Para combatir la inseguridad «tenemos un sistema de mentira» heredado de la gestión anterior

Por Alejandra Ojeda Garnero

El actual ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Fabián Sain es doctor en Ciencias Sociales, además de licenciado en Ciencia Política, docente, investigador, fue director de la Escuela Nacional de Inteligencia, diputado provincial bonaerense (2011-2015), interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2005-2009) y subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2002-2003). Entre sus principales libros se cuentan Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina; Política, policía y delito, La red bonaerense; El leviatán azul: policía y política en la Argentina, La reforma policial en América Latina; Por qué preferimos no ver la inseguridad; entre otros.

Dueño de un  estilo muy particular, directo, descontracturado y hasta desafiante, verborrágico, sin medias tintas y hasta podría decirse políticamente incorrecto, Sain realizó esta semana, de forma virtual, distintas conferencias para presentar el proyecto de ley de Seguridad Pública para la provincia de Santa Fe. Dicha reforma tiene como primera necesidad establecer un nuevo marco normativo para actualizarlo y aggiornarlo a las necesidades y problemáticas actuales ya que la ley vigente data, con algunas  modificaciones, de la época de la dictadura. El proyecto contempla además, una ley de control policial y ley de organización del sistema policial que en conjunto serán enviados a la Legislatura provincial, luego de ser debatido por distintos actores de la sociedad en su conjunto con el fin de recibir sugerencias o recomendaciones. Si bien todavía queda un largo camino por recorrer, el tiempo dirá si esta vez se podrá materializar el proyecto de reforma policial tantas veces frustrado.

A pocos meses de asumir en el cargo, dirigentes opositores pidieron su renuncia, por considerar que sus publicaciones en redes sociales eran una falta de respeto para los santafesinos, asediados por la violencia que rodea al narcotráfico que tuvo su pico de homicidios poco antes de decretarse la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Si bien los números en la etapa de encierro obligado disminuyeron, la violencia en las calles de la ciudad no cesó, pero lo cierto es que tras el pase a la nueva fase de distanciamiento social volvió a tomar impulso. No se puede achacar a la nueva gestión los resultados de años de políticas ineficaces y discursos grandilocuentes ante las cámaras, de funcionarios que no obtuvieron mejores resultados habiendo completado su mandato al frente del mismo ministerio, a los cuales lejos de pedir su renuncia, fueron blindados mediáticamente.

Evidentemente, en los meses que lleva de gestión frente a la cartera de Seguridad, Sain estuvo haciendo algo. Lo demuestra el proyecto de ley presentado y puesto a disposición de toda la sociedad, que tanto reclama seguridad y poder salir a las calles sin pensar en que puede ser víctima de un robo o directamente de perder la vida. La idea es que llegue a la Legislatura luego de ser debatido por los distintos actores sociales y políticos. El documento contiene un detallado estado de situación y las propuestas para cada área.

El estado de situación con el que se encontró la nueva gestión en materia de seguridad fue catastrófico, “acá lo que hay son problemas muy serios”, expresó Sain en una de sus conferencias, y consideró que “en el campo de la seguridad pública hay un cierto fetichismo, socialmente instalado, muy al amparo de la construcción política y mediática que, a mi modo de ver, es tomar a la seguridad pública como un campo de resolución inmediata”, y agregó que “en realidad muchas personas no interpretan o les cuesta comprender que son el resultado de una forma de estructuración económica, social y política. La transformación del mundo criminal es a escala mundial y está largamente estudiado por la criminología y no responde a un solo factor. La idea fetichista es que en realidad los funcionarios de gobierno apretamos un botón y con ese botón resolvemos los problemas de la seguridad pública”.

