COPLA: un triángulo entre Cancillería, el Ministerio de Justicia y la dirigencia de Cambiemos busca crear un organismo fantasma

En una insólita presentación delante de un grupo de diplomáticos y dirigentes de segunda línea, la Cancillería argentina y el ministerio de Justicia lanzaban oficialmente una campaña para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe (COPLA). En el libreto oficial, la iniciativa apuntaba a crear mecanismos regionales para la lucha contra el crimen transnacional. Sin embargo, la COPLA en cuestión, carecería de presupuesto propio, no tendría las prerrogativas de una verdadera corte, y conviviría con otras instituciones regionales en la arquitectura de organismos que ya funcionan. El lanzamiento ocupa la energía política de dos ministerios nacionales y varias secretarías encargadas de su promoción, en momentos donde los presupuestos en política exterior fueron duramente ajustados, provocando el cierre de oficinas diplomáticas y la venta de inmuebles nacionales en el extranjero.

La escalada de delitos transnacionales es producto de la intensidad que adquirió el uso de las redes de comunicación por parte de organizaciones delictivas. Esta nueva realidad, pone a los Estados nacionales en la situación de tener que colaborar para perseguir puniblemente a delitos internacionales. Se trata del comercio de personas, tráfico de drogas, delitos medioambientales, entre otras acciones criminales que atentan contra los bienes y derechos de varios países, siendo cometido incluso por bandas conformadas por personas de distintas nacionalidades, lo que agrega complejidad legal a la temática. Frente a este problema, la reacción de los países de la región fue la cooperación bilateral y multilateral en el marco de sus sistemas de justicia y la persecución penal de INTERPOL. No obstante, el gobierno nacional incentiva una campaña para la construcción de una arquitectura penal que carecerá de presupuesto propio y no tendrá poder real en sus decisiones institucionales. Por lo que, lejos de una auténtica corte de justicia, terminará siendo un mero mecanismo de consulta como muchos otros que ya operan deficientemente en el subcontinente. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿Por qué se insiste en crear organismos regionales sin competencia política?

En nuestra región, los países han trabajado de manera asociativa pero con un endeble nivel de institucionalización. Por lo que esa vocación de integración regional, ha estado circunscripta al entendimiento ideológico de los gobiernos de turno. Esta característica persistente, nos aleja de tener niveles de compromiso inter-gubernamentales que generen beneficios concretos a nuestras economías y sociedades como las que tiene la Unión Europea. Cambian los gobiernos y desaparecen y reaparecen organismos regionales. Ningún presidente sudamericano quiere sacarse una fotografía con un organismo internacional vinculado al anterior gobierno. Hacerlo, supondría recibir un ataque directo de los editoriales nacionales, más atentos a las aparentes contradicciones de los Ejecutivos, que a sus gestos de continuidad institucional.

Vacaciones pagas y heladeras políticas

El descrédito que tiene la política internacional para el gobierno de Macri, supone que cualquier gestión externa del Estado sea vista como unas meras “vacaciones pagas”. Los funcionarios esperan con ansias participar de algún foro de consultas en Colombia o una cumbre parlamentaria en alguna isla paradisíaca. La foto institucional le sirve al dirigente de turno para realzar su status político por Instagram o Twitter, mientras que al terminar el evento, se agolpan en los shoppings para comprar tecnología barata o ropa libre de impuestos. El ninguneo de la clase política por la gestión externa de nuestro país, es permanente y ostensible.

Incluso al interior de los partidos políticos se suele escuchar en la jerga “lo mandaron al freezer”, como expresión peyorativa hacia dirigentes que “sufren” nombramientos en el exterior del país. Ser embajador designado por el Ejecutivo nacional, es casi una sentencia de destierro político y una abierta deshonra al interior de la militancia. Visto que las instituciones regionales no funcionan y carecen de atribuciones, los nombramientos internacionales en los mejores casos suelen ser un premio consuelo a un dirigente longevo o una renuncia encubierta de ciertos políticos cuando son apartados del escenario de poder real. Así las cosas, la política de integración regional se convierte en una quimera de buenas intenciones y no en una política de Estado.

Son pocas las excepciones donde la política externa adquiere relevancia real. En particular, en el gobierno del presidente Macri, la única acción externa que le preocupa a la Casa Rosada es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Al punto tal, que se apartan a los “cuatro de copas” de la diplomacia nacional, y son el presidente y el ministro de Economía quienes encabezan la comitiva, personalmente.

¿Por qué no nos integramos?

