Las reivindicaciones por mejorar el Salario Social Complementario y otros planes no paran

Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires  – Este jueves se concentraron en distintos puntos de Buenos Aires y en la zona del Obelisco, columnas de Barrios de Pie, CTEP, y la Corriente Clasista y Combativa, que ocuparon el lado sur de la Plaza de la República y algunos carriles de la avenida Corrientes. Para luego marchar a la sede de la Secretaría de Economía Social.

Uno de los puntos que más preocupa a los miembros de las organizaciones sociales y a quienes adhieren a sus políticas, es el Salario Social Complementario -a pesar que por la cantidad de demandas que ya le formularon al gobierno nacional no esté tan visibilizado – pero con una importancia superlativa porque se trata de un ingreso que permite dar respuesta a las necesidades cotidianas.

En diálogo con Conclusion, Nahuel Silva explicó cuales son las urgencias que tienen los sectores más afectados por la crisis y pide al gobierno del presidente Macri, que se actualicen los montos que perciben en concepto de Salario Social Complementario.

El deterioro de las condiciones de vida producto de la inflación, que impacta en el precio de los bienes de consumo esenciales se viene produciendo desde los inicios de la administración Macri, y que se profundizó a fines del año pasado por el alto indice registrado en la evolución de los precios minoristas.

Para el gobierno nacional, diciembre de 2018 se había preanunciaba como uno de los momentos en el que se produciría la mayor crisis social. Para sortear la coyuntura el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que comanda, Carolina Stanley, tuvo que aumentar un 127% el presupuesto asignado al Salario Social Complementario.

Es decir, de 713 millones que desembolsó en 2017, pasó a 1621 millones en 2018.

Otro dato que revela cuales son los efectos de la política económica que lleva adelante y sobre la que no están «dispuestos a cambiar el rumbo» desde La Rosada, indica que los planes se incrementaron 68%. De los 160 mil beneficiarios que existían en 2017, se registró en 2018 un total de 217 mil.

Estas cifras dan un indicio de la caída del empleo formal y del proceso de destrucción de fuentes de trabajo en el ámbito privado y también en lo estatal.

A solo tres meses del comienzo de 2019, las cosas no parecen encauzarse para encontrar una respuesta a las consecuencias que originó el equipo gobernante con sus políticas. El indice de inflación habla por si solo. El incremento de los productos básicos de la canasta familiar golpea fuerte a los sectores populares.