Crece la tensión entre Nación y provincias: ¿el conflicto llega a la Corte?

Por Aldo Battisacco – Enviado Especial a Buenos Aires.- La controversia desatada por el anuncio del Gobierno de mediados de la semana pasada, tras el magro resultado obtenido por el oficialismo en las Paso, alcanzó este miércoles su punto más álgido en relación a la relación federal del poder.

Gobernadores del arco opositor se reunieron en horas del mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a fin de analizar el impacto en la coparticipación de las medidas impositivas anunciadas por el gobierno nacional sobre el IVA, Ganancias y el congelamiento de los precios del combustible.

Urtubey, gobernador salteño y candidato a vicepresidente por Consenso Federal, afirmó: «Estas medidas no le sirven a la gente y generan desfinanciamiento de los presupuestos provinciales. Se requiere mayor serenidad y no hay que tomar cualquier medida a tontas y a locas».

Consultado por Conclusión respecto al impacto de la medida, detalló: “Afecta lo financiero también, no sólo presupuestario, pensá que estás hablando de dividir el presupuesto en 13 ejercicios y esto te paga cuando tenes que cerrar. Te pegan un sablazo de 1.200 millones y te impacta muchísimo. Las decisiones generan un fuerte impacto fiscal y tienen vigencia en dos meses, no resuelve el problema estructural de Argentina. Si no va a solucionar el problema y vamos a desfinanciar provincias, qué sentido tiene”.

Juan Manuel Urtubey

“No se puede disponer de lo que no es propio. No discutimos las medidas del gobierno nacional, sino como se financia. No estamos pidiendo nada, solamente plantear que los recursos de las provincias son de las provincias. Una decisión incolsulta, con un impacto fiscal tan grande, borra con el codo lo que se escribió durante 3 años y medio de gestión, no parece comprensible”, añadió el mandatario salteño.

De esta manera, 19 provincias (hubo 18 gobernadores y el ministro de Economía de Córdoba) ratificaron lo que venían expresando a través de distintos voceros: el reclamo al Ejecutivo nacional por disponer de recursos provinciales, a la vez que siguen “predispuestos al diálogo” para que “sean respetados los derechos de cada estado provincial”.

Respecto a los pasos futuros, el salteño dijo a Conclusión: “Estamos supeditados a lo que plantee el gobierno, pero tenemos un plan de acción que significa garantizar derechos de las provincias, porque no son recursos nuestros, es una obligación constitucional”.

“Con recursos que corresponden al gobierno nacional, que haga lo que le parezca, y con los de las provincias que se abstenga porque no son del gobierno nacional. Obviamente, vamos a seguir a disposición para el diálogo y sino tenemos respuesta vamos a ir a la justicia para tutelar nuestros derechos. Lo que hace el gobierno es algo incostitucional”, concluyó.

De esta manera, los mandatarios presentes no aseguraron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, pero si no media una respuesta oficial todo indica que la cuestión se dirimirá allí. Por lo pronto, las provincias afectadas por el congelamiento de combustible ya avisaron que irán al máximo tribunal.

Del encuentro también participaron los gobernadores de Santa Fe, Miguel Lifschitz; Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa); Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Casas (La Rioja); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Domingo Peppo (Chaco); Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos) Juan Manuel Urtubey (Salta); Alberto Weretilneck (Río Negro); Carlos Verna (La Pampa); Omar Gutiérrez (Neuquén); Sergio Uñac (San Juan) y Mariano Arcioni (Chubut) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Tensión en aumento

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el decreto del Gobierno en el que se dispuso congelar por 90 días el precio de los combustibles en el país.

Los mandatarios Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Omar Gutiérrez, de Neuquén, argumentaron que la decisión oficial genera un perjuicio directo en sus provincias, ambas petroleras.

Ambos gobernadores plantean que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno modifica de forma arbitraria e inconstitucional el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías.

Esta situación afecta directamente las rentas públicas de ambas provincias, según esgrimieron Weretilneck y Gutiérrez, dado que el DNU influye en la percepción de impuestos que ingresan a las arcas de Río Negro y Neuquén por la explotación de sus reservas de hidrocarburos.

Alberto Weretilneck

Consultado por Conclusión, el mandatario rionegrino, confirmó que momentos previos al encuentro de los gobernadores en el CFI, ambos estados presentaron una «medida cautelar pidiendo la inconstitucionalidad desde la decisión del gobierno de fijar un valor distinto del dólar para liquidar el crudo, por lo tanto plantamos que se vuelva al sistema original o que se instrumenten otras medidas para garantizar el objeto que persigue el Gobierno».

«Entre IVA, ganancias, regalías y monotributo se llega a 1000 millones de pesos desde agosto a diciembre», explicó Weretilneck.

Por su parte, el secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, advirtió miércoles que el Gobierno pone en riesgo la «paz social» en Vaca Muerta con el congelamiento del tipo de cambio para el pago del crudo en boca de pozo.

Advirtió que esa medida, adoptada tras la fuerte devaluación, «impactará en las inversiones».

Con el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19, el presidente Mauricio Macri congeló el precio del crudo y de los combustibles por 90 días para evitar una fuerte suba de precios tras la depreciación del peso.

Según Pereyra, ese congelamiento llevará a las empresas a revisar sus inversiones -que estaban previstas en 8.500 millones de dólares para 2020-, lo cual expone a los trabajadores a una situación de «suspensiones y despidos», y compromete «la paz social» firmada junto a la paritaria desde 2017.