El apagón que hizo la luz

por Horacio Verbistky para El cohete a la luna

El mega apagón del domingo 16 de junio, que dejó a oscuras a la Argentina y a extensas zonas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sacó a luz una dura pelea entre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Poder Ejecutivo.

El ENRE filtró un acuerdo secreto firmado el 10 de mayo entre el gobierno nacional y los representantes de las distribuidoras Edenor y Edesur por el que el Estado reconoce una deuda con ambas empresas de entre 40 y 100.000 millones de pesos por el congelamiento de tarifas durante el gobierno anterior.

El Cohete a la Luna reveló todos los detalles de ese acuerdo guardado bajo ocho llaves. El coordinador de la negociación, realizada en tiempo récord en marzo, abril y diez días de mayo de este año, fue el secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Volosin. Desde 2013 hasta diciembre de 2015 fue apoderado de Edenor y durante los últimos 15 años ocupó distintos cargos en Pampa Energía. Su especialidad es la negociación Gremios-Empresas-Gobierno.

La negociación se realizó a espaldas del ENRE, que está que trina. El informe oficial difundido en mayo sólo dijo que Edesur deberá pagarle al Estado Nacional 3.858 millones de pesos y sumar obras adicionales por 3.000 millones y que Edenor deberá invertir 4.000 millones de pesos más que lo acordado en la última Revisión Tarifaria Integral (RTI).

La indeterminación del monto final que el Estado le reconoció a las empresas se debe a que la Secretaría de Energía ordenó al ENRE que calculara la supuesta deuda según dos métodos distintos y el documento oficial no dice cuál de ellos se adoptará. Esto asegura que las empresas percibirán el máximo mencionado o recurrirán a la Justicia, invocando un derecho reconocido por el Estado en el mejor estilo de la Patria Contratista. La iniquidad de esta orden provocó la filtración.

Firmaron el Acuerdo de Regularización de Obligaciones el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade; Ricardo Alejandro Torres por Edenor y Juan Carlos Blanco por Edesur.

El presidente del ENRE es Andrés Chambouleyron, quien no tiene una concepción estatista ni defiende intereses públicos pero está fastidiado por la responsabilidad que le cargan en un tema escabroso.

Este ingeniero formado en la cordobesa Fundación Mediterránea, fue testigo contra la Argentina en el CIADI, en favor de empresas eléctricas de Alemania, Estados Unidos, España, Francia e Italia. Tiene mala relación con Garade, quien antes de ocupar su cargo actual fue vocal del ENRE hasta que Chambouleyron consiguió que lo eyectaran hacia otro destino. Además, Garade fue gerente tanto de Edenor como de Edesur, durante buena parte del lapso por el cual ahora las distribuidoras reclaman compensaciones al Estado.

Como explican en otra nota de esta edición José Massoni y Luis Villanueva, este gobierno vive en conflicto de intereses perpetuo.

Ambas distribuidoras pertenecen además a personas del círculo íntimo del Presidente Maurizio Macri y en un caso hay fuertes sospechas de que se trata de un testaferro:

Edenor: el 51% del paquete accionario pertenece a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Según la investigación del fiscal Franco Piccardi en la causa por los sobornos por el soterramiento del tren Sarmiento, la venta de IECSA de los Macri a Mindlin fue simulada, ya que la controlan juntos desde la offshore EMES, radicada en la guarida fiscal estadounidense de Delaware. Las dos M son las iniciales de los nombres de Maurizio Macri y de Marcelo Mindlin. La esposa de Mindlin es la mejor amiga de la cuñada presidencial Eliane Badesich, casada con el hermano blanqueador, Gianfranco Macrì.

Edesur: el 48,5% del paquete accionario está en manos de SADESA, cuyos accionistas son el hermano de la vida Nicky Caputo, Carlos Míguens Bemberg, Guillermo Reca y la familia Escasany. El paquete mayoritario es controlado por el grupo italiano ENE.

