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JUEVES, 21 DE NOV
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Golpe de Estado, caos social y dictadura: los últimos diez días en Bolivia

El domingo pasado, todos los interrogantes que había sobre un posible intento de golpe a Evo Morales terminaron transformándose en realidad. El informe de la OEA, el llamado a elecciones, el exilio a México, la autoproclamación de Áñez y las revueltas en las calles, algunos episodios de una semana histórica.

Golpe de Estado, caos social y dictadura: los últimos diez días en Bolivia
Foto: AFP

Diez días que quedarán en la historia. Si bien el conflicto tiene precedente desde más atrás en el tiempo y parece lejos de resolverse, todos los eventos ocurridos en la última semana y media en Bolivia resultan de vital importancia para la historia latinoamericana y seguramente será material de análisis y estudio para muchos años más.

Un día después del susto vivido por Evo Morales el 4 de noviembre, luego de que el helicóptero que lo transportaba tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia debido a una falla mecánica, hecho que está siendo investigado como un posible sabotaje para atentar contra su vida, el aparato del «Proyecto Democracia» de Estados Unidos, junto a sus principales promotores bolivianos, se mostraba decidido a impedir que el presidente asuma su cuarta reelección.

Una semana antes, el 20 de octubre, Morales había triunfado en primera vuelta imponiéndose por sobre Carlos Mesa, con polémica en el medio por una detención del escrutinio cuando la diferencia mostraba por poco que se debía realizar un ballotaje, en un hecho que luego generaría la investigación de la OEA y las hipótesis de fraude.

El miércoles 6 de noviembre, tuvo lugar uno de los episodios más polémicos en la previa de lo que sería el golpe de Estado del domingo, cuando militantes derechistas agredieron brutalmente a la intendenta de Vinto, Patricia Arce Guzmán, a quien atacaron a golpes, bañaron con pintura roja, le cortaron el pelo y le pidieron su renuncia.

Al día siguiente, el ministro de Defensa de Bolivia, Eduardo Zavaleta López, expresó su temor de que hubiese “muertos por docenas” si no cesaba la violencia.

El fin de semana crucial arrancó con el amotinamiento de la policía declarada en rebeldía en distintas localidades del país el sábado, empezando por Cochabamba y sumándoseles luego Sucre, Santa Cruz y Oruro –donde los agentes incluso tomaron la gobernación-, entre muchas otras.

Con un clima de tensión en aumento, el Grupo de Puebla, reunido en Buenos Aires e integrado por dirigentes políticos de América Latina, amaneció el domingo con un llamado a “preservar la paz y el respeto por el orden constitucional” en Bolivia, manifestando su solidaridad con Morales y “con su pueblo democrático y pacífico” y repudiando el intento de golpe de Estado.

Momentos más tarde, en horas del mediodía, el presidente Evo Morales convocaba a nuevas elecciones ante las denuncias de la OEA y afirmaba que renovaría a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral.

No obstante, dirigentes opositores se expresaron respondieron rápidamente para exigirle que se retire de estos nuevos comicios, señalándolo como responsable de haber cometido fraude luego de que la Organización de Estados Americanos denunciara irregularidades en el proceso electoral, señalando –sin la suficiente evidencia necesaria– como “improbable” que Morales obtuviera más del 10 por ciento de votos de ventaja necesario para evitar una segunda vuelta contra Mesa.

Entrada la tarde, cerca de las 17, las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia a Evo Morales. El comandante en jefe Williams Kalima se sumaba a avanzar en un golpe de Estado y exclamaba: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”. A este pedido también se le había sumado previamente la Iglesia boliviana y la central obrera del país. Inmediatamente, Evo Morales dejaría su cargo y comenzaría una feroz persecución contra él y funcionarios allegados.

Uno de los primeros en responder sería Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, avalando el golpe de Estado: “Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la constitución de Bolivia”.

Por el lado argentino, el embajador en aquel país, Normando Álvarez García, fue el primero en hablar, asegurando que para el gobierno de Mauricio Macri no había “ningún golpe de Estado”, aunque aclarando que él tenía un pensamiento distinto y reportando que se estaban escuchando “bombas, disparos” y había “saqueos a supermercados”.

En las calles, los opositores se repartían entre aquellos que celebraban y otros que, envalentonados, comenzaban a perseguir a quienes hasta el domingo eran oficialistas, irrumpiendo en la casa de Morales y generando saqueos e incendios en hogares de otros funcionarios y familiares. Al mismo tiempo, comenzaba la represión policial contra los manifestantes pro-Evo Morales, y funcionarios del gobierno comenzaban a exiliarse a otros países o a refugiarse en las embajadas de La Paz.