La creencia de que el problema de la seguridad pública se resuelve “con dos o tres medidas, o tres o cuatro cambios normativos y no habrá más delitos, eso no va a ocurrir. Porque esto responde a un proceso de transformación social muy profundo, a escala mundial”, aunque aclaró que lo que sí se puede hacer es “trabajar seriamente” y “a través de un mecanismo de intervención,  generar condiciones que atenúan los efectos socialmente perniciosos de la problemática criminal”.

Esta problemática, según Sain “muchas veces no está solamente reducida al mundo criminal sino que son cuestiones que atraviesan a la sociedad. Para ponerlo brutalmente, se roban celulares porque hay sectores sociales que los compran, se roban autos porque hay una industria de autopartes y hay un mercado de autopartes importante, se matan en la periferia por un búnker porque hay sectores sociales que consumen drogas y que generalmente no son los sectores sociales que viven en esa periferia. Con lo cual es muy difícil pensar que de una manera mágica esto se va arreglar”. En consecuencia, este proyecto de ley «viene a ordenar una serie de dispositivos estatales y sociales para intentar gestionar de una mejor manera las problemáticas del crimen, la violencia y los delitos”, que generó tantos reclamos desde la sociedad.

Santa Fe no tiene ley de seguridad pública, y este proyecto que presenta el ministro «es una intención, no es la materialidad de los casos», lo cual no significa que se aprueba la ley y se resuelven los problemas, «la ley crea dispositivos, recursos e instrumentos para gestiona la seguridad pública». 

En la provincia de Santa Fe, Sain observa que “hay un nivel de subdesarrollo y de reflexión crítica de la política santafesina acerca de la seguridad pública, es decir, no cuenta con información fidedigna sobre la problemática criminal, no cuenta con recursos humanos especializados en el Estado en gestión de la seguridad pública, no cuenta con dispositivos de gestión o una administración pública experta en esta materia, no cuenta con un sistema policial a la altura de las circunstancias que amerita el nivel de complejidad que tiene la problemática criminal y la transformación de la problemática criminal en la provincia. Vale decir que hay un defasaje muy grande entre Estado y capacidad de respuesta social del crimen respecto de las problemáticas criminales que se transforman y desarrollan a un nivel extremadamente acelerado, de una manera muy diversificada y creo que ese defasaje es muy pernicioso para abordar inteligentemente el tema”.

Proyecto de Ley de Seguridad Pública

Consta de 9 capítulos y regula todo el sistema de seguridad pública. El sistema de seguridad pública tiene como objetivo fundamental la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública, que a la vez se dividen en dos grandes dimensiones. Las estrategias sociales de prevención de violencia y delito, es decir las intervenciones que los Estados se dan para intentar ver las causas de los problemas criminales y tratar de intervenir. Las causas pueden ser de carácter social, cultural, económicas. son cuestiones complejas que en general las políticas de seguridad pública tienden a asentarse en la creencia de que las únicas intervenciones posibles son las segundas estrategias, que son las de persecución penal,  es decir policiales y judiciales. No todo se resuelve con penas más duras.

Allí se genera la creencia de que «si mejoramos la ley penal o transformamos el sistema de persecución penal o  el sistema judicial o fortalecemos la capacidad policial, con eso vamos a resolver los problemas de la seguridad publica y en realidad está probado en el mundo que hay que diferenciar problemas delictivos, darse una intervención policial, judicial pero también trabajar sobre el conjunto de razones y condiciones que favorecen el desarrollo de esa problemática de la violencia y los delitos.

Esta ley, explicó Sain, «hace referencia a cinco grandes protagonistas de la seguridad pública: la sociedad en su conjunto, como las organizaciones sociales, empresas que deben tener algún tipo de responsabilidad en la co-gestión de los asuntos de seguridad pública, partidos políticos y la sociedad civil; el gobierno, que tiene a cargo la gestión del Estado; los municipios, que están muy secundarizados su rol, no se tuvo en cuenta su importancia ya que la gente es lo que tiene más a mano, y al margen de que los gobiernos locales no tengan competencia en la materia son los concejales, el intendente o los jefes comunales los que reciben los reclamos de la sociedad y además han respondido a las demandas, asumieron responsabilidades y han creado áreas para trabajar el tema; el sistema policial y la Legislatura».

