso medicinal y 9 estados en los que se legalizó el uso para fines recreativos», señaló la funcionaria. «Y digo que no ha llevado a nada -agregó-  porque, por poner en ejemplo, en México, en lo últimos 10 años han muerto 200.000 personas en pos de esa guerra y los grandes cárteles siguen diciendo «bien, gracias», porque lo que se hace es trasladar las cocina a otro lado. El cabecilla del cártel no  toca la droga, todo eso pasa por los sectores más vulnerables».

«O sea, -volvió a remarcar Balangione- que el mismo país que inventó la penalización de las drogas en todo el espectro, incluyendo cultivo, tenencia y consumo, ya se está abriendo a estas cuestiones. La titular de la Cepal, la mexicana Alicia Becerra lo dijo la semana pasada en París, en el Foro Internacional de Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe: «¿A quién le conviene la despenalización  o la legalización? A América Latina y el Caribe, porque somos los proveedores del mundo».

«Y sobre todo -enfatizó- porque somos los que tenemos mayor cantidad de muertos, pero no muertos por el consumo, muertos por la guerra contra las drogas. Y los que se mueren son los soldaditos, las mulas, los más débiles del eslabón».

Una cuestión de género

Otro aspecto de la discusión sobre la provincialización de la persecución penal del narcomenudeo y sobre el que Jaquelina Balangione se ha manifestado en reiteradas ocasiones, es la visión del tema con una perspectiva de género y del drama que se desatará a su alrededor.

«La provincialización del narcomenudeo va a generar un exponencial crecimiento de mujeres presas por este tema. Y ya sabemos cuales son las tremendas problemáticas de las mujeres presas, las penas que sufren y que no tienen que ver solamente con el encierro, sino con todo el contexto que sufren, abandono familiar, la imposibilidad de reinsertarse socialmente, la separación de sus hijos, la estigmatización social, la falta total de posibilidades de conseguir un empleo, la imposibilidad de salir de los círculos de violencia en los que se ven involucradas y que las vinculan con el tema del narcomenudeo porque tiene que ver con la subsistencia económica… Porque de las 170 mujeres presas que hay en la provincia, yo te diría que más del 50% cumplen condenas por ser mulas o tener el puestito en la casa, o por hacerse cargo de los delitos cometidos por sus parejas y que están acompañadas por todas las problemáticas de la violencia de género más globales. Las consecuencias son mucho más duras para las mujeres y  esto va a generar un exponencial crecimiento de mujeres encarceladas».

El vil metal

La titular del SPPDP no olvidó referirse a un tema que, tal vez, si se tratara de otro funcionario, probablemente hubiera estado entre sus primeros argumentos.  Sin embargo, en este caso, fue el último abordado, tal vez por tener una visión más profunda de una problemática que no sólo puede medirse en números.

«Los argumentos son muchos y ninguno es menos importante», remarcó la funcionaria. «Pero podríamos decir que este es el más banal, si se quiere, el tema del vil metal». «Tiene que quedar en claro que tomar esta decisión le saldrá mucho más caro al Estado y, en términos de eficacia, es mucho menos eficaz», afirmó.

«Eso en primer lugar. En segundo lugar, está la cuestión de que la provincia no cuenta con los recursos para hacer esto. No es el trabajo lo que más nos preocupa, lo que nos preocupa es ver como se distraen en estas cosas cuando, por ejemplo, nosotros ni siquiera hemos terminado de cubrir nuestra planta permanente, pensada en el inicio del Sistema Penal. Esto va a traer una avalancha de trabajo que nos va a ser imposible cumplir. Y mucho peor va a ser para los fiscales, mucho peor».

Por último, la funcionaria dejó un dato que debe ser tomado muy en cuenta a la hora del posicionamiento. «Hay que decir que en las provincias en las que ya se desfederalizó la persecución del narcomenudeo, en ninguna, la Nación cumplió con la provisión de fondos y recursos que había prometido. En ninguna -remarcó antes de terminar- se cumplió con lo prometido».