MARTES, 26 DE NOV

A un año del impune asesinato de Rafael Nahuel

Tenía 21 años, era un chico trabajador y solidario. Lo asesinó prefectura por el simple hecho de ser mapuche. El silencio abraza una causa penal que tiene como primer abogado defensor al propio Estado.

 

A los pueblos preexistentes se los han empujado a caminar por los márgenes de una historia que fue escrita por los escribas de los poderosos. Perseguidos, ninguneados, explotados y asesinados con la raquítica excusa del progreso, se siguen levantando con la dignidad como bandera.

En los últimos años del siglo XX y en lo que va del actual siglo XXI, los procesos de concentración de tierras, se dieron de manera explícita. Unidos en parte al creciente desarrollo del turismo de alta gama que llega empujado por un paisaje en estado todavía «natural», más el «cercamiento» para el saqueo de recursos naturales  y especulación inmobiliaria, aparecen con fuerza de la mano de capitales concentrados con la anuencia de los diversos niveles del Estado.

Un elemento clave, es la lucha que los pueblos preexistentes vienen llevando adelante por la sobrevivencia y la restitución de la que ellos consideran como su legítima tierra. Un derrotero tan espinoso como estoico, un camino aferrado a la memoria de los ancestros, aquellos que guían como un lucero los días de los hijos de la tierra.

De Santiago Maldonado a Rafael Nahuel

La cruenta represión suscitada en la Pu Lof en resistencia de Cushamen el 1 de agosto de 2017, dejaría como saldo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, un weichafe (guerrero) que se solidarizó con la lucha de un Pueblo al que no pertenecía.

A los pocos meses, casi por inercia, el 11 de noviembre del mismo año la lof Lafken Winkul Mapu anunciaría que dos meses antes había comenzado con el recupero territorial de una zona cercana a Villa Mascardi que integraba el Parque nacional Nahuel Huapi.

De inmediato el gobierno nacional y la comunidad Mapuche, iniciaron una negociación con el fin de alcanzar una solución. La misión gubernamental estuvo liderada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, bajo órdenes del ministro de Justicia Germán Garavano. En las negociaciones participaron también el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nicolás Torres, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y el obispo de Bariloche Juan José Chaparro. Las reuniones se realizaron en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Bariloche.

El martes 21 de noviembre se alcanzó un principio de acuerdo por el que la comunidad Mapuche instalada en el parque nacional se trasladaría a terrenos que les entregaría el Estado nacional fuera de dicho parque. Al día siguiente, mientras se realizaban reuniones entre las distintas partes involucradas, la fiscalía de Bariloche y el juez federal de la ciudad Guillermo Villanueva ordenaron el desalojo.

El 23 de noviembre, más de 300 agentes federales pertenecientes a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, realizaron un violento desalojo del lugar. Durante el mismo, detuvieron a 5 mujeres y 4 menores, incluido un niño de 1 año, que fueron liberados recién al otro día. Las mujeres denunciaron que los oficiales ingresaron violentamente al predio, disparando a mansalva y que a los chicos les tiraron gases lacrimógeno. Además,  afirmaron que a una menor que gritaba en mapudungum  le hicieron comer tierra para hacerla callar. Desde dicho día, la presencia de las fuerzas federales fue ininterrumpida en el lugar.

El asesinato de Rafita

El 25 de noviembre, el mismo día que se realizaba en la provincia de Buenos Aires el entierro de Santiago Maldonado, el grupo Albatros de la Prefectura reprimió con balas de goma y de plomo a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. En esta represión, Rafael Nahuel fue herido por una bala del mismo calibre que las utilizadas por las fuerzas federales (9 mm), el proyectil ingresó por la nalga «de abajo hacia arriba y que quedó alojado dentro del cuerpo». También resultaron heridas de bala otras dos personas.

“A las cuatro de la tarde, se escucha un grito: «¡Quietos, al piso!», aparecieron de la nada y nos tiraron a matar. No dijeron quiénes eran. Nos agachamos, y las balas rebotaban por todos lados. Otra lamngen fue herida en el hombro, la bala le pasó de lado a lado. En un momento sentimos un grito, cayó Rafael al piso, y gritaba: «¡Ahhh, no puedo respirar, no puedo respirar!», relataría un mimbro de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Una cacería explícita, el Estado y su brazo represivo desbocados. “Se le había cerrado el pecho. El tiro le había entrado por la cadera, y le había salido por las costillas. Pero en verdad no le terminó de salir, quedó encajado en la espalda, Rafita estuvo agonizando un tiempo. Le hicimos reanimación, ya se había puesto pálido, estaba frío. Y mientras lo bajábamos desde arriba del cerro, se nos murió”.

“Cuando llegamos a la base nos quisieron seguir reprimiendo. Nos apuntaban con sus fusiles, y la Policía Federal estaba con pistolas en la mano. Nosotros veníamos con las manos levantadas, pidiendo por favor que nos dejen sacar el cuerpo”. Hiela la sangre, lo que iniciarían Alsina y Roca, tendría su continuidad histórica pero con otros actores.

El médico que atendió a los mapuches heridos, Ramón Chiocconi, contó cómo se dirigió al asentamiento en plena montaña junto al juez, el fiscal, el obispo y un representante de organizaciones de derechos humanos: «Cuando llegamos nos encontramos con un asentamiento de no más de 15 a 20 personas entre las cuales se encontraban dos heridos, entre ellos una mujer de alrededor de 25 años y un hombre «de treinta y pico», con impacto de bala en el hombro con orificio de entrada y de salida y un proyectil en el codo, respectivamente”.  Del testimonio del médico se desprende que los heridos y el fallecido están del lado de los mapuches. Hubo balas de un solo lugar: «Yo vi con mis propios ojos vainas servidas de 9 milímetros que pertenecerían a la fuerzas represoras». De las conclusiones de los peritos del Centro Atómico Bariloche el 20 de marzo surge que el joven mapuche no manipuló armas de fuego el día en que fue asesinado.

Ser mapuche y vivir en el barrio Nahuel Hue, en el Alto de Bariloche, es un certificado de defunción concreto que a la hora de pretender ingresar al sistema laboral, se activa. Los pibes sobreviven como pueden, aquellos que logran gambetear a las drogas y el narcotráfico, encuentran en lugares como “Semillero Al Margen”, lugar que frecuentaba Rafael Nahuel, un espacio de educación no formal que tiene su anclaje en el arte y los oficios.

Rafita era un pibe de 21 años,  como muchos otros, contemplaba de lejos el turismo que surcaba el hermoso paisaje Barilochense. Creció con escasas oportunidades y estigmatizado por su sangre, sin embargo, no dudó en exponer su cuerpo a la hora de luchar por el recupero de terrenos ancestrales, esos que le fueron arrancados por el Remington antes y sus leyes después.

Ha transcurrido un año de una perversa ejecución justificada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La figura del enemigo interno creada por aquellos que avanzan a paso agigantado en la entrega y expoliación, se volatiliza por peso propio, pese a eso, el avance represivo se consolida. Más allá de las distintas hipótesis, la realidad se impone, fue el Estado quién apuntó, el prefecto quién gatilló, y Rafael Nahuel el pibe que murió.

 

 

 

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