Para poner en contexto la situación, relató que «toda sociedad está atravesada por problemáticas criminales, sufre victimizaciones, es decir hay estratos que sufren delito de diversas índoles, algunos más violentos, otros de cuello blanco, dentro de los hogares, predatorios en la vía pública, robos, femicidios, violencia contra las mujeres, contra los viejos, o los niños. Y también problemáticas que hacen a las estructuras de poder, delitos de cuello blanco, corporativos, empresariales, que también causan un enorme daño. Porque sería un contrasentido que reclame un estado fuerte en la respuesta a los robos y yo sea un evasor». 

«Si soy evasor, soy un delincuente. Pero evidentemente soy un delincuente tuerto, miro algunas cosas y reclamo, pero al mismo tiempo al Estado le estoy robando parte de su dinero para poder desarrollar políticas estratégicas en ese ámbito. Las sociedades están atravesadas por este conjunto de problemas y hay distintos niveles e intereses, no hay una mirada unívoca social y política sobre este conjunto de cuestiones que tiene que atender el sistema de seguridad pública», aseguró Sain.

«Pensar que en las sociedades no se va a consumir droga y que no va haber mercados ilegales, sería una fantasía. Los mercados más grandes de consumo del mundo están en los países más desarrollados y con mayor poder adquisitivo y ahí se ve la clandestinidad, los circuitos de mercados ilegales, porque además esos países no producen la mayoría de las drogas que allí se comercializan. Este es un ejemplo que para gestionar seguridad pública, se tiene que tener todo este panel de control enfrente».

Sain asumió como ministro de Seguridad de Santa Fe, el pasado 10 de diciembre, y no encontró el mejor de los ministerios, todo lo contrario, contó que «había un ministerio que era un desastre, no tenía información sobre la problemática delictiva, no había información sobre el sistema policial, no había una burocracia con capacidad de generar información de manera inmediata, la tuvimos que ir produciendo. Sin esa información es gestionar a ciegas y lo que se hace es curanderismo, ir los medios, hacer una sobreactuación mediática, pero no se gestiona seguridad pública de verdad», afirmó.

En este sentido mencionó que «sobran en Argentina los payasos y payasas que gestionan la seguridad pública de esa manera, pero la verdad no están tomando los problemas criminales delictivos y no estás desarrollando acciones tendientes a solucionar eso».

Si no se cuenta con los dispositivos necesarios para poder gestionar, hay que reformar cosas «la dimensión sustantiva de las políticas de seguridad pública tienen que ver con estrategia social, policial y judicial», explicó el ministro.

Reforma policial

Hubo en Santa Fe varios intentos de reforma policial que datan de la década de los noventa y la resistencia desde el interior de la Fuerza siempre fue muy férrea. El autogobierno de la Policía fue denunciado sistemáticamente por el defensor público penal Gabriel Ganon en su momento y le costó la destitución de su cargo cuando denunció la complicidad de la justicia con la corrupción policial. Otro intento de reforma se llevó puesto un ministro durante la gobernación de Hermes Binner, por mencionar algunos de los intentos que quedaron truncos. Pareciera que la política siempre le tuvo temor a la policía, ya que las sucesivas gestiones que intentaron romper con dicho status quo, no sólo fracasaron sino que los funcionarios fueron desplazados con excusas banales y sin demasiados preámbulos.

A pesar de estos antecedentes, el ministro Sain impulsa una reforma sustancial en la institución policial, y de hecho ya tomó cartas en el asunto descabezando o interviniendo unidades regionales como la I de Santa Fe y la XVII de San Lorenzo.

