El defensor de la Tercera Edad aseguró que el aumento a jubilados por decreto es “inconstitucional”

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró hoy que «en los próximos días» presentará una medida cautelar para dejar sin efecto el aumento anunciado por el gobierno nacional a los jubilados que cobran la mínima, por considerar la medida «inconstitucional», al tiempo que anunció la apertura de una «actuación colectiva» para que adhieran los jubilados que quieran acompañar la presentación ante la Justicia.

«En los próximos días presentaremos una medida cautelar para dejar sin efecto el decreto», dijo Semino, que advirtió que si no tiene la respuesta esperada de la Justicia, acudirá «per sáltum a la Corte Suprema de Justicia».

El ombudsman precisó que para la presentación contará con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero dejó claro que están esperando que se publique el decreto para hacer la presentación ante la Justicia, algo que ocurriría esta semana.

Dejó en claro que se «abstraen» de «cualquier consideración política» respecto al objetivo solidario de la medida anunciada por el gobierno, sino que cuestionan que la iniciativa se «encuadre en la regresión del derecho del adulto mayor» ya que la «ley de movilidad jubilatoria surge de una garantía constitucional, incluida en el artículo 14 bis de la Carta Magna».

De todas formas, dijo que esperan que «haya alguna rectificación del propio Estado, que reflexione» sobre esta merma en los derechos de los adultos mayores, como para que el planteo ante la Justicia con su consiguiente pedido de «inconstitucionalidad», no se concrete.

«Es grotesco que haya solidaridad del jubilado que percibe un haber de 20.000 ó 30.000 pesos con el que recibe 14.000», graficó.

A su juicio, el aumento debería abarcar a la totalidad de los jubilados del sistema ordinario, cuyos haberes llegan hasta 103.000 pesos.

«Esa gente hizo aportes para hoy cobrar lo que cobran», dijo, y explicó que de no tener en cuenta esto «se rompe el criterio de proporcionalidad y equidad».

El eje de la presentación que harán desde la Defensoría será que «había ya un efecto de una ley, que quedó suspendida, y que había generado derechos», además del aspecto de la «inconstitucionalidad», dijo en referencia a la ley de movilidad jubilatoria que quedó suspendida con la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

«Hay una cantidad de jubilados que pierden en relación a la fórmula de 18.000 pesos, hay una merma, por lo que, muy claramente, se encuadra en la regresión del derecho del adulto mayor», dijo el gerontólogo, que explicó que «la regresividad no es admitida desde la Constitución».

En este marco, mientras esperan que se publique el decreto y se concrete la presentación, en la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Avenida Belgrano 673, se convocó a los jubilados que quieran adherir a la actuación colectiva.

«Mañana se abre la actuación colectiva para que venga a adherir el que quiera, y en los próximos días, se hará la presentación», anunció, al tiempo que dejó claro que «la adhesión no implica que el jubilado no pueda hacer juicio por su parte».

En este marco, recordó que desde la Defensoría se hicieron «cinco exhortaciones» a la gestión de Mauricio Macri y que los haberes de los jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace años.

Mencionó en este aspecto la canasta del jubilado, que es «pequeña y particular», pero que «supera holgadamente el índice general» ya que no sólo está integrada por medicamentos sino por insumos de farmacia que han aumentado hasta «150 por ciento» y que son «elementales», tales como «pegamentos para dentaduras», o los productos específicos como la «sal de bajo contenido en sodio, que cuesta cinco veces más que la común».

La última canasta básica para los jubilados que elaboraron para grandes ciudades trepa los 37.800 pesos y data de octubre, en tanto que la próxima se conocerá en abril.

En la presentación que se hará pidiendo la suspensión de la medida se incluirán tratados internacionales a los que Argentina adhirió, como el pacto de San José de Costa Rica y, en particular, al protocolo de El Salvador, respecto a la «intangibilidad» de los haberes de los adultos mayores, y también a fallos de la Corte Suprema, o a la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos del adulto mayor, esta última respecto a que no puede haber «regresividad» en esos derechos.

El Gobierno anunció el viernes aumentos para las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por HIjo (AUH) del 13%, al tiempo que informó el lanzamiento de un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos para los afiliados de PAMI.

El incremento para todos los jubilados para el segundo trimestre del año está compuesto por una suma fija de $1500 más un 2,3% y será oficializado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) esta semana.

Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.

La ley de movilidad jubilatoria fue suspendida en el marco de la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.