Continúa la toma de ingenio en Salta por más de cien trabajadores

Una jueza salteña rechazó el pedido de desalojo del ingenio San Isidro, cerrado hace cinco meses y que permanece tomado por unos 120 trabajadores desde el lunes, por considerar que no surge en forma clara si se trata de la comisión de un delito o de un conflicto laboral.

La jueza de Garantías 8 de Salta, Claudia Puertas, rechazó el pedido de desalojo y restitución del inmueble de propiedad de la empresa Prosal SA y Emaisa SA, que presentó el apoderado Hugo Alejandro Pinto.

La Fiscalía Penal de General Güemes, a cargo de Verónica Simesen, interviene en la toma del ingenio San Isidro, en la localidad salteña de Campo Santo, por parte de 120 trabajadores y ex trabajadores agremiados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de San Isidro (Soeasi).

En su denuncia, Pinto asegura que estas personas ingresaron a las instalaciones ejerciendo violencia, ya que rompieron la cerca perimetral y se instalaron allí sin autorización y bloquearon el desarrollo de las actividades.

Ante esta situación, Simesen solicitó a la jueza Puertas el desalojo y reintegro del inmueble a sus propietarios pero la medida cautelar fue denegada por la magistrada por una diferencia de criterios, ya que considera que existe una contradicción porque no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral.

En la resolución, la jueza expone que no corresponde hacer lugar a la medida en esta etapa de la causa, ya que la fiscalía actuante aún no ha realizado la valoración inicial que prevé el código de procedimientos penal en su artículo 241, para que determine si citará a audiencia de imputación, desestimará las actuaciones y aplicará un criterio de oportunidad, entre otras opciones.

El ingenio San Isidro, fundado en 1760 y considerado el más antiguo del país, anunció en enero el cese de sus actividades y el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por razones de orden económico, financiero y laboral.

La empresa aseguró que mientras duraba el proceso los 730 trabajadores iban a cobrar sus haberes sin concurrir a cumplir con sus tareas laborales. Esto disparó un conflicto sindical y gestiones del gobierno provincial ante los directivos del grupo peruano Gloria, que integran las firmas Emaisa y Prosal, para garantizar que el ingenio funcionara y no se pierdan las fuentes de trabajo.

En los últimos días, funcionarios salteños mantuvieron distintas reuniones con los directivos del grupo empresario -que decidió el cierre definitivo del ingenio-, para pedir celeridad en la resolución de la venta.

En el marco de la protesta sindical, los trabajadores y legisladores del Partido Obrero presentaron un proyecto de expropiación del ingenio, pero el oficialismo rechazó la iniciativa y el gobernador Juan Manuel Urtubey descartó de plano esa posibilidad.