Más de 400 familias desplazadas en el suroeste de Colombia por enfrentamientos armados

Más de 400 familias debieron abandonar sus hogares a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados en las zonas rurales al suroeste de Colombia, donde se vive una situación humanitaria alarmante que reactivó los desplazamientos de civiles y desnudó el creciente clima de violencia que atraviesa el país en medio de la crisis del acuerdo de paz con las ex FARC.

Los desplazamientos tuvieron lugar en el municipio de Roberto Payán, en el estado de Nariño y, para su alcalde, Juan Carlos Sinisterra, la situación es «altamente preocupante». La última tanda de 35 familias que abandonaron sus casas ya ingresaron a los albergues del Estado local, según la agencia de noticias DPA.

En Colombia, un país que sufre un conflicto armado desde hace más de 50 años, el número de personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares supera a República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria, Yemen y Siria.

La persistencia de los combates convirtió a Colombia desde 2015 en el país que más desplazados internos del mundo: más de 9 millones de personas, cerca del 10% de su población.

El acuerdo de paz y el desarme de las ex FARC no puso fin a la guerra interna o a la violencia en el país.

En los departamentos de Santander, Nariño, Antuioquía y Chocó, disidentes de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra y bandas narcotraficantes combaten en medio de la población civil para ocupar los territorios que antes controlaba la ex guerrilla.

Según Sinisterra, esta situación «ya ha desbordado la capacidad de respuesta desde lo local» y aseguró que la ayuda del Estado se vuelve necesaria.

Tras el acuerdo de paz con las FARC y ante las promesas incumplidas por parte del Estado colombiano, estas regiones del suroeste se han convertido en las llamadas zonas espacios «vacíos», que solo son cubiertos por el Estado con una presencia militar, pero sin las asistencias sociales, económicas, de salud, educativas y de derechos humanos, individuales.

Como consecuencia de la disputa por el control territorial de las zonas abandonadas por las FARC tras el acuerdo de paz, las zonas rurales del interior de Colombia se convirtieron en un escenario confuso de reconfiguración y reposicionamiento de grupos armados ilegales o paramilitares algunos y relacionados con el narcotráfico otros.

Pese al control policial y la militarización de las zona, las personas siguen muriendo. Cerca de 250 líderes sociales fueron asesinados en el país el año pasado y, según denunció la ONG Somos Defensores, 600 defensores de derechos humanos fueron amenazados de muerte, mientras que en lo que va del 2020 ya se contabilizan 27 líderes sociales asesinados, muchos de ellos vinculados a los compromisos y tareas creadas por el acuerdo de paz.

En tanto, Sinisterra explicó que «la dificultad se presenta en la zona rural ante la complejidad del acceso, justamente porque no se tiene el territorio por parte del Estado y quedaríamos en medio de esa confrontación armada».

En los últimos meses, miles de personas han marchado en todo el país para reclamar seguridad y justicia al gobierno nacional de Iván Duque, una exigencia que también replicó la ONU en su última visita al país.