El Secretario de Energía Lopetegui desafió la lógica al afirmar que no sabía por qué se produjo el apagón pero que era seguro que no se repetiría. Un comunicado oficial atribuyó el corte a “una falla del sistema de transporte desde Yacyretá”. En todas las empresas que intervienen en el transporte de la energía generada en Yacyretá al Sistema Interconectado (SADI) hay participación de alguna de las empresas del holding de los Macri o sus vinculados:

• Transener, que con un complejo esquema de propiedad es controlada por Mindlin y el Estado Nacional.
• Yacylec, donde tiene una participación apenas superior al 5% SOCMA (sigla de Sociedades Macrì). En su página corporativa, el grupo italiano ENEL menciona como “subsidiarias” a Yacylec y Edesur. El sitio oficialista Chequeado, dirigido por la pareja del intendente PRO de Pilar, Laura Zommer, pretende que dado ese bajo porcentaje y que él personalmente no es el titular de las acciones, el Presidente no tiene responsabilidad por el apagón.
• Líneas de Transmisión del Litoral Sociedad Anónima (Litsa), donde el 40% del paquete accionario pertenece a los Macrì. El director de Macrì en Litsa es el ingeniero napolitano Rafaele Sardella, quien desde hace cuatro décadas se desempeña en distintas empresas de las Sociedades Macrì. Pero además, el Hada Buena lo designó presidente de Aguas de Buenos Aires, sin que por ello deje sus tareas en SOCMA.
• Cammesa, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, donde el 80% pertenece a las grandes empresas de generación, transporte y distribución eléctrica (donde tienen preponderancia los Macrì y sus allegados) y el 20% al Estado.

Todo lo cual ayuda a entender el deficiente rol del Estado en la regulación y el control.

En la privatización de los ’90 se preveía una segmentación de las empresas resultantes, de modo de impedir la integración vertical de generadores, transportistas y distribuidores, y se fragmentaron en pequeñas unidades de negocios.

Pero ese atractivo esquema teórico cedió paso en forma gradual y constante a la concentración e integración en grandes empresas.

Las tres razones

Cuando se fue la luz del Cono Sur, el gran reportero estadounidense Jon Lee Anderson tuiteó en inglés: “Parece que los apagones eléctricos no son exclusivamente evidencia del fracaso del socialismo y del castrochavismo. ¿No?”

Una retahíla de trolls le informó sobre la pesada herencia del kirchnerismo. Jon Lee se limitó a inquirir: “¿Entonces los tres años de MediocreMacrismo no tuvieron nada que ver?”

En el libro de entrevistas Y ahora ¿qué?, Alejandro Bercovich le pregunta a Axel Kicillof cuánto de lo que hizo Macri en su gobierno fue planeado y cuánto fue un error.

La notable respuesta del candidato a la gobernación bonaerense es que hay tres hipótesis: “Una es que son malos, otra es que son tontos o incapaces y la tercera es que son ladrones o que priorizan sólo sus intereses. La duda es entonces si está predominando el negocio, y el negocio arruina el plan económico; si está predominando la torpeza o la ineptitud, y eso es lo que lo arruina, o si se trata de un plan económico que arroja necesariamente esos resultados y viene acelerado o ralentizado por alguno de los otros factores. Lo que me parece a mí es que los tres componentes están presentes”. Concluye que es un mal plan, mal aplicado y con predominio de los negocios “del grupo que gobierna, pero en particular del entorno más cercano a Macrì y de los negocios del propio Macrì”.

De contrabando

Como es habitual desde que gobierna Macri, el objetivo del acuerdo se encubre tras una causa inobjetable: el traspaso del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma y a la provincia de Buenos Aires del servicio de distribución eléctrica en el Área Metropolitana (AMBA).

Negociado a partir de 2017 e incluido en el Consenso Fiscal de 2018 y en el Presupuesto de 2019, ese traspaso contó con el beneplácito de las provincias gobernadas por la oposición, porque implicaba que los mimados presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y el Hada Buena se hicieran cargo de un servicio que desde siempre pesa sobre el resto de las jurisdicciones subnacionales. Antes de traspasar el control y la regulación de la actividad, se acordó poner en orden las cuentas entre el Estado y las empresas, que tenían reclamos administrativos y juicios pendientes, y substituir al ENRE por un ente bipartito entre las dos Buenos Aires, denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico. Este fue el atractivo envase dentro del cual se contrabandeó el acuerdo económico entre el Estado nacional y las empresas. Las concesionarias mantienen millonarias deudas con el erario público, originadas según los balances de las empresas por tres ítems:

1. multas impuestas por el ENRE,
2. préstamos para inversiones otorgados por CAMMESA, y
3. deuda por pago de energía a CAMMESA.

A diciembre de 2018 esa deuda de Edenor con el Estado alcanzaba los $ 21.189 millones, en tanto que la de Edesur era de $ 21.399 millones. No es algo menor, ya que representa más de la mitad de los activos de cada una de las empresas.

El Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción se hizo público; el de Regularización de Obligaciones (acuerdo económico por las deudas de las empresas con el Estado nacional) se mantiene en secreto.

