Requieren a la ministra Stanley que informe sobre la baja de monotributos sociales
Entre los reclamos que se hicieron oír en las protestas del miércoles pasado en las calles y rutas del país, una de ellas remite a la suspensión del cobro de asignaciones a 60.500.
Por Aldo Battisacco -Enviado especial a Buenos Aires – Este miércoles, más de 1oo fueron los cortes que se realizaron en las rutas de todo el país con la finalidad de rechazar la política económica y social del gobierno de la Alianza Cambiemos. La medida fue decida la semana pasada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Somos Barrios de Pie, Frente Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), a las que se sumaron más de 20 organizaciones piqueteras encabezadas por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el MST Teresa Vive.
Uno de los reclamos que expresaron los organizadores de la protesta se focaliza en la iniciativa del titular de la secretaría de Economía Social, que depende del ministerio de Desarrollo Social cuyo titular es Matías Kelly, quien resolvió suprimir 60.500 monotributistas sociales, muchos de los cuales han perdido sus prestaciones jubilatorias y médicas,
Así las cosas, la respuesta no se hizo esperar y la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF (Atajo) junto a la Fiscalía Federal de Seguridad Social N° 1 requirieron al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación información pública sobre la baja a los Monotributistas Sociales.
La presentación obedece a una serie de reclamos, canalizados en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) del barrio porteño de Constitución, en los que personas inscriptas en el Monotributo Social -Monotributo Subsidio de Efectores Resol. Conjunta 853/06 MDS y 294/06 SSSalud- manifestaron que habían sido dadas de baja de forma intempestiva y sin mediar comunicación oficial.
Además, resaltaron que la exclusión en el padrón les impide acceder a la cobertura de salud.
Según los testimonios, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social se dictó una norma que modificó el régimen de Monotributo Social, pero se desconoce el acto administrativo y los alcances de la nueva disposición.
En ese marco se solicitó que la titular del Ministerio, Carolina Stanley, informe “en el menor plazo posible” sobre los alcances de la Resolución 189/2019, dictada por la Secretaría de Economía Social de la cartera a su cargo.
En la presentación el fiscal De Vedia alude al “estado de vulnerabilidad que se produce a partir de la exclusión del régimen”, que involucra principalmente a integrantes de cooperativas sociales, que ven afectados sus ingresos provenientes de los emprendimientos productivos. Así también la economía familiar de sus asociados.
La presentación se enmarca en lo normado por el art. 7 de la ley 27.148, que establece que los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación “podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los organismos privados y a los particulares”.