Perpetua para represores de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia por el Plan Cóndor
La Corte de Apelaciones de Roma decidió modificar la sentencia que había emitido en enero de 2017 en un proceso por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos italianos.
La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 represores de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de ciudadanos italianos bajo la «Operación Cóndor», como se denominó a la coordinación represiva de las dictaduras militares latinoamericanas en la década de 1970.
La Corte de Apelaciones de Roma decidió modificar la sentencia que había emitido en enero de 2017 en un proceso por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos italianos, y en la que en primera instancia había establecido solo ocho cadenas perpetuas y 19 absoluciones por la prescripción de los delitos.
Los casos revisados hoy incluyen los de los nacidos en Argentina Luis Stamponi (secuestrado en Bolivia); Alejandro José Logoluso Di Martino y Dora Marta Landi (secuestrados en Paraguay) y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia (secuestrados en Brasil).
Entre los condenados están los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, todos ellos sentenciados a perpetua hace dos años.
Además, también fue condenado el uruguayo Jorge Troccoli, residente en Italia, quien se desempeñó en la última dictadura militar en su país como capitán del servicio secreto de la Marina.
Los jueces del tribunal de la capital italiana dispusieron además resarcimientos de entre 100.000 y 250.000 euros a las partes civiles, y de 1 millón a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia, informó el diario Corriere en su edición online.
En la sentencia se sumaron las condenas perpetuas de los uruguayos Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, y Juan Carlos Larcebeau, entre otros.
La nueva sentencia se dio luego de que la fiscalía de Roma pidiera el pasado 18 de marzo la revisión de la decisión que la Justicia había tomado en 2017.
En un principio la acusación de la Fiscalía romana iba dirigida a 146 personas, entre ellos 61 argentinos, que finalmente no pudieron ser acusados en el juicio por trabas burocráticas en las notificaciones, como en los casos del ex presidente de facto Jorge Videla y el almirante Emilio Massera, ambos fallecidos.
El juicio empezó el 12 de febrero de 2015 con 33 imputados, incluidos tres dictadores, aunque por su edad y la muerte de algunos se redujo al número a los 27 acusados sobre los que la fiscalía reclamó cadena perpetua en octubre pasado.