Igual que en el caso del Correo Argentino, las concesionarias pretenden conciliar esa deuda con otra que el Estado tendría con ellas. Ese es el elemento central del Acuerdo secreto. En base al reconocimiento por parte del Estado, la Secretaría de Energía anula la deuda de las empresas, e incluso ordena al Tesoro nacional pagarles una diferencia.

El texto dice que la Secretaría de Energía encomendó al ENRE que calculara la diferencia entre la tarifa recibida por las empresas entre 2006 y 2016 (incluidos los distintos mecanismos de subsidio directo o indirecto) y la que hubiera correspondido según el Acta Acuerdo de 2006. Para ello le indicó que emplearan dos metodologías distintas:

1. El Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), según el cual se recompone la tarifa a partir de un aumento de los costos superior al 6%. Con esa metodología, la diferencia en favor de Edenor sería de 22.287 millones de pesos y en favor de Edesur de 21.736 millones. En total, 44.000 millones de pesos. (Algunos técnicos de la oposición objetan ese cálculo y afirman que el resultado de Edesur con el MMC es de 8.313 millones a favor del Estado. Es decir una diferencia de 30.000 millones. Además de la estafa económica al Estado, con el monto está en discusión la política tarifaria durante el kirchnerismo. Las empresas siempre alegaron que el pésimo servicio era resultado de la falta de tarifa, como repiten hasta el hartazgo Macri y el Hada Buena. Según este análisis preliminar, eso no sería cierto.)

La polinómica de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que rige desde enero de 2017. Con ella, la diferencia en favor de Edenor ascendería a 56.946 millones de pesos y a 45.251 millones en favor de Edesur. En total, 102.000 millones de pesos.

Pero la deuda que el Estado reconoce no está cuantificada, ya que el Acuerdo consigna los dos cálculos pero no dice cuál se adopta, cosa insólita en un contrato de este tipo que obliga a las partes. Sólo Macri puede dejar en el aire una diferencia de 45.000 millones de pesos, que al cambio del cierre de esta semana supera los 1.000 millones de dólares.

Para determinar el llamado activo regulatorio se debería haber solicitado al ENRE todos los antecedentes sobre la situación patrimonial de Edenor y de Edesur.

De haber cumplido con esa obligación, Lopetegui hubiera encontrado que Edenor reclamó en un amparo judicial que las tarifas le eran insuficientes pero que Pampa Energía, titular del paquete accionario de control de Edenor, utilizó en 2012 recursos de la distribuidora para financiar el crecimiento del grupo mediante la adquisición de paquetes accionarios de las distribuidoras provinciales Edesal, Edelar y Edesa. Acusados de un mecanismo similar (adquirir empresas con impuestos cobrados y no ingresados) están presos Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Los artículos siguientes del acuerdo enumeran distintas deudas de las empresas por compras de energía a Cammesa, con el Estado Nacional a través del Fideicomiso de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico; por penalidades originadas en reclamos de usuarios; por incumplimientos de la calidad del servicio.

El Acuerdo de Regularización de Obligaciones autoriza a las empresas a utilizar los fondos adeudados a los usuarios en calidad de resarcimiento por el mal servicio para inversiones adicionales a las establecidas en la RTI para el período 2017-2021. Esto sólo estaría permitido si la calidad del servicio hubiera sido superior a la media, cosa que no sucedió.

Aunque el texto no lo diga, lo acordado es una Revisión Tarifaria Integral retroactiva, en la cual el Estado nacional reconoce ingresos adicionales a las concesionarias. Antes de concretar esa RTI el ENRE debe convocar a una Audiencia Pública, en la cual expongan su posición las empresas, el Estado y los usuarios. La obligatoriedad de la Audiencia Pública se ve reforzada dado que el acuerdo económico autoriza a las empresas a utilizar para inversiones los fondos destinados al resarcimiento de los usuarios por mal servicio. En el caso del Correo Argentino, los Macrì pretendieron computar como inversiones los pagos que realizaron por retiros voluntarios de trabajadores.

Todo esto explica la cerrada defensa de Lopetegui que mantiene Macri ante el vendaval de cuestionamientos por el apagón y su patético manejo, dentro de su gobierno y por parte del parvenu Micky Vainilla. Ojos y oídos Lopetegui personifica de mil maravillas la caracterización de Axel: un mal plan, peor ejecutado y en interés propio.

Propio de Macri, para que se entienda. El prospecto vicepresidencial reclama abrir las ventanas para que se cuele en esos impares negocios el Grupo Techint, la multinacional italiana con sede en Luxemburgo que funge como caricatura de la mítica burguesía nacional, donde la principal competencia de los Rocca fueron los Macri. Así estamos.