Crece el rumor sobre un suicida plan para desindexar las jubilaciones
El fuerte rumor empezó a correr la semana pasada y hasta el momento nadie en el Gobierno nacional lo desmintió: en el marco del ajuste, la Administración Macri habría empezado a tantear entre los gobernadores la posibilidad de desindexar las jubilaciones.
La traumática experiencia de la reforma previsional sancionada en el Congreso en diciembre de 2017 le supuso a Mauricio Macri la peor caída en su imagen pública y echar por la borda la victoria electoral que había logrado pocos meses antes en las elecciones legislativas donde incluso había derrotado a Cristina Fernández. Desde entonces, la imagen del primer mandatario nunca se repuso y sólo fue en declive. También empezó a perder el decisivo apoyo de los jubilados (electorado clave en las dos últimas elecciones) y a quienes había beneficiado con la reparación histórica.
La reforma previsional le significó a los jubilados, en lo que va de 2018, una pérdida del 4,1% de sus ingresos por el cambio de la fórmula de actualización de sus haberes.
Y cobraron un 5,71% de aumento cuando con el esquema anterior habrían percibido un 15%.
Si bien no existe ningún proyecto escrito sobre esa posibilidad, el diario Clarín dio cuenta en su edición del domingo (22/7) no sólo de la intención del Gobierno sino de buscar apoyo de los mandatarios provinciales que son los que deben ordenarle a sus legisladores votar en el Congreso. “Los delegados de las provincias escucharon esa posibilidad como la que más efectos puede tener en la reducción del gasto de la Nación”, señaló el matutino.
Y agrega: “La mayoría admite entender que un sistema previsional que se actualiza por inflación es una indexación fatal de buena parte del gasto nacional, pero también reconocen que ningún partido ni dirigente — oficialista u opositor — querrá levantar la mano para una ley que repita el debate de la última reforma, que se logró por un acuerdo entre el oficialismo y el llamado peronismo racional”.
La alternativa a una ley sería un decreto presidencial, en ese escenario el Gobierno asumiría el costo político de la medida pero necesitaría que la oposición no cuestione en el Congreso la validez del DNU.
Una medida de esas características tendría consecuencias electorales y políticas desastrozas para Cambiemos y también para el sector ‘racional’ del peronismo opositor, aún sin votar una hipotética nueva reforma previsional. Se trata de unos 4 millones de jubilados que cobran haberes de miseria de $8.000 con una inflación en alza. Un electorado decisivo en cualquier elección que se le entregaría en bandeja a Cristina Kirchner en 2019.
Un hecho reciente da sustento al rumor: el Gobierno congeló el tope de devolución del IVA a los jubilados como parte del ajuste fiscal. La medida también afecta a los titulares de Asignación Universal por Hijo. En contra de lo que ordena la ley de devolución de IVA, sancionada en junio de 2016, el Ministerio de Hacienda mantiene congelado el tope máximo de retribución de 300 pesos, que debería actualizarse de acuerdo con la evolución de la canasta básica de alimentos.
Se trata de una de las conclusiones de un estudio del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, vinculada a ATE Capital, que analizó los resultados de la implementación del programa, dos años después de su puesta en funcionamiento.
El diario La Nación explica que en el momento de la sanción de la ley -que dispone la devolución del 15% del IVA por las compras con tarjeta de débito en comercios minoristas- el Indec no publicaba la canasta básica, entonces se fijó la cifra máxima en $300. Pero se dispuso, en el artículo 2 de la norma, que el monto debía ser actualizado dos veces al año según ese índice, a partir de enero de 2017. Pese a que el Indec publica la canasta desde septiembre de 2016, Hacienda nunca modificó el tope máximo.