Juego clandestino y extorsiones: la condena a un comisario retirado con «voluntad de colaborar»

Foto: Archivo. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. 

 

Por Florencia Vizzi

Alejandro «Pipi» Torrisi tiene 63 años y es un ex comisario retirado que, en otros tiempos, llegó a ser jefe de la Unidad regional IV de Villa Constitución. El lunes 20 de julio fue detenido en la puerta de una casa de juego clandestina en Villa Gobernador Gálvez, con un sobre que contenía $80.000 en efectivo. Su detención se reveló como la punta de una madeja que conectó el crimen del casino City Center, en el que falleció el contador Enrique Encino, con una red de juego ilegal y extorsiones que involucraba a un ladero de la banda Los Monos, al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal y a un subordinado suyo, el fiscal Gustavo Ponce Asahad. Este martes, a tan solo un mes y medio de su detención, Torrisi admitió su participacion en la asociación ilícita, firmó un juicio abreviado y fue condenado a tres años de prisión condicional y una reparación económica de $270.000.

Pero, Alejandro Torrisi no fue el único integrante de la organización que firmó un juicio abreviado este miércoles. Una hora antes, Flavia Rocío Broin, novia de quien es considerado jefe de la asociación ilícita, Maximiliano «Cachete» Díaz, y sobrina del ex jefe de la policia de Santa Fe, Marcelo Villanúa, hizo lo propio aceptando su participación como una de las personas que se dedicaba al cobro del dinero obtenido a través de las extorsiones. La mujer de 30 años fue condenada a tres años de prisión condicional y el pago de una reparación económica de $30.000.

La banda

El sábado 11 de enero de 2020, poco antes de las 11 de la noche, desde una moto en movimiento dispararon repetidamente contra el ala de fumadores del casino City Center, que da sobre calle Moreno. Una de esas balas impactó sobre el entonces gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, y le causó la muerte dos días después.

La investigación de ese crimen reveló que dicho ataque había sido planificado y ejecutado por un lugarteniente de Ariel Máximo»Guille» Cantero, Maximiliano «Cachete» Díaz. El camino de esa pesquisa llevó a desentrañar la trama de  una organización que se dedicaba a las extorsiones, que tenía como blancos a comerciantes, empresarios, sindicalistas, que tenía también una pata en el juego clandestino, y que funcionó entre el «7 de agosto del 2019 hasta, al menos, el 22 de mayo de 2020».

Según revelaron los investigadores a este medio, la organización estaba liderada por «Cachete» Díaz, y contaba entre sus integrantes a Flavia Broin, Mariano Ruiz -condenado en su momento por su participación en Los Monos-, el dominicano Otniel De León Almonte, preso por el crimen del policía Cristian Ibarra, asesinado con 6 disparos en la cabeza, y a Alejandro Torrisi y Leonarod Peiti, ambos con el rol de ser el nexo con las fuerzas de seguridad.

En el caso de Torrisi, además de administrar los negocios ilícitos relacionados al juego clandestino, los fiscales señalaron que en su carácter de «ex Director de la Policía de la Provincia de Santa Fe es el encargado de brindar auxilio a los integrantes de la Organización cuando estos caen detenidos».  Y en cuanto a Peiti especificaron que «cumple el rol de identificar a potenciales personas para que luego sean objeto de extorsiones por miembros de la asociación».»Además, es quien se relaciona con integrantes de las fuerzas de seguridad o agencias judiciales a los fines de obtener de ellos algún beneficio lícito, ilícito o delictivo, para los miembros de la organización».

Como ejemplo de ello, detallaron que  el pasado 9 de enero, cuando en un operativo cayeron detenidos los hombres que originalmente iban a perpetrar el ataque al casino City Center, Torrisi, en su carácter de policía retirado, «gestionó ante la comisaría 21ª beneficios para lograr la liberación de Quintero y Ricaldez». Por su parte, el 10 de enero Peiti, » se contactó con un funcionario fiscal o su empleado, que cumplen funciones en una dependencia Fiscal de la Fiscalía Regional 2ª del Ministerio Público de la Acusación, a los fines de obtener información y algún beneficio lícito y/o ilícito para favorecer a Quintero y Ricaldez».

Una novia en apuros

El 23 de julio de 2020, Flavia Rocío Broin fue imputada como integrante de una asociación ilícita y por el delito de extorsión. Sin embargo, a la luz de la investigación, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acreditaron que sólo partició de un hecho.

Se trata de la extorsión sufrida por el dueño de un bar ubicado en San Martín al 1.600, a quien «Cachete» Díaz, invocando su relación con Los Monos, le exigía un pago mensual para permitirle trabajar y no atentar contra su vida.

Las negociaciones se llevaron adelante en reuniones que se concretaron en uno de los bares de Mariano Ruiz, donde la víctima también entregaba el dinero.

Según entendieron los investigadores, en una de esas oportunidades, Flavia habría retirado el dinero en el mismo bar de Ruiz, ya que, de acuerdo a lo surgido en las conversaciones telefónicas, era la primera vez que lo hacía,  no conocía a la víctima ni había ido anteriormente al bar.

Por este hecho Broin firmó este martes un procedimiento abreviado en el que fue condenada por el juez Alejandro Negroni a la pena de 3 años de prisión condicional y el pago de 30 mil pesos como reparación económica hacia la víctima. 

Los crímenes del «Pipi» y la otra banda

En el mes de julio el ex comisario Alejandro «Pipi» Torrisi fue imputado por «integrar una asociación ilícita que funcionó desde el 7 de agosto de 2019 hasta al menos el 22 de mayo del 2020, cuyo objeto fue «obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas», (integrada por Maximiliano «Cachete» Diaz, Flavia Broin, Otniel De León Almonte, Leonardo Peiti y José Perlo) y por administrar por sí o a través de terceros un sistema de captación de juegos de azar sin contar con autorización»

Pero, los brazos de la investigación se extendieron y el 24 de agosto pasado también fue imputado por integrar una red de explotadores y administradores de casas de juego ilegal junto a los señores David Perona, Leonardo Peiti y Maximiliano Díaz y que funcionó desde el 27 de junio de 2018 hasta el 8 de agosto de 2020, fecha en la que fue detenido, en Rafaela, David Alejandro Itati Perona, más conocido como «el zar de los casinos clandestinos».

Los integrantes de esta última, en sus diversos roles, tenían por objeto la organización y explotación económica de salas de juego clandestino en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, entre ellas en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Galvez y Rafaela.

El ex jefe policial tenía a su cargo el rol de concurrir a los diversos locales donde funcionaban las salas de juego clandestino y retirar la recaudación de las mismas, la que luego repartía entre las distintas personas integrantes de la organización. Además, se encargaba de gestionar con personal policial los permisos para abrir las salas y luego les entregaba sumas de dinero por cada sala en funcionamiento.

Por ultimo, en el juicio abreviado firmado este martes, el comisario retirado también fue condenado por la tenencia de ilegitima de arma de fuego de guerra.

La condena, de cumplimiento condicional, contempla además el pago de $270.000 que es el costo que le generó al Ministerio Público de la Acusación la investigación: tareas de seguimiento, allanamientos, investigación y extracción de datos de los teléfonos celulares.

A la hora de la firma del procedimiento, homologado por el juez