Presidente de El Salvador llamó a la insurrección civil tras desplegar militares frente al Congreso

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo alcanzó un nuevo pico en las últimas horas en El Salvador, luego de que las bancadas opositoras no dieran quórum para aprobar un millonario presupuesto de seguridad y el gobierno, que desplegó a militares en la puerta del Congreso, llamara a «una insurrección» civil para exigir una sesión y advirtiera que los diputados «tienen que llegar por mandato constitucional».

“La convocatoria del Consejo de Ministros se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible. Los diputados no serán responsables de lo que sus fracciones hagan y solo responderán por sus propias acciones. La Constitución también es clara en este punto”, afirmó anoche el presidente Nayib Bukele, quien citó el artículo de la carta magna permite al gobierno convocar a una sesión «cuando los intereses de la República lo demanden».

El mandatario también invocó el artículo 87 de la Constitución para convocar este domingo a una «concentración ciudadana» que presione a los diputados de la oposición para dar quorum y aprobar un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para equipar y reforzar a las fuerzas de seguridad y militares en su lucha contra las maras y el crimen organizado, según la agencia de noticias DPA.

El artículo 87 «reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.»

Hace unas semanas, las bancadas opositoras que controlan la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo unicameral de El Salvador, decidieron retirar de la agenda el dictamen para aprobar el préstamo del BCIE que el gobierno de Bukele había pedido como prioridad.

El préstamo, a pagar en 20 años y con 36 meses de gracia, se utilizará para financiar la fase III del Plan Control Territorial, que consiste principalmente en modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía con «equipo e infraestructura de videovigilancia», «movilidad estratégica», «equipo táctico» y «hospitalario».

El centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, no apoyan el préstamo porque, aseguran, no tienen garantías del gobierno de cómo se ejecutará y fiscalizará.

El sábado, presionado por Bukele, el presidente de la asamblea, Mario Ponce, convocó a una nueva sesión para reintroducir el dictamen, pero solo se bajaron al recinto 28 de los 84 diputados.

La oposición rechazó la sesión y que el gobierno desplegara militares en una de las puertas del edificio legislativo.

La tensión escaló aún más cuando, tras confirmarse la sesión fallida y la exigencia del presidente de que se vote este domingo, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, ratificó su apoyo a Bukele en un mensaje ante la prensa y, acto seguido, el ministro de Defensa y Contraalmirante de la Fuerza Naval, Francis René Merino Monroy, agregó: “Estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General, Nayib Bukele, y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestra vida.”

Hoy será un día clave en esta pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que mantiene en vilo a este país centroamericano, uno de los más violentos de la región y del mundo.

En septiembre pasado, tras una de las jornadas más violentas del año, Bukele lanzó una amenaza a los maras que marcó su discurso en seguridad desde entonces.

«No estamos jugando. Esto va para todos los pandilleros: paren de matar ya o volvemos a poner la emergencia en los centros penales», amenazó el presidente y agregó: «Los metemos al hoyo y no los vamos a sacar».

Según el último informe de la Fiscalía General de la República, entre enero y septiembre del año pasado se registraron 2300 desapariciones vinculadas a la violencia de las maras Barrio 18 y Salvatrucha (MS13).