La política en los números del Presupuesto
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados reproduce una práctica de Cambiemos que ya es habitual a la hora de cotejar la previsión con los hechos: no acertar lo expuesto con lo que después sucede en la realidad.
El jueves pasado la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Presupuesto Nacional para 2019. Después de una sesión maratónica y con una multitudinaria manifestación en contra de esta iniciativa, el gobierno nacional obtuvo la primera parte de lo que buscaba gracias a los 138 votos a favor (103 en contra y 8 abstenciones) que le dieron legisladores de distintos partidos.
El hecho más importante que se debe destacar es que este proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, que es la principal herramienta de acción política del gobierno, y que se constituye en la decisión formal de los representantes del pueblo argentino sobre la aplicación del Gasto Público, responde a exigencias y condicionantes de organismos internacionales y sectores de poder, que son ajenos al interés nacional y a las necesidades más básicas del pueblo argentino.
En esencia, el proyecto de ley enviado a la Cámara alta está orientado a lograr el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, a fin de obtener el financiamiento que necesita el gobierno para evitar un colapso económico y financiero aún mayor. Se trata de una garantía institucionalizada del gobierno argentino para que el board del Fondo autorice el waiver solicitado en agosto, luego de que el país no cumpliera con las cláusulas del Acuerdo Stand By firmado el 20 de junio pasado.
El presupuesto 2019 reitera la práctica habitual de Cambiemos de estimar variables y echar pronósticos que finalmente nada tienen que ver con la realidad (es lo que ocurrió en los dos presupuestos anteriores). El proyecto estima que la actividad económica se contraerá sólo un 0,5% el próximo año, y proyecta que el consumo privado, el consumo público y la inversión caerán 1,6%, 3,4% y 9,7%, respectivamente. Por su parte se espera que las exportaciones suban cerca de un 21% y que las importaciones hagan lo propio, pero sólo un 3%. Se pronostica que la inflación anual será 23% y que el dólar promedio rondará los 40 pesos.
En realidad, no importan tanto las desdibujadas proyecciones que realiza el gabinete sobre el año 2019, sino más bien, el efecto recesivo y de contracción del gasto primario que se logre para dedicar un mayor esfuerzo relativo a pagar los intereses de una deuda que sólo sirvió para atender a la renta financiera extraordinaria y su consecuente fuga de capitales. Esta es la definición política que emana del presupuesto elaborado por el gobierno y defendido por sus cómplices.
En términos de gasto social, el presupuesto que aprobaron los diputados implica un escenario muy preocupante. Si se analiza la variación real de los diferentes ítems que componen el gasto se observa que, en caso de registrarse una inflación anual del 23%, Salud cae 4%, Promoción y Asistencia social cae 4,2%, Seguridad Social cae 0,2%, Educación y Cultura cae 10%, Ciencia y Trabajo cae 12,8% Vivienda y Urbanismo cae 17,3%, y Agua potable y Alcantarillado cae 9,5%. Las asignaciones familiares y las pensiones también caen en términos reales: AUH 10,7%, asignaciones familiares 7,6%, pensiones no contributivas 5% y PAMI 1,1%. En línea con el objetivo político mencionado, el único ítem que crece en términos reales son los pagos de intereses de la deuda en 10,4%, que superarán la cifra de 600.000 millones de pesos en el año 2019.
Vale decir que las pérdidas reales de estos componentes centrales del gasto social se verían aún más erosionados en caso de que, como ocurrió los dos años anteriores, las estimaciones sobre inflación difieran sustancialmente de la realidad.
Este proyecto inducirá una fenomenal caída de la actividad económica y un fuerte deterioro en el bienestar de sus habitantes. Se trata de un ajuste que va lisa y llanamente en detrimento del conjunto de los argentinos, siendo más afectados los docentes, estudiantes, investigadores, jubilados y, sobre todo, quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Por supuesto, el esfuerzo no lo harán todos por igual, puesto que el ajuste acentúa la regresividad y favorece la concentración del ingreso.
Todos deben saber que las consecuencias de estas decisiones políticas no se circunscriben a un período fiscal; la destrucción del entramado productivo y social, el deterioro en las condiciones de vida, salud y educación, son mellas difíciles de reparar.
Está claro que con este presupuesto el gobierno no pretende arreglar nada, sino estirar hasta las elecciones del 2019 la agonía de un esquema económico que ya fracasó.