Michetti: «Sin un privado que ofrezca una coima o soborno, no habría corrupción»
La vicepresidenta participó del Segundo Congreso Internacional de Compliance , que se desarrolló bajo el título: "Buenas prácticas de transparencia en Argentina y América Latina".
La vicepresidenta Gabriela Michetti pidió al empresariado argentino que «ayude» a combatir la corrupción y reclamó al Poder Judicial que «se encargue de hacer efectivas las sanciones» a quienes cometieron estos delitos, sean personas humanas o jurídicas.
Así se expresó la vicepresidenta en el Segundo Congreso Internacional de Compliance, bajo el título «Buenas prácticas de transparencia en Argentina y América Latina» que se realizó en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Michetti se refirió a la importancia de la entrada en vigor en 2018 de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria, que responsabiliza penalmente de manera independiente a las personas jurídicas privadas locales por la comisión de ciertos delitos contra la administración pública y el soborno transnacional.
«La corrupción ha generado un perjuicio importante a nuestro país. Y claramente la corrupción de las empresas fue un factor decisivo en años anteriores. La transparencia es el camino más importante para combatir la corrupción», dijo la vicepresidenta.
Y señaló que esa transparencia debe estar presente en el sector público y en el privado, dado que «sin un privado que ofrezca una coima o soborno, o acepte coimear o sobornas, no habría corrupción. Hay mucha teoría sobre la cuestión».
Michetti insistió con que la colaboración de los privados para luchar contra la corrupción «resulta esencial» y dijo que «no alcanza solo con implementar programas de integridad sino que es importante también elegir como socios a aquellos que respeten los estándares, porque eso potencia la lucha contra la corrupción».
«La amenaza a las empresas no alcanza si no se complementa con la efectiva sanción sobre los casos que se apartan de la legalidad. Esperemos que en el futuro el Poder Judicial se encargue de hacer efectivas las sanciones y reforzar el mensaje según el cual quien comete un acto de corrupción será castigado», dijo Michetti.
La voz de los especialistas
Lina Anllo, presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA), también insistió en la necesidad de que las empresas apliquen las medidas para que no se cometan delitos e infracciones.
«Las capacitaciones sobre compliance deben dirigirse a los directores, administradores, empleados y terceros vinculados, lo cual incluye el código de ética y los protocolos de relación con el Estado», aseveró Anllo.
«Un tuit puede afectar el valor reputacional de la empresa», reflexionó la experta y refirió que tras la entrada en vigencia el año pasado de la Ley 27.401 resulta imprescindible que cada compañía identifique sus riesgos.
«El que negocia la licitación no puede ser el que luego se encargue del pago», expuso la especialista.
Claudia Gutiérrez y Mónica Huertas, vicepresidenta y presidenta de los Capítulos Bolivia y Perú de la WCA, respectivamente, hablaron de las experiencias en sus países.
«Con el dinero que se pierde por corrupción cada año en el mundo se podrían alimentar a los más vulnerables por una década», afirmó Gutiérrez.
En Perú, por ejemplo, la Corte recibió la certificación ISO 37001, vinculada con las prácticas antisoborno.
Sobre la reputación Emilio Cornejo Costas, también miembro del Capítulo Argentino de la WCA refirió que no es el Estado el que está evaluando la existencia y solvencia de los programas de integridad (o compliance), sino los bancos y multinacionales.
«Las compañías con alta reputación generan un mejor clima laboral», manifestó Gustavo Nigohosian, Internal Control & Compliance Director de la Corporación América Airport, que en un año ejecutó la certificación de controles internos.