Cómo pagar el IFE y el programa ATP por más tiempo y con menos inflación

Por Walter Graziano

A medida que transcurren los meses se va instalando la idea de que tras las cuarentenas “duras” de diversos países vendrán tiempos de una “nueva normalidad” y no una vuelta al pasado a no ser que aparezca la pócima mágica de una vacuna muy eficaz o un tratamiento fácil y efectivo. Y a medida que ese razonamiento se instala en nuestras mentes también surgen inquietudes acerca de qué política económica habría que implementar en tal caso. Una situación por el estilo seguiría dañando fuertemente a la misma gran cantidad de sectores que hoy se ven agudamente perjudicados por la pandemia y cuya supervivencia solo es posible por la generosa actitud de una gran cantidad de estados nacionales que han decidido en esta primera instancia no dejar caer a gran cantidad de empresas de los sectores dañados.

En una “nueva normalidad” la asistencia estatal seguramente va a seguir siendo necesaria porque sin vacuna ni tratamiento efectivo el nivel de actividad general no podrá volver a ser el anterior al de la pandemia durante muy largo tiempo. Es así que debería comenzar un sano debate en la sociedad: ¿a quienes habría que subsidiar una vez superadas estas primeras etapas de la pandemia? O sea, ¿debe el subsidio ser recibido por las empresas de los sectores caídos en desgracia o por los trabajadores que, por despidos o quiebres empresarios vayan quedando desempleados? Y mientras debería a comenzar ese sano debate, los miembros del directorio del Banco Central deberían comenzar un estudio de factibilidad para arribar a las necesarias conclusiones de qué se puede y qué no se puede – hacer desde el punto de vista monetario para financiar desde el Estado a quien haya que financiar causando la menor inflación posible.

Hasta ahora, casi todos hemos estado de acuerdo en que frente a la pandemia no cabía más remedio que emitir base monetaria desde el Banco Central a fuerte y rápido ritmo. Y es muy posible que durante meses ello deba seguir siendo así. Pero no caben dudas que el Banco Central no es la Reserva Federal de EE.UU. ni el Banco de Brasil que tienen los suficientes grados de libertad para emitir moneda largo tiempo sin elevar mucho la inflación. En el caso argentino, la cosa es distinta: Argentina al poseer pocas reservas y padecer una alta inflación tiene muchas menos chances de hacer eso con éxito. Con el correr de los meses emitir moneda podría provocar un aumento en la tasa de inflación de manera tal que el mecanismo de financiar subsidios (IFE, ATP) con emisión se vería dificultado. Hoy no es el caso. Pero puede serlo en meses. Por eso, a fin de que ese momento llegue lo más tarde posible y se pueda atender la situación de los más necesitados durante más tiempo, los técnicos monetarios del BCRA deberían poner manos a la obra. Cuando lo hagan, puede que se topen con una gran sorpresa. Veamos cual.

Pues bien, mucho se habla del impuesto inflacionario y todos parecen estar de acuerdo en que el hecho de que el Estado se financie haciendo bajar los salarios reales mediante una alta tasa de inflación es una de las formas más inadecuadas e injustas de cobrar impuestos. Pero, ¿cobra realmente el Estado ese impuesto en Argentina? Y si lo hace, ¿hasta dónde lo cobre y hasta dónde resigna su cobro privatizando la recaudación del impuesto inflacionario por otros sectores económicos? Veamos: todos nosotros pagamos el impuesto inflacionario sobre todos los billetes y monedas que tenemos y sobre las cuentas corrientes y cajas de ahorro que poseemos en los bancos, dado que por las mismas no se percibe – o se percibe una casi inexistente – tasa de interés. La suma de los billetes, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro es lo que los economistas llamamos M2. El M2 en Argentina llegó en junio en promedio a $3,9 billones. Si tomamos en cuenta la tasa de inflación existente en el país inmediatamente antes de la pandemia, que era en torno al 50% anual, surge entonces que los argentinos venimos pagando impuesto inflacionario equivalente a la tasa de inflación por el M2. O sea un impuesto del orden de los 1,95 billones anuales, lo cual a un dólar promedio de $100, equivale a u$s19.500 millones anuales. Nada menos que alrededor del 6,5% de nuestro PBI. Altísimo. Debe ser uno de los impuestos inflacionarios más altos del mundo. Pero ese es el impuesto inflacionario que los argentinos pagamos. ¿Es también el impuesto inflacionario que el Estado recauda?

