Lava Jato: procurador de Brasil acusó a fiscales de espiar ilegalmente a 38 mil personas

El procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales de la operación Lava Jato, sus subordinados, por haber montado una red ilegal para investigar a 38.000 personas, con el argumento de la lucha contra la corrupción, y los acusó de negarse a rendir cuentas de sus actos, tras el protagonismo que ganaron desde 2014 al lado del entonces juez Sérgio Moro.

La denuncia, realizada anoche, provocó este miércoles un terremoto institucional en Brasil porque el jefe del los fiscales confirmó las ilegalidades cometidas en los procedimientos por el equipo de investigadores que puso de rodillas a las empresas de la construcción multinacionales brasileñas como Odebrecht y creó el clima de salida del poder del Partido de los Trabajadores (PT).

“No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la República no se puede servir de la extorsión, de espiar. No puede valerse de ningún propósito no republicano”, dijo Aras en una videoconferencia con abogados del sitio web Prerrogativas.

El primero en salir a responder a la denuncia institucional fue el exjuez Sérgio Moro, quien fue hasta abril ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

Moro defendió la “transparencia” del equipo de Lava Jato y destacó que las sentencias fueron en su mayoría confirmadas por el Tribunal Regional 4 de Porto Alegre.

Aras repudió el accionar de los fiscales que, desde Curitiba y al mando del Deltan Dallagnol, llevaron adelante desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato, que entregó documentación secreta de forma ilegal, por ejemplo, a la policía federal estadounidense, el FBI, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde el Congreso de Brasil, el titular de Diputados, Rodrigo Maia, del derechista Demócratas, había apoyado la hipótesis de que el Ministerio Público de Curitiba comete abusos y no es sancionado.

Desde la oposición, el diputado Paulo Pimenta, del PT, también había denunciado la existencia de un “Estado policial” que no puede ser tolerado ni por el Congreso ni por el Supremo Tribunal Federal, por lo cual pidió la apertura de una comisión investigadora.

Pero ahora, la denuncia contra los fiscales que acusaron ante el juez Moro al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en dos causas por corrupción, viene del propio jefe de los fiscales, quien los acusa de ocultar información a los organismos de control.

“En todo el Ministerio Público Federal, el sistema único tiene 40 terabytes. El sistema de la fuerza especial de Curitiba tiene 350 terabytes y 38.000 personas con sus datos depositados, sin saber cómo estas personas fueron elegidas para ser investigadas”, disparó Aras.

El fiscal general fue electo por Bolsonaro para el cargo, por fuera de los deseos del exjuez y exministro Moro, y de la llamada “República de Curitiba”.

La oposición y parte del mundo jurídico acusa de ‘lawfare’ a Dallagnol y Moro, que, según filtraciones de conversaciones hechas por el portal de noticias The Intercept, guiaban las investigaciones contra ciertos políticos, como por ejemplo Lula, y protegían a otros, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Según Aras, llegó la hora de “corregir los rumbos del lavajatismo”, movimiento al que calificó de «punitivista”, a la vez que defendió continuar la lucha contra la corrupción pero con otros métodos.

“El lavajatismo pasará”, aseguró Aras, cuya elección por parte de Bolsonaro lo ha posicionado como un posible futuro miembro del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.

En el caso de Lula, por ejemplo, las revelaciones sobre maniobras de Moro y Dallagnol llegaron al Supremo Tribunal Federal, que desde hace un año tiene un pedido de nulidad del caso por supuesta animosidad del magistrado de primera instancia.

El equipo de fiscales de Lava Jato reaccionó también de inmediato a la denuncia del fiscal general Aras y lo acusó de haber sido elegido por fuera de la terna que la asociación del Ministerio Público presentó al presidente Bolsonaro en su momento.

“La transparencia faltó en el momento de elección del Procurador General de la República”, respondió el fiscal Roberto Pozzobon, marcando una guerra abierta.

La discusión, inédita, pone los supuestos delitos de Lava Jato en el primer plano institucional, mientras crece la construcción por parte de algunos sectores de la derecha exbolsonarista de candidatear al exjuez y exministro Moro para la Presidencia en 2022.