Precarización y suspensión de servicios: resultados de los recortes en discapacidad
Las deudas con el "Incluir Salud" y las modificaciones en sus prestaciones comenzaron a vulnerar los derechos de muchas personas. Además, el aumento en las tarifas pone en riesgo a las instituciones.
Son más de siete los meses que el Gobierno Nacional debe en los pagos por los servicios prestados por las entidades que conforman el plan «Incluir Salud». Sumado a todo ello, el aumento de las tarifas en insumos y servicios; y una ley que no se cumple dan como resultado una vulneración evidente de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde hace varias semanas, se realizaron en todo el país numerosos reclamos en relación a este tema. En Rosario, una marcha encabezada por los transportistas de personas con discapacidad y un fuerte reclamo frente a la Defensoría del Pueblo, hicieron visibilizar una problemática muchas veces silenciada.
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Instituciones y Ong´s manifestaron que la situación es crítica y aseguran que la respuesta por parte del Estado es nula. La deuda y, con ello, el aumento de las tarifas con montos extremadamente elevados conducen, según afirmaron desde algunas entidades promotoras como la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (A.Pr.I.Dis), a la precarización y hasta la suspensión de los servicios de profesionales, Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Transportistas, Centros de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar y residencias, entre otros.
«Es muy grave porque no tenemos noticias de un aumento de aranceles y ahora al transporte ha decidido de manera preventiva, hasta que auditen y demás, un débito del 40% en todas las prestaciones de transporte. Estamos en una situación muy difícil y no vemos ninguna solución», señaló Pablo Bolego, titular de Atraes en diálogo con Conclusión.
«Los recursos están, el tema es como se reparte. No hay voluntad política»
Además, las prestaciones aprobadas por parte del «Incluir Salud» llegaron recortadas. Es decir, se hizo efectiva la quita del plus del 35% que se paga a la persona con discapacidad que necesita -por ejemplo- la asistencia de un tercero o las adaptaciones especiales en vehículos y demás como así lo indica la ley 24.901 (de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad).
Asimismo, las adecuaciones arancelarias tampoco ayudan al sector. Y es que, además de haber sido corrida cuatro meses, el aumento fue menor al 18%, perdiendo las prestadoras un total de 6 puntos porcentuales de ganancias.
Hecha la ley, hecha la trampa…
En el 2012 se sancionó la Ley 26.816 en el Régimen Nacional de Empleo Protegido para personas con discapacidad. En enero del 2013 se promulgó y fue reglamentada en agosto del 2015. Pero hoy no se cumple.
La iniciativa buscaba desde sus comienzos organizar el trabajo para personas con discapacidad a través de tres formas: la primera, poder dar a sus miembros un trabajo especial que les permita tener y mantener competencias para el trabajo en el mercado laboral y de acuerdo a sus posibilidades, la segunda, creada para el desarrollo de actividades productivas, comerciales o de servicios para el mercado.
Estos talleres dan a sus miembros un empleo y les pagan un sueldo. También dan servicios de adaptación laboral y social. Se organizan como empresas y por último, la obligación de que la empresas o privadas que están formadas por trabajadores con discapacidad.
En el país hay hay unos 254 talleres protegidos, 185 están en la provincia de Buenos Aires, 14 en Santa Fe hay 14 y 3 en Rosario. Todos ellos con la misma problemática: «la falta de voluntad política».
En diálogo con Conclusión, la miembro del Taller Protegido «Madres», Lidia Guintales, remarcó las dificultades que surgen para poder mantener los talleres ante la falta de presencia por parte del Estado y el no cumplimiento de la ley.
Todos estos talleres son dictados por «operarios» que en la cadena de incumplimientos, ocupan el primer eslabón. La Ley dice que por cuatro horas de trabajo, el ministerio de Trabajo de la Nación debe pagar un sueldo que corresponde al 40% del salario Mínimo Vital y Móvil. Es decir, uno cuatro mil pesos. Hoy, reciben sólo 1.050 pesos.
«Se hace muy difícil seguir y es muy injusto. Es la provincia de Buenos Aires hay un régimen de ‘becas y peculias’ que le pagan algo a los talleres y operarios. En el resto de las provincias, no tenemos esa posibilidad y hay una ausencia total del Estado. Hace desde el 2003 que nuestros operarios reciben un incentivo por cuatro horas de trabajo que es de 1050 pesos», señaló Lidia.
Esa dificultad también se da en el desarrollo de la actividades productivas que se llevan a cabo en los «Talleres Productivos». Si bien el Estado aporta el 50% y la institución el otro 50% para poder cumplir con la relación laboral, los gastos hacen que la producción se vuelva cada vez más difícil.
«Hay pocos talleres porque no se puede sustentar, más en este momento. Hay Pymes que se están cerrando, es imposible que no nos afecte a nosotros. Con la suba de las tarifas, la incertidumbre de los precios, porque producimos y vendemos y la falta de consumos de la gente, nos resulta muy difícil seguir», aseguró.
«No son reconocidas por el valor que tienen», enfatizó Lidia y concluyó: «La ley es buena pero tenemos que vivir pidiendo que se cumpla. Los recursos están, el tema es como se reparte. No hay voluntad política».