El Gobierno español limita la actividad política de Leopoldo López

El gobierno español resolvió limitar la actividad política del opositor venezolano Leopoldo López, quien se encuentra como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas, decisión que desató hoy críticas por parte de los partidos de derecha española, que desde hace años respaldan y apoyan a los antichavistas.

«España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político», dijo hoy el canciller en funciones Josep Borrell en conferencia de prensa de visita en el Líbano, después de que López anticipara ayer desde la delegación española «más movimientos militares» para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro.

El jefe de la diplomacia también reiteró que López se encuentra en la residencia del embajador de España en Caracas en condición de «huésped» y no puede pedir asilo allí, pero tampoco será entregado a la justicia venezolana, que dictó una orden de arresto en su contra por haber violado su prisión domiciliaria el martes último.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, «desprecia la lucha por la libertad de todo un pueblo tildándola de ‘activismo político’. El gobierno debería liderar el apoyo al conjunto de demócratas venezolanos sin fisuras en su causa frente a la tiranía de Maduro», afirmó Albert Rivera, el líder del partido Ciudadanos, en Twitter.

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Rivera, quien respaldó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, antes de que fuera reconocido por el Ejecutivo de Sánchez, al que ahora acusa de «ponerse de perfil ante la violación de derechos humanos» en Venezuela, había celebrado ya la liberación de López por militares que intentaron un levantamiento contra Maduro.

«No es activismo político, señor Josep Borrell. Es el más esencial y admirable activismo democrático», aseguró por su parte la diputada del conservador Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo, también en Twitter.

Álvarez de Toledo, amiga personal de la familia López -con quien dijo haberse entrevistado de forma clandestina el 28 enero violando el régimen de detención domiciliaria-, añadió que el gobierno de España debe apoyar al líder opositor «con toda convicción y energía, sin matices ni muecas cursis ni condiciones».

La líder de la candidatura del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, fue más lejos y llamó al Ejecutivo español a intervenir de forma decisiva a favor de la oposición venezolana.

«No tenemos que limitar la transición pacífica y democrática en Venezuela, la tenemos que liderar», dijo Montserrat, cuyo partido lleva al padre de López, que obtuvo la nacionalidad española en 2015, en la lista al Parlamento Europeo.

El Ejecutivo de Sánchez intenta mantener activa su política de salida negociada al conflicto, jugando al «equilibrio diplomático» desde que en enero reconoció a Guaidó como presidente «encargado» de convocar elecciones, y no rompió relaciones con Maduro.

Borrell señaló hoy que «a pesar de las divergencias», las relaciones con el gobierno venezolano son «cordiales» y espera que así continúen, de ahí que confía en que no se produzca ninguna violación a la inmunidad diplomática para detener a López.

No obstante, el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, calificó de «insólito» que el líder opositor utilice la delegación diplomática española como «base de operaciones» para «alentar un golpe» después de su fracaso del 30 de abril, según declaró a Radio Nacional de España (RNE).

Isea recordó que López «lleva cinco años» diciendo lo mismo, y remarcó que ha sido su partido, Voluntad Popular -al que también pertenece Guiadó-, el que «impidió el diálogo», porque «mantiene la tesis de incendiar el país hasta que caiga el gobierno».

Después de que ayer la Justicia venezolana dictara una orden de captura en su contra, López se mostró desafiante y dijo que la oposición se estaba preparando para «la próxima fase, que es el gobierno de transición».

El gobierno venezolano asegura que López sigue el «guión» diseñado por Estados Unidos para tensar la cuerda con España, para que avale una intervención militar, consciente de las presiones internas que minan la apuesta por el diálogo del presidente Sánchez.