Tensión en Colombia: paro nacional, toque de queda, corte de rutas y enfrentamientos

Enfrentamientos entre manifestantes y la policía antimotines, bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias en varias ciudades y estaciones de subte cerradas marcan las primeras horas del paro nacional en Colombia, convocado por organizaciones sociales contra «el paquetazo» de medidas del presidente Iván Duque que incluye reformas laborales y previsional.

En Medellín se reportaron los primeros enfrentamientos entre el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y encapuchados durante el transcurso de una movilización que se dirigía hacia el parque de las Luces, donde se hará la primera concentración liderada por el gremio de maestros.

En Bogotá, desde la madrugada empezaron los primeros reportes de bloqueos en las estaciones del Transmilenio (TM), el sistema de transporte público de la ciudad capital: «Se detiene la flota y se cancela alimentación. Los buses inician retornos en la estación 21 Ángeles», explicó TM a través de su cuenta de Twitter.

En el populoso sector de Suba, en el noroeste de Bogotá, también había esta mañana bloqueos esporádicos en algunas estaciones del TM y conatos de enfrentamiento entre la Policía y manifestantes.

Al grito de «el pueblo unido jamás será vencido», una multitud increpó a policías que acudieron al lugar y lanzaron gases para dispersar a quienes bloqueaban los accesos.

Anoche el presidente, Iván Duque, advirtió que garantizará el orden durante el paro. «Defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad», aseguró mientras crecen los temores de contagio regional, tras las crisis desatadas en Chile, Ecuador y Bolivia.

Duque reiteró en una alocución que «hay unos pocos» que ven en el derecho a la protesta «una oportunidad de agitación basada en mentiras», y que lo único que buscan es generar división entre los colombianos.

Las autoridades aseguran tener datos fiables de la posibilidad sobre la preparación de actos de vandalismo.

Como prevención, las clases se suspendieron en muchas universidades y colegios y varias empresas reorganizaron sus horarios laborales, mientras los alcaldes garantizaron el funcionamiento de los sistemas de transporte, informó el periódico bogotano El Tiempo.

Al paro, llamado a principios de octubre por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras del país, fue creciendo en convocatoria con la adhesión de otras organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles.

El gobierno asegura que no hay ningún texto definido en relación a los temas que concentran el reclamo popular, y que los proyectos que presente serán concertados.

Pero las organizaciones de trabajadores argumentan que varios voceros del Ejecutivo ya dejaron claro que apuntan a la flexibilización laboral y a debilitar el organismo estatal que gestiona las jubilaciones, a favor de los fondos privados.

El amplio abanico de exigencias incluye el fin del incesante asesinato de líderes sociales, indígenas y ex combatientes que firmaron la paz, las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas y la estigmatización de la protesta social.

Desde el lunes, las Fuerzas Armadas y la Policía permanecen en acuartelamiento «de primer grado» por orden del comandante, Luis Fernando Navarro, quien instruyó la medida como prevención.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que el gobierno dará plena potestad a alcaldes y gobernadores para tomar decisiones extraordinarias, entre ellas el toque de queda, para garantizar la seguridad y el orden público durante la huelga.

Las autoridades temen que el llamado se vea potenciado por el creciente descontento popular ante un Ejecutivo que mantiene abiertos múltiples frentes de fricción social, lo que despierta -entre los organizadores- grandes expectativas.

Recientemente y de golpe, Bolivia, Chile y Ecuador fueron escenario de fuertes crisis políticas marcadas por protestas callejeras que aunque con efectos y causas diversas, son interpretadas como un movimiento telúrico que recorre la región con fuerza potencial para erosionar, como mínimo, gobiernos.

La ONU, inquieta

La huelga general en busca de reivindicaciones económicas y sociales en Colombia atemoriza a aquel país pero además ha llamado la atención de la ONU, preocupada por los derechos humanos en un país que sigue atormentado por hechos de violencia interna.

De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el 44 por ciento de los trabajadores está por debajo del salario mínimo legal, es decir, inferior a los 828.116 pesos (240 dólares). Asimismo, el modelo de contratación laboral, conduce a la eliminación de organización sindical. Sectores estudiantiles denuncian «desfinanciación» de la educación pública.

En cuanto a las pensiones, más de 8.5 millones de personas cotizan mensualmente, pero sólo tres millones logran adquirir una jubilación.

Recientemente el Gobierno propuso una Ley de Financiamiento que establece el gravamen de casi toda la canasta familiar en un 18 por ciento por dos años.

Para combatir el desempleo en los jóvenes, el Ejecutivo propone que trabajen con un 75 por ciento del salario mínimo.

De su lado, las Naciones Unidas hicieron un llamado a las personas que van a participar de las marchas, para que participen de «manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación».

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado preocupante: «En algunos casos se han hecho públicos videos que indican que estarían conformándose grupos de ciudadanos que amenazan con ejercer violencia para proteger sus bienes. Hasta el momento la Oficina desconoce si existen investigaciones por estos hechos y si hay avance en las mismas».

Otra de las preocupaciones tiene que ver con el aumento de la presencia de miembros del Ejército Nacional en las calles de algunas ciudades de Colombia en los días previos a la manifestación.

Entonces recordó que, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, la atención a situaciones que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, son responsabilidad de los cuerpos policiales.

«La Oficina recuerda que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales», señaló.

También mostró preocupación por la expedición, por parte del Gobierno Nacional, de varios decretos, circulares e instructivos que contemplan la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda, y el apoyo militar para el control del orden público en el marco de las jornadas de este jueves.

Diversos sectores populares de Colombia ratificaron su participación en la jornada de paro nacional, donde expresan su rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Iván Duque. A la vez, exigen el respeto a la vida y garantías de participación política.

Por otro lado, en el departamento del Cauca mataron con bombas a cinco niños e indígenas. De acuerdo al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 777 líderes sociales y 137 excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).