Avanza la reforma judicial en el Congreso con críticas y adhesiones
La ministra Gómez Alcorta, el fiscal Rívolo y los abogados Fargosi y Gil Domínguez fueron algunos de los expusieron sobre la iniciativa oficial.
- Conclusión en Buenos Aires
- Ago 11, 2020
Se realizó este martes en el Senado la tercera reunión informativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, a la que asistieron funcionarios y especialistas donde se expuso sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, que concitó adhesiones y rechazos.
Encabezó la exposición la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien expresó que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, aunque alertó que la iniciativa oficial “tiene algunos problemas” y sugirió que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica ese sistema, que le da prevalencia a los fiscales.
La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió, y pidió “adecuar los números” de cargos que se crean y opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está”.
A su turno, el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Carlos Rívolo impugnó la iniciativa oficial al referir que “este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos” con “la instalación definitiva del sistema acusatorio”.
El fiscal puso como ejemplo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay actualmente “46 juzgados y 35 fiscalías”, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que tiene mayor número de habitantes, “hay 27 juzgados y 19 fiscalías”. “No se comprende la instalación de juzgados a la vieja usanza cuando debería irse a un colegio de jueces, como se prevé en los sistemas acusatorios”, opinó, e insistió en que se propone “una superpoblación de jueces”.
Paula Livachky, directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), sostuvo que “lo que se necesita es trabajar sobre la lógica del funcionamiento del fuero federal penal, y para modificarla, este proyecto sigue centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio tal como se aprobó en la reforma del Código Procesal Penal en 2015”.
La especialista coincidió en que “es necesario que este proyecto tenga algunas modificaciones” para poner en marcha el sistema acusatorio. “No entendemos que se esté planteando la impunidad para nadie, sino que nuestras críticas y observaciones van con la necesidad de cambiar el modelo de funcionamiento de la Justicia Federal en la CABA”, aclaró.
En el mismo sentido aseveró que el sistema “no puede estar basado en la creación de juzgados”, ya que “en general los procesos de reforma son motorizados por el Ministerio Público Fiscal” y en ese sentido hay una “desproporción” entre la cantidad de juzgados creados y la de fiscalías y defensorías.
A su turno, el abogado Alejandro Fargosi criticó el proyecto, al sostener que “el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los jueces”, y en ese sentido pidió ajustar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que integró entre 2010 y 2014.
“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables. No debe multiplicarse el problema de los jueces que cumplen mal con su trabajo, sino aplicarles lo que dispone la Constitución y la ley”, consideró.
Además, precisó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.
“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, afirmó Fargosi.