Para lograr dicho objetivo propone fortalecer la conducción política del sistema policial, lo cual implicaría terminar con el autogobierno de la Fuerza. Se trataría de una reforma gradual pero a la vez radical. El énfasis está situado en la incorporación, formación y capacitación de los nuevos agentes, para lo cual está previsto en la ley, la creación de la Academia Superior de Seguridad Democrática.

Sain plantea que «el sistema policial cuando fue autogobernado por los propios jefes de policía hubo un deterioro de la alta gerencia, enorme, ya que personas con altos mandos policiales no fueron entrenados en gestión de recursos humanos, planificación estratégica, producción de inteligencia, planificación operativa», elementos necesarios para la función.

Existen dos grandes ejes en la reforma y apuntan directamente a la función del ministerio de Seguridad en relación con la policía provincial, es decir que «a futuro, el ministerio tenga dos grandes responsabilidades frente a la Policía, por un lado la dirección superior del sistema policial, vale decir, las estrategias y qué tipo de policía queremos en cuanto a capacitación, selección, régimen profesional, ascensos, valoración para la ocupación de cargos orgánicos, sistema de inteligencia, operacional, logístico y entrenamiento».

Con respecto al funcionamiento de las comisarías Sain reveló «una muy mala noticia», porque «el sesenta por ciento de las unidades policiales de base tienen menos de veinte policías». Esto significa que «tenemos un sistema de mentira». Para graficar cómo debiera funcionar correctamente una unidad operacional el ministro detalló que en la ciudad de Buenos Aires «una comisaría tiene entre 300 y 600 policías, y en Santa Fe, el 35 por ciento de las comisarías tienen hasta 10 personas».  «Esto es lo que hay y es  muy difícil gestionar así».

Por otro lado, la administración general del sistema policial, «hay que sacar estas dos funciones de la policía, porque casi la mitad del plantel de la policía de Santa Fe no hace tareas de prevención del delito o de control criminal».

«No hay más de 12 mil policías que están haciendo tareas operacionales en tiempo real, en una institución que tiene más de 21 mil miembros. Estamos en problemas, la idea es llevar personal policial a la estructura ministerial y sacar a la policía de labores administrativas. Convertir a la policía en lo que tiene que ver con estructuras operacionales», aseguró el ministro.

Prevención de la violencia con armas de fuego

Si existe un tema sensible para la sociedad es la violencia con armas de fuego, siempre que afecte a sectores medios o acomodados de la sociedad, ya que si las víctimas son personas de los barrios periféricos, ‘está bien que se maten entre ellos’, según rezan muchos comentarios en los medios ante una noticia de un joven asesinado a balazos por sicarios.

Lo cierto es que esta realidad afecta a la sociedad en su conjunto, y para mitigar este flagelo, Sain propone la creación de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, con el fin de «prevenir y reducir la violencia con armas de fuego, en particular, las consecuencias letales de su uso, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas sobre armas de fuego», que además contempla una «Base de Datos Única de Evidencia Balística de armas de fuego, proyectiles disparados y vainas servidas relacionadas con hechos delictivos, contravenciones o infracciones administrativas».

La idea es tener «Control patrimonial de armas de fuego y materiales controlados en poder del Estado, que implica contar con Registros patrimoniales de armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones, explosivos y demás materiales controlados del sistema policial y cualquier otro organismo estatal», para controlar el tráfico ilegal de armas.  De hecho el mayor problema con las armas es que la propia policía no sabe con qué cantidad de armas cuenta la Fuerza.

El proyecto de Seguridad pública debe pasar por la Legislatura provincial previo ser debatido por distintos actores sociales y políticos, pero para que realmente pueda materializarse debe contar con un presupuesto, que si bien, Sain adelantó que «el ministerio tiene un buen presupuesto, porque lo aprobaron los que se fueron», se necesita una fuerte inversión para los cambios que se pretenden. ¿contará el ministro Sain con el apoyo político suficiente para realizar los cambios radicales que propone y con el presupuesto acorde para materializar dichos cambios?