VIERNES, 29 DE NOV

La causa por la intervención de Vicentin seguirá tramitándose en Santa Fe

La gestión de Alberto Fernández buscaba que fueran los tribunales porteños los encargados de revisar las decisiones del Poder Ejecutivo, pero la jueza María Alejandra Biotti rechazó esa interpretación.

 

La Justicia rechazó este viernes el pedido del Gobierno para que la causa por la intevención de Vicentin saliera de la órbita de la provincia de Santa Fe y se tramitara en el fuero en lo contencioso administrativo.

La gestión de Alberto Fernández buscaba que fueran los tribunales porteños los encargados de revisar las decisiones del Poder Ejecutivo, pero la jueza María Alejandra Biotti rechazó esa interpretación.

«Si bien los planteos efectuados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC y los agravios expuestos por el Estado Nacional contra la decisión del juez del concurso en esta inhibitoria deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, considero que el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa», estableció la jueza.

En su fallo, Biotti afirmó: «Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe».

El fallo avaló un criterio que está en debate en la Corte Suprema de Justicia, aunque ya aplicado en varias causas, sobre la potestad de los fueros federales del interior del país para analizar las resoluciones del Gobierno nacional.

Por su parte, el Ejecutivo podrá apelar esta decisión, que implica el segundo fallo adverso que recibe en el caso de la intervención de la empresa agroexportadora.

Hace una semana, apoderados del Ministerio de Desarrollo Productivo plantearon en el fuero contencioso administrativo de la Capital que el fallo que dictó el juez de Reconquista, Fabian Lorenzini, (que convirtió al interventor del Gobierno en veedor y repuso a dueños en sus cargos del directorio) fue una «sentencia arbitraria», violó la ley de medidas cautelares y afectó la división de poderes.

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