MARTES, 26 DE NOV

Pidieron a intendentes achicar gastos políticos para no despedir a trabajadores en San Luis

Desde ATE llamaron a los jefes comunales a ser “más creativos y más justos” y que les exijan más “a quienes más tienen”. Cuestionaron también que "no se desarrollan políticas adecuadas de recaudación".

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis solicitó a los intendentes de la provincia ser «más creativos y más justos» a la hora de recaudar «exigiéndole más a quienes más tienen, achicando los gastos políticos o burocráticos» para que esta crisis no la paguen los trabajadores «con despidos y suspensiones».

En un comunicado, el Consejo Directivo del gremio afirmó que, de esta manera, «las coparticipaciones le va a alcanzar» y aconsejaron que si los «números no cierran» deben exigirle a la provincia o a la Nación que «subsidien salarios».

ATE tuvo este pronunciamiento ante los anuncios de «varios intendentes/as de nuestra provincia advirtiendo que les sería imposible cumplir con el pago de los salarios» del mes de abril.

Por otro lado, manifestaron su «absoluto rechazo y repudio» a los despidos que se produjeron de trabajadores municipales en la provincia e indicaron que, antes de rebajar salarios, «tendrían que revisar los presupuestos municipales» y redistribuir los gastos, optimizando al máximo las plantillas de personal contratados para cargos jerárquicos.

Explicaron asimismo que «en varios municipios» donde asumieron nuevas autoridades en diciembre del 2019 «se han llevado adelante ingresos de contratos que son acuerdos políticos, muchos de ellos en cargos que se inventan a medida, con salarios que duplican o triplican el sueldo de un municipal promedio»..

Desde ATE, consideraron importante también revisar «los gastos de tercerizaciones de servicios» que se pueden cubrir con la planta de personal municipal, para «producir ahorros de fondos que pueden ser utilizados para aumentos salariales, plus salarial, re categorizaciones o contratación de personal».

Finalmente, indicaron que en la mayoría de los municipios «no se desarrollan políticas adecuadas de recaudación» ya que «solo se procura cobrarle los servicios al vecino común y no a las grandes empresas, comerciantes o a propietarios con mayores recursos», situación que genera un déficit en la recaudación.

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