Paro general en Colombia: la ONU mostró su preocupación por el alza de la violencia
El país colombiano se encuentra inmerso en una situación económica que expulsa a gran parte de la población hacia el desempleo o los bajos salarios. La ebullición social crece y el Gobierno de Iván Duque planea endurecer la represión en las calles.
Una huelga general en Colombia atemoriza a aquel país pero además ha llamado la atención de la ONU, preocupada por los derechos humanos.
Las reivindicaciones son económicas y sociales, en un país que sigue atormentado por hechos de violencia interna.
De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el 44 por ciento de los trabajadores está por debajo del salario mínimo legal, es decir, inferior a los 828.116 pesos (240 dólares).
Asimismo, el modelo de contratación laboral, conduce a la eliminación de organización sindical. Por su parte, sectores estudiantiles denuncian «desfinanciación» de la educación pública.
En cuanto a las pensiones, más de 8.5 millones de personas cotizan mensualmente, pero sólo tres millones logran adquirir una jubilación.
Recientemente el Gobierno propuso una Ley de Financiamiento que establece el gravamen de casi toda la canasta familiar en un 18 por ciento por dos años.
Para combatir el desempleo en los jóvenes, el Ejecutivo propone que trabajen con un 75 por ciento del salario mínimo.
De su lado, las Naciones Unidas hicieron un llamado a las personas que van a participar de las marchas, para que participen de «manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación».
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado preocupante: «En algunos casos se han hecho públicos videos que indican que estarían conformándose grupos de ciudadanos que amenazan con ejercer violencia para proteger sus bienes. Hasta el momento la Oficina desconoce si existen investigaciones por estos hechos y si hay avance en las mismas».
Otra de las preocupaciones tiene que ver con el aumento de la presencia de miembros del Ejército Nacional en las calles de algunas ciudades de Colombia en los días previos a la manifestación.
Entonces recordó que, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, la atención a situaciones que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, son responsabilidad de los cuerpos policiales.
«La Oficina recuerda que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales», señaló.
También mostró preocupación por la expedición, por parte del Gobierno Nacional, de varios decretos, circulares e instructivos que contemplan la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda, y el apoyo militar para el control del orden público en el marco de las jornadas de este jueves.
Diversos sectores populares de Colombia ratificaron su participación en la jornada de paro nacional, donde expresan su rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Iván Duque. A la vez, exigen el respeto a la vida y garantías de participación política.
Por otro lado, en el departamento del Cauca mataron con bombas a cinco niños e indígenas.
De acuerdo al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 777 líderes sociales y 137 excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).