República de la Sexta: 43 días de prisión preventiva para un dirigente social

Este jueves, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Hernán Postma aceptó el pedido de la Fiscalía y otorgó la prisión preventiva para Guillermo Píccolo, dirigente social del Centro Comunitario del barrio República de la Sexta por los delitos de atentado contra la autoridad agravado, entorpecimiento del transporte por tierra y comunicaciones y turbación de la posesión.

En tanto, a Emanuel Roccia, detenido el pasado miércoles por la tarde junto a Píccolo en medio de una violenta represión, le imputaron atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad, entorpecimiento del transporte por tierra y comunicaciones y turbación de la posesión. Roccia gozará de medidas alterantivas a la prisión preventiva. 

Guillermo Píccolo y Emanuel Roccia fueron detenidos en la tarde del miércoles, frente a la Municipalidad de Rosario. Ambos participaban de una nueva protesta de un grupo de vecinos del barrio que se niegan a irse y piden que no toquen el Centro Comunitario que hace más de 10 años que despliega un importante trabajo social en la zona.

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Los vecinos relataron que Piccolo quiso acercarse a la puerta de ingreso del Palacio de los Leones que está por calle Santa Fe para dejar un petitorio a la intendenta. Pero allí lo esperaba la policía. En tanto, su compañero fue apresado por policías de civil mientras la manifestación era dispersada con balas de goma y gas pimienta.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, Píccolo había sido imputado por diversos delitos en una audiencia que tuvo lugar el pasado 30 de octubre. En la misma, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy le había atribuido los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, entorpecimiento del transporte por tierra y comunicaciones y turbación de la posesión. 

La información emitida por el MPA detalla que esos delitos se habrían cometido durante diversos hechos de protesta, en el marco de la resistencia de los habitantes de la Sexta a las obras del Plan Abre. El parte difundido señala un episodio del día 10 de mayo, en que un grupo de personas ocuparon la Fiscalía, en Montevideo y Alvear, en el cual también se cortó el tránsito en esa zona.Otro de los hechos habría tenido lugar el 24 de julio frente al edificio de Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sita en calle Santa Fe entre Dorrego y Moreno, cuando Píccolo junto a otras personas “impidieron y entorpecieron el funcionamiento del transporte en dicha zona”. 

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En la audiencia celebrada hoy, los fiscales Iván Enriquez y Nicolás Foppiani imputaron a Guillermo Darío Piccolo de 42 años los delitos de entorpecimiento del transporte por tierra, daño calificado, lesiones, atentado contra la autoridad agravado por ser ejecutado a mano armada en una reunión de mas de tres personas y por poner manos en la autoridad en concurso real y desobediencia de orden judicial; y a Manuel Roccia de 36 años, por los delitos de entorpecimiento del transporte por tierra, daño calificado, lesiones, turbación de la posesión en calidad de coautor, atentado contra la autoridad agravado por ser ejecutado a mano armada en una reunión de más de tres personas y por poner manos en la autoridad en concurso real. El hecho atribuido es el haber concurrido junto a otras personas en calles Riobamba y Esmeralda con la finalidad de tomar posesión del inmueble, sito en dichas calles, impidiendo a personal dependiente de la Municipalidad de Rosario y de la provincia de Santa Fe que ejecuten acciones a fin de realizar proyecto urbanístico en la zona.

La condena política de la protesta

El diputado Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, acompañó la audiencia realizada en el día de la fecha y en diálogo con Conclusión manifestó su preocupación y disgusto por lo que considera una «condena política de la protesta».

«Lo que en realidad se está condenando es la protesta social, y yo creo que hoy es la fecha en la que queda demostrado el fracaso de la política en la configuración de una justicia que mire de verdad lo que pasa en la sociedad. Es un fallo muy triste y muy contundente, que tiene mucho que ver con el clima de época de la mano dura contra los piqueteros y contra los que cortan la calle», manifestó el diputado y periodista.

Del Frade señaló que le dieron «44 días por el delito de turbación» y por eso lo detienen en la cárcel con presos comunes.  «Lo de hoy es algo muy simbólico de este espíritu de época y con un gobierno provincial que ahora va a exhibir en su contradictorio prontuario esta idea de lo que significa tener un preso político. Guillermo Píccolo es claramente un preso político de una ideología dominante».

El diputado se mostró preocupado también por la seguridad de las familias de la Sexta que «no quieren formar parte del proyecto inmobiliario». «Por eso digo que lo de hoy es la clara demostración del fracaso de la política porque la represión, la llegada del Cuerpo de Guardia de Infantería para decir que en cinco minutos tenían que desalojar, yo los tuve que parar y hablar incluso con gente de la policía que se quería llevar detenido a un chico, como si quisieran tirar nafta al fuego permanentemente», acusó.

Además, enfatizó que «lo que se vivió hoy es, más que la criminalización de la protesta,  la condena» «Es la condena política de la protesta, porque el espíritu acusatorio no era jurídico, era político».

En cuanto a ciertos rumores que, desde hace algunos días circulan sobre una posible vinculación del Centro Comunitario con «búnkeres de la zona», Del Frade fue contundente: «Me parece que esas acusaciones son más que nada para satanizar a alguien que no quiere entrar en el plan de viviendas. Me alejo de esa idea porque lo que hemos vivido hoy es la realidad de la protesta social condenada». «Si eso realmente es así y hay pruebas de ello,  si esas acusaciones son reales, ¿que esperan para detenerlo por el delito de narcotráfico? Porque si realmente es así y no lo detienen esto implica una gran complicidad evidente de los organismos que tienen que aplicar las leyes y no lo hacen. Es muy contradictorio eso», remarcó el periodista y dirigente del FPS.

«Lo que queda claro es que queda preso por querer darle un petitorio a la intendenta y por no quedarse callado frente a un negocio que va por encima de la necesidad de mucha gente».