El abogado Diego Armesto sostuvo «que el problema es como el Gobierno ve al Poder Judicial»

Enviado especial a Buenos Aires – Es indudable que luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en favor de Lucio Blanco, y de la acordada que inicialaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosatti para despojar a Carlos Rosenkratz de las funciones más importantes que ostenta el presidente del máximo tribunal de Justicia del país da algunos indicios. Así las cosas, el futuro de la convivencia entre  los ministros se anuncia desapacible.

Las formalidades no superarán la desligitimación que Rosenkrantz recibió del resto de sus pares. Las rutinas del protocolo serán indubitables, pero no más que eso. Las fotos y las reuniones oficiales estarán comprendidas en el marco de lo estrictamente institucional.

En poco tiempo, el presidente de la Corte perdió la potestad de priorizar la agenda de las causas, la imposibilidad de rubricar contrataciones y las licencias y designaciones de personal, es decir quedó despojado de las facultades que le asistían por su función.

El estilo del presidente de la Corte no cayó bien entre sus pares ya que se perfiló como un delegado del Ejecutivo en el Poder Judicial, y esta actitud inquietó bastante el microclima del espació judicial. Sin embargo, estará al frente de la Corte por los próximos tres años.

Rosenkrantz fundó en 1992 un estudio jurídico junto con su ex socio, el abogado Gabriel Bouzat, ambos especialistas en Defensa de la Competencia, por lo que fue letrado de cientos de empresas, entre otras, del Grupo Clarín y de Farmacity y Pegasus, las dos últimas vinculadas hasta hace algunas semanas al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

Al igual que Horacio Rosatti, Rosenkrantz fue nombrado inicialmente en comisión -por decreto- por el presidente Macri salteando los pasos que establece la Constitución. Ante las críticas que originó este decreto, Rosenkrantz y Rosatti se abstuvieron de asumir y esperaron el acuerdo del Senado, que lograron a mediados de 2016.

A comienzos de noviembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, firmó una resolución para contratar a Juan Pablo Lahitou, quien era subprocurador del Tesoro. Dato no menor, si se tiene en cuenta que, como subprocurador del Tesoro, Lahitou conformaba el equipo de Bernardo Saravia Frías como jefes de los abogados del Estado reconvertidos en abogados personales del presidente Mauricio Macri.

Conclusión dialogó con el doctor Diego Armesto, quien es docente de grado y posgrado (UBA), miembro del Instituto de Derecho Constitucional (CPACF) y de la AADC (Asociación Argentina de Derecho Constitucional), sobre cual es el grado de disidencias que el máximo tribunal tendrá como desafío a futuro atento la constitución de lo que comunmente se denomina como nueva mayoría,

Armesto, argumentó que la Corte es parte del poder político del Estado, también que es este marco «Rosenkrantz está perdiendo poder, porque ante los fallos recientes, una nueva mayoría «está dejando en ofside al presidente que terminó votando en contra de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti».

El constitucionalista reparó que recientemente, Rosenkrantz sostuvo a un diario de tirada nacional «que los jueces no tienen que hacer fulbito para la tribuna».

Entre otras cosas, el letrado destacó que puede que «algunos» magistrados «le estén haciendo sentir el rigor» a Rosenkrantz. Y hasta se puede sospechar que de acuerdo a este tipo de movimientos se «este preparando un nuevo presidente de la Corte», que no descartó que pueda ser santafecino.

Por otra parte, Armesto se mostró molesto que los ministros de la corte sean invitados a almorzar con el ejecutivo no le «cuadra». Y mucho menos que de «este encuentro no se sepa que se habló».