Dirigentes del Frente Amplio uruguayo temen por la “militarización” del país

Varios dirigentes del Frente Amplio manifestaron en redes sociales y declaraciones a la prensa su «preocupación» ante los operativos del Ministerio del Interior, que valieron que la Institución Nacional de Derechos Humanos abriera seis expedientes por presuntos abusos policiales.

El candidato a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, la también candidata y senadora del Frente Amplio, Carolina Cosse, y el senador Oscar Andrade mostraron su «preocupación» ante la «posibilidad de que se empiece a armar un ambiente de militarización».

Para Cosse, el país «no quiere dar por hecho» un clima «que no es la forma de crecer ni de comportarse a la uruguaya».

«Más que nunca unidas, más que nunca todos unidos para seguir construyendo democracia, y atentos a cualquier gesto que la violente», comentó en declaraciones a radio Universal.

Andrade comentó que hará un «seguimiento» de los casos que están a estudio en la Inddhh, y explicó que combatir el crimen organizado «parece tener poco que ver con combatir a quien hace malabares en la calle».

Esas expresiones del legislador comunista son en relación al episodio que ocurrió el pasado jueves, cuando un efectivo de la Guardia Republicana redujo con un arma larga de munición no letal a un malabarista, que, según la información oficial, estaba generando «disturbios» con los machetes que utiliza para hacer malabares en una plaza de San José.

«Vamos a tener una actitud serena, pero tratando de que en ningún caso la preocupación por la seguridad vulnere los derechos civiles individuales. No puede ser que una familia tenga miedo si su hijo salió a la calle y no tiene cédula. En ningún caso se puede habilitar el maltrato policial», aseguró en declaraciones al mismo medio.

En el mismo sentido fue Martínez, quien comentó que la seguridad «debe ser en el marco del respeto a los derechos humanos».

Los operativos del Ministerio del Interior valieron que el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, le solicitara una reunión al ministro Jorge Larrañaga por entender que los procedimientos afectaban la convivencia.

Larrañaga le respondió la invitación y dijo que lo que «afectaba» a la convivencia eran «los delincuentes».

El funcionario también se detuvo a describir el accionar de malabarista y dijo: «No se puede hablar de la situación en San José como una en la que se vulneraron derechos porque esa persona estaba con machetes, en estado etílico y generando riñas y disturbios».