Obra pública: peligran 2.000 puestos de trabajo y crece la preocupación en las constructoras 

Creció la preocupación dentro de las empresas constructoras de la provincia de Santa Fe ante la falta de recursos del Estado provincial y los municipios –como Rosario- para continuar con las obras públicas y podrían correr riesgo unos 2.000 puestos de trabajo.

El recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana profundizaría la compleja situación del sector.

Conclusión dialogó con Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario, quien explicó que a raíz de las medidas anunciadas por Mauricio Macri durante la semana pasada -principalmente el aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias- la provincia verá reducidos sus ingresos.

Es que el impuesto a las ganancias es coparticipable, es decir que un porcentaje de éste se destina a las provincias. Al reducirse los ingresos de éste tributo, Santa Fe perderá $2.535 millones en lo que resta del año, por lo que deberá reducir sus gastos y la obra pública es un sector donde se anticipan ajustes.

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«Una cosa es saberlo de antemano, antes de hacer el presupuesto del año y otra cosa es tener este anuncio de un día para el otro, con todas las obras presupuestadas», criticó Llenas.

En este sentido, los representantes de las delegaciones de Rosario y de Santa Fe de Cámara Argentina de Construcción (CAC), junto con los ministros de Economía provincial, Gonzalo Saglione, e Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Obras Públicas, Pedro Morini, y el secretario de Hábitat, Diego Leone, analizaron los números de las obras públicas.

Un aspecto que apareció en la mesa es el recorte de recursos de Nación a las provincias por distintas vías –subsidios al transporte, fondo sojero- y el no pago, como es el caso de Santa Fe de los 5.800 millones de pesos del convenio bilateral para Caja de Jubilaciones, que debería haber girado en el primer trimestre del año. A Córdoba esos fondos fueron transferidos en 2018.

Esto provoca una creciente deuda flotante que impacta en la actividad y que se agravó esta semana aún más con la fuerte devaluación del peso.

Frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector de la construcción consensuaron reducir el ritmo de los trabajos, pero eso provoca un menor flujo no sólo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos como las pólizas de seguros, jefe de obras, entre otros. Y de eso se tienen que hacer cargo las empresas.

El gerente de la CAC confirmó a Conclusión que la reducción de la obra pública en la provincia ya es un hecho y que se analizará la situación de cada uno de los contratos que existen en este momento y que están en ejecución para así evaluar la mejor situación para cada uno.

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Además, Llenas señaló que desde la provincia se calcula que la reducción en la obra pública afectaría a 2.000 puestos de trabajo.

«Hay 40.000 empleos registrados de la construcción en la provincia de Santa Fe, y estimamos que un 25 por ciento corresponden a obra pública, el resto a obra privada, o sea que estaríamos hablando de diez mil obreros. Éstas obras en sí afectarían a un 20 por ciento de esa plantilla de 10 mil que actualmente están ocupados», detalló. La mayoría de las obras que se verán disminuidas son de pavimentación o de rutas.

Finalmente, el representante de los constructores indicó que desde el sector aún no dialogaron con figuras del próximo gobierno provincial, al mando de Omar Perotti.

Ante tal situación, las partes acordaron reunirse a partir de ahora cada dos semanas con la intención de hacer un seguimiento más fino de la situación. También se prevé convocar a la mesa a referentes que designe el gobernador electo Omar Perotti para facilitar una transición en una situación económica compleja.

Además, los constructores probablemente pedirán a los legisladores nacionales y candidatos a diputados para que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia, que aliviarían en parte la problemática que atraviesan las empresas y el riesgo laboral que esto conlleva.