Veamos: la base imponible sobre la cual el Estado cobra el impuesto inflacionario no es el M2, sino la suma de sus deudas que no pagan tasa de interés. Sobre las deudas del Banco Central que pagan una tasa de interés (como las Leliq y los pases) el Estado no cobra impuesto inflacionario, sino que lo paga, dado el componente inflacionario implícito dentro de las tasas de interés. La suma de las deudas del Banco Central que no pagan tasa de interés es lo que se llama “base monetaria”. Se compone de todos los billetes y monedas impresos en circulación y de los encajes no remunerados que los bancos poseen en el Banco Central. La base monetaria fue en junio pasado en promedio 2,1 billones de pesos – mucho menos que los 3,9 billones del M2 -. Como el Estado cobra anualmente un total por impuesto inflacionario equivalente a la tasa de inflación por la base monetaria, recauda a los niveles de junio 1,05 billones de pesos anuales. A un dólar promedio de $100 cobra entonces 10.500 millones de dólares anuales de impuesto inflacionario. O sea que cobra solo un 3,5% del PBI, mientras que los argentinos pagamos casi el doble: 6,5% según ya vimos. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Cómo puede ser que los trabajadores y las empresas paguen casi el doble del impuesto inflacionario que el Estado recauda? Pues bien. La diferencia numérica entre el M2 y la base monetaria se debe a que mientras en el M2 se computan todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro, en la base monetaria no se incluyen esos depósitos sino solo los encajes no remunerados de esos depósitos y de los plazos fijos. El sistema financiero se apropia para si entonces de casi la mitad de todo el impuesto inflacionario que todos pagamos. Lo hace porque se financia en buena medida con cuentas corrientes y cajas de ahorro pagando el 0% mientras que luego le presta esos fondos al BCRA al 38% anual o al sector privado a más del 50%.

Resulta entonces muy necesario que el Estado recupere el cobro del impuesto inflacionario para sí, lo que implicaría un ahorro fiscal del orden de 3% del PBI: o sea equivalente a toda la emisión monetaria entre abril y junio. ¿Cómo hacerlo sin dañar a los bancos? Porque, a no equivocarse, los bancos tampoco son culpables de esto dado que deben sobrevivir en un país desmonetizado, con bajísimos depósitos en relación al PBI. Hay una forma de hacerlo: subiendo al 100% los encajes no remunerados de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro y al mismo tiempo bajando en forma muy importante los encajes no remunerados de los plazos fijos, dado que sobre estos depósitos los bancos sí pagan tasa de interés. De esta manera la base monetaria superaría levemente al M2, cosa que debe ocurrir cuando la tasa de inflación es alta para no privatizar el cobro de parte del impuesto inflacionario. Así, el impuesto inflacionario que efectivamente todos pagamos sería cobrado solo por el Estado. Solo con hacer esto se podría reducir de manera importante la tasa de inflación porque el aumento de los encajes implica un fuerte aumento en la demanda de dinero, una consiguiente caída de más de 1,05 billones en el stock de las Leliq, que quedarían reducidas a un mínimo y una tasa inflacionaria muchísimo menor. Y el IFE y los ATP contarían con una financiación más fácil prolongada en el tiempo dado que buena parte de la emisión para pagarlos se compensaría con más demanda de dinero. ¿Queremos los argentinos subsidiar a los sectores dañados por el mayor tiempo posible? ¿Queremos los argentinos poner en orden las cuentas fiscales? Pues bien, debemos poner las cuentas monetarias en orden, empezando por hacer que el Estado no rife el cobro del impuesto inflacionario. El 46% del mismo hoy está privatizado. Precisamente lo primero de lo primero que debe ser 100% estatal y 0% privado.