La emergencia alimentaria ya es ley: el Senado la aprobó por unanimidad

Por Aldo Battisacco – Enviado Especial a Buenos Aires.- El Senado sancionó este miércoles por unanimidad la ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, después de un debate en el que el oficialismo recibió numerosas críticas y respondió sobre el final, para el enojo de una parte del peronismo.

Menos de una semana después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa impulsada por la oposición con el acompañamiento del oficialismo, el Senado la convirtió en ley con 61 votos a favor.

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Si bien la Cámara alta repitió el esquema que usó Diputados de un debate con pocos oradores a fin de avanzar rápido con el tema (reclamado principalmente por los movimientos sociales) el debate fue menos amable que aquel.

A lo largo de la sesión solo tomaron la palabra los senadores de la oposición y algunos de ellos apuntaron directamente contra el Gobierno e incluso dedicaron chicanas referidas al resultado de las elecciones primarias de agosto, mientras que la respuesta del oficialismo llegó al final, con el discurso de cierre del jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff.

Tras la aprobación de la ley de Emergencia Alimentaria el recinto, el senador oficialista Federico Pinedo sostuvo que la emergencia alimentaria «viene ejecutándose desde el año 2002» y que «lo que ha resuelto el Congreso es prorrogarla 2 años más».

«Se han aumentado partidas lo cual da más herramientas al trabajo conjunto que hace gobierno nacional con las provincias para atender necesidades que pudieran aparecer», agregó.

Federico Pinedo

Consultado por la premura con la que se trató el proyecto, afirmó: «Es una emergencia, si hay una sola persona con hambre que el estado tiene que paliar es una emergencia que se tiene que resolver, con esa mirada lo resolvieron las dos cámaras. Se esta resolviendo».

En tanto, el presidente del bloque de senadores justicialistas, el cordobés Carlos Caserio, sostuvo que «más allá de las distintas opiniones la votación fue muy positiva».

«Nuestra posición es muy clara, nuestro bloque está absolutamente convencido que esto es necesario, y hay críticas pero creo que todos tenemos claro que la situación de este país en diciembre no va a ser la misma. Por otro lado nos pareció lógico que en función de la devaluación tengamos más plata para asistencia social, en un país como este con tremendos recursos, que alimentamos a 400 millones de personas en el mundo, es una tragedia no poder tener plato un de comida en muchos hogares», se explayó el legislador.

En ese sentido, el senador que reemplazó a Miguel Pichetto al frente del bloque peronista en la Cámara Alta, aseguró: «La emergencia marca la realidad que vivimos, los problemas sociales se solucionan cuando no se tienen políticas económicas erráticas, la ley es un paliativo».

Consultado por Conclusión respecto a la mayoritaria porción de recursos que se asignan a la Provincia de Buenos Aires a partir de esta emergencia (de los 18 mil millones de pesos 16 mil millones irán a ese distrito», Caserio lo consideró «preocupante».

«En el recinto di números para eso, di explicaciones, está claro que las provincias reciben mucho menos que el año pasado, algunas nada, eso lo tiene que modificar el gobierno nacional», aseveró.

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Carlos Caserio

Por último, preguntado por la ausencia del senador Miguel Pichetto, dijo que «evidentemente hubiese tenido visión distinta», a raíz de sus últimas declaraciones en las que aseguraba que «hablar de hambre en la Argentina es una exageración».

«No vino, en esta situación de crisis, no hay que echarle la culpa a la gente, nadie quiere ser pobre, mandar a sus hijos a un comedor ni que coman en la escuela porque no comen en su casa, es un desafío que tiene que resolver el estado», cerró el legislador cordobés.

El proyecto

La nueva ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año.

Establece un incremento de al menos el 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

De acuerdo a un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso el desembolso será de aproximadamente 10.489 millones de pesos.

La nueva norma también faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el Indec.