Peter Birle es politólogo y director del Instituto Iberoamericano de Berlín (Alemania). En un documento publicado por NUSO¹, sostiene que “(…) los países latinoamericanos siguen siendo -a pesar de la retórica de la unidad- vecinos distantes y que se conocen poco entre sí.” El estancamiento de nuestro proceso de integración, ilustra el investigador, se debe a la delgada densidad de nuestro comercio intra-regional que no supera el 15%, unas infraestructuras de transporte y comunicación que no han recibido fuertes inversiones públicas, y una clase política que mira más hacia los Estados Unidos y/o Europa, que hacia la vecindad próxima. Finalmente el concepto de soberanía nacional se traduce en una fuerte aversión a cualquier tipo de construcción institucional supranacional. “En América Latina, ceder soberanía a una institución supranacional se considera una pérdida y no se acepta la idea de que dotar de autonomía a organismos superiores a los Estados puede contribuir a mejorar la posición e incrementar el poder de los países en el sistema internacional”, sentencia.

Para lograr mayor y mejor integración regional, se deben identificar los problemas comunes y avanzar institucionalmente en su solución, evitando construir relatos de unidad o peor aún, malgastando las energías del Estado en proyectos faraónicos de cartón corrugado. COPLA, apunta a ser esto último.

Detrás de escena

Dirigentes de Cambiemos en el interior, se han mostrado apáticos con la tarea emprendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) poniendo bajo sospecha la gestión de justicia del país. El tratamiento del caso de Milagro Sala en Jujuy y el abuso de la prisión preventiva como método de amedrentamiento político, llevó a la CIDH a señalar la falta de garantías procesales durante el juicio. Este señalamiento adverso de la Corte Interamericana, motivó que el gobernador jujeño, Gerardo Morales (UCR-Cambiemos), denunciara que “las organizaciones internacionales están cooptadas por el kirchnerismo”. Apuntando indirectamente a la participación del juez Eugenio Zaffaroni en un tribunal de seis magistrados que integran la CIDH. Sin embargo, un cuadro de similares colores fue pintado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, con delegados de Letonia y Benín. Los funcionarios destacaron el alto grado de “selectividad” de la justicia argentina y subrayaron con alarma, la falta de garantías y las actuales condiciones de detención en el país.

En este marco de tensión con los organismos internacionales de DDHH, la creación de una nueva institución regional como COPLA, podría contribuir a mejorar el perfil internacional del gobierno. De esta manera, se disiparía el mantra de denuncias que se vierten sobre la falta de garantías procesales en Argentina y se pondría freno a los titulares de algunos diarios que marcan agenda, cuando levantan los comunicados de prensa de estas instituciones.

Los juristas cercanos al gobierno han puesto su firma al proyecto y han dado respaldo a la creación de la corte regional. El intercambio de favores cobrados y por cobrar, tiene a los jueces y fiscales del Poder Judicial, en una sintonía con el Ejecutivo nacional que hace estallar por los cielos la independencia de los poderes públicos de la República. Entre las figuras más representativas de esta puesta en escena, se encuentra el fiscal “lilito” José María Campagnoli, el procurador de CABA y colaborador de Horacio Rodríguez Larreta, Gabriel María Astarloa, el constitucionalista ultraconservador Daniel Sabsay, y Ricardo Gil Lavedra, dirigente jubilado de la UCR-capital, todos ellos designados a dedo por el actual ministro de Justicia, Germán Garavano con apoyo logístico de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. En la provincia de Santa Fe, los diputados de Cambiemos, Lucas Incicco y Gisela Scaglia participan del armado de COPLA, con expectativas de representar los intereses del organismo en el territorio del parlamento nacional.

La afinidad ideológica de la COPLA, se mastica con paladar negro, y se convocan a dirigentes latinoamericanos con sintonía política con la Casa Rosada. Entre ellos, el Senador uruguayo del Partido Colorado, Pedro Bordaberry; la Senadora boliviana María Lourdes Landívar Tufiño, que responde al candidato opositor al gobierno de Evo Morales, Samuel Doria Medina; la diputada venezolana, Dignora Hernández; y el activista opositor al gobierno de Nicaragua, el periodista Enrique Sáenz. La creación de este organismo lejos estará de luchar contra el crimen transnacional. Se bastardea una problemática de estas características con política low cost, utilizando las herramientas del Estado para crear instituciones fantasmas que contengan a políticos jubilados y el intercambio de favores entre altos funcionarios de los poderes del Estado. En el mientras tanto, se deteriora la imagen de los profesionales de la justicia nacional y se desaprovecha el conocimiento del cuerpo diplomático para ponerlos al servicio mediocre de un interés partidario. Dar la vuelta a estas páginas, llevará otra década más.

*Nabih Yussef es Licenciado en Relaciones Internacionales y Director del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos www.CEIEP.org

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