El primer país en responder favorablemente para Morales fue México, que el lunes 11 de noviembre, a través de una conferencia de si presidente Andrés Manuel López Obrador le ofrecería asilo político al ahora ex presidente boliviano, denunciando además golpe de Estado.

Mientras tanto, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamaba presidenta de Bolivia, con “el objetivo de convocar a elecciones”, y en Rosario y distintas localidades argentinas la gente se movilizaba en repudio.

“México me salvó la vida”, declararía Morales el martes 12, justo después de aterrizar en el país azteca, en un traslado que, según funcionario mexicano, fue coordinado con el presidente electo argentino Alberto Fernández.

En Bolivia, en medio de manifestaciones el Congreso no sesionó por falta de quórum. Sin embargo, los senadores oficialistas llevaron adelante de igual manera la jornada, autorizando la autoproclamación de Áñez Chávez. Al mismo tiempo, renunciaba el ministro de Defensa, Zavaleta, y un jefe policial moría tras caerse de su moto. Fuera del Palacio legislativo, la Central Obrera de Bolivia amenazaba con un paro general si no se reestablecía el orden constitucional en menos de 24 horas.

La mañana del miércoles 13 de noviembre comenzaba con una denuncia desde México de Evo Morales a la OEA “por estar al servicio del imperio norteamericano”. Por la tarde, fuerzas armadas golpearon violentamente a parlamentarios, entre ellos la auténtica presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, e intentaron impedir que el Senado sesione. Legisladores del MAS denunciaban que ya había al menos 8 muertos en manos de la policía y el ejército.

En el Palacio Quemado de La Paz, mientras tanto, la autoproclamada presidenta Áñez conformaba un gabinete de línea dura nombrando a Carlos Orellana como comandante de las fuerzas armadas.

El jueves, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, remarcaba que su país no reconoce a Jeanine Áñez como presidente de Bolivia, dando esa entidad «sólo a presidentes surgidos de elecciones». El jefe de la diplomacia argentina, Jorge Faurie, negó en todo momento que hubiera indicios de que lo ocurrido en Bolivia fuera un golpe de Estado, al tiempo que el presidente electo Fernández sí lo reconocía como tal y ofrecía a Evo asilo en el país.

Manifestantes de El Alto, localidad vecina a La Paz y una de las más fervientes a la hora de movilizarse contra el golpe, denunciaban que la policía no informaba sobre detenidos. En la Cámara de Diputados, la legisladora Alicia Canqui Condori denunciaba que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, había planeado el golpe con Ivanka Trump, primera dama estadounidense. En Argentina, varios funcionarios regionales de Evo Morales habían ingresado al país para protegerse, según informó Patricia Bullrich.

Esa noche, en la misma sesión en la que se acusaría al Morales argentino, la Cámara alta boliviana eligiría como presidenta del Senado a Eva Copa, quedando como segunda en la línea sucesoria del jefe de Estado en Bolivia y, por consiguiente, quien auténticamente podría proclamarse la presidencia en caso de una renuncia del presidente y vice. Sin embargo, Áñez inmediatamente anunció que no la reconocería.

Tras varios días de silencio, la OEA volvió a hablar el viernes y a través de su presidente, Luis Almagro, convalidó el golpe de Estado al reconocer a Áñez como la «presidenta del Gobierno provisional». Al mismo tiempo, un centro de investigación estadounidense demostraba que no había evidencia de fraude en Bolivia, interpelando el informe preliminar y las declaraciones de la OEA.

Las expresiones de fascismo se fueron sucediendo entre los ministros de facto. «Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera», dijo el ministro de gobierno de facto Arturo Murillo. Por su parte, Roxana Lizárraga, ministra de Comunicaciones de facto advirtó que se aplicará la ley contra “aquellos periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición”, ya sean nacionales o extranjeros, con el fin de que no informaran sobre los hechos que ocurren en Bolivia.

En definitiva, lo que en un primer momento se vislumbró claramente como un golpe de Estado, con el pasar de los días se fue afianzando con persecución a los integrantes del partido de Evo Morales, la prohibición del ingreso al Congreso de la senadora Salvatierra con el objetivo de que no pueda tomar el cargo de presidenta. También se vive represión por parte de las fuerzas armadas a los manifestantes en contra del nuevo régimen, censura, intervención de medios y amenazas a la prensa. En definitiva, una suspensión del estado de derecho, lo que consolida una dictadura.

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