El Gobierno no quiere sacar al submarino para evitar las pruebas del hundimiento

El 14 de noviembre de 2017 la Armada Argentina participaba de un juego de guerra con otras fuerzas marítimas occidentales. Retornaban de hacer algo similar en el Océano Pacífico chileno y lo repetían en el Océano Atlántico. Oportunamente, nuestro Congreso había negado esa posibilidad y descartó que se usaran aguas nacionales para incluir la presencia de tropas extranjeras en lo que se denomina “juegos de guerra”.  Un “error” aparentemente involuntario disparó un misil estadounidense y eso provocó la pinchadura del submarino argentino ARA San Juan. El agua salada del océano provocó un corto circuito entre las setenta y dos baterías de la nave, provocando una implosión. Desde el primer momento el Gobierno supo donde estaba la nave, pero necesita que NO se pueda estudiar porque debería dar explicaciones.

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Sorpresivamente, a las 24 horas de ocurrido, había casi cuatro mil militares estadounidenses en Comodoro Rivadavia, como oportunamente mostró TV Mundus, (https://noticias.tvmundus.com.ar/2017/11/21/tragedia-regimen-gravisimo-con-la-excusa-de-buscar-el-submarino-ara-san-juan-llegan-cientos-de-soldados-yanquis/) a los que hay que agregar casi dos mil canadienses.

Por razones obvias, se abstuvieron de desembarcar los 2.600 ingleses que estaban operando en esas maniobras. Aunque teóricamente la práctica era “secreta”, el Poder Ejecutivo argentino estaba al tanto y por eso se dice que el ARA San Juan estaba en una misión secreta. Los barcos chinos que extraen en forma ilegal la fauna marítima del lugar, se retiraron hacia el Este cuarenta y ocho horas antes para no verse mezclados en medio de esos “juegos”.

Argentina, Brasil, Canadá y Francia integraban el equipo rojo y Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile el equipo azul. Jugaban a practicar una presunta batalla naval en la que ensayaban movimientos coordinados, tiempos de reacción, pinzas o escape. A pesar de la prohibición del Congreso, el Presidente Mauricio Macri y el Ministro de Defensa Oscar Aguad avalaron lo que era una acción ilegal ya que la participación en aguas territoriales argentinas no es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.

Cuando en la madrugada del 14 de noviembre de 2017 se produjo el “accidente”, la orden fue cerrar el caso y para ello Estados Unidos se puso en acción. Macri les pidió que actuaran de limpiadores. En menos de un día en esa ciudad patagónica estaban alojados en bases militares, hoteles y departamentos (explotó la capacidad inmobiliaria y hotelera de Comodoro Rivadavia) la mayor cantidad de militares extranjeros desde que Justo de Urquiza diera participación a los brasileños en el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas.

Los estadounidenses y los canadienses (que atracaron el barco Patagonian de transporte de tropas y material bélico) pusieron en acción la cortina de humo. La Casa Rosada cedió las claves militares de nuestros satélites ARSAT 1 y ARSAT 2 de las que disponen desde ese momento. Desde allí no solo accedieron a las comunicaciones satelitales del ARA San Juan sino que además tienen registrado hasta lo que dio alguna vez el más pobre puesto de frontera.

Después de dos meses sin resultados y en una maniobra excelente, el Presidente ruso Vladimir Putin le ofreció al gobierno argentino realizar la búsqueda sin ningún costo. La presión pública de los familiares para que acepte la oferta le hizo imposible negarse a Mauricio Macri.

Al mes, los rusos encontraron la nave, pero contactos al más alto nivel, de primer mandatario a primer mandatario hizo que no se anunciara. En ese momento los rusos emprendieron el retorno a su país. El Presidente Macri necesitaba que la nave no aparezca para no tener que dar explicaciones.

La presión de los familiares de los 44 militares muertos no cesó en un año. Los jerarcas del PRO suponían que al ser un sector que tradicionalmente vota a gobiernos de derecha, haría que aflojara paulatinamente su protesta, pero aparentemente el amor filial se antepuso a la ideología.

Algunos casos comenzaron a tomar estado público y una de las formas de amainar el temporal fue dilatar una licitación con una empresa privada de búsqueda oceánica. Generalmente, las que se dedican a ello buscan galeones con tesoros (mayoritariamente en oro) perdidos en las aguas. Si lo encuentran, se llevan un porcentaje. Por eso son efectivos en su tarea. Pero si no lo encuentran, no cobran y este era uno de esos casos.

Cuando la nave Seabord Constructor de la empresa Ocean Infinity descubrió al ARA San Juan a 907 metros de profundidad, el Gobierno macrista le pidió que no lo digan y que de última le pagarían con un fondo “patriotico” a través de algún mercado offshore.

La presencia de familiares en la nave fue decisiva porque se enteraron del hallazgo, por lo que sería imposible ocultarlo y el prestigio de la compañía quedaría en duda de ahí en más por lo que le advirtieron al presidente Macri que, si no lo anunciaba el gobierno, lo harían ellos.

El titular del Poder Ejecutivo llamó urgente a su colega y “amigo” Donald Trump que ni siquiera lo atendió. La noche del viernes 16 fue tensa ya que la compañía le había dado al presidente apenas 24 horas de plazo.

Allí, un escueto twitter de la Armada Argentina hizo el frío anuncio. Aunque se sabía desde hacía más de un par de semanas, el PRO quería que primero se cierre el Presupuesto 2019, con el peor ajuste de la historia argentina, para evitar que se incluyeran los gastos de rescatar la nave desde el fondo del mar.

Ahora el macrismo no quiere que se vea la nave para evitar las investigaciones que le obligarían a dar explicaciones. Por eso, el Capitán Gabriel Attis, Jefe de la Base Naval de Mar del Plata, se apuró a decir que sacar desde esa profundidad a una nave es imposible y que para esos “héroes” el mar debe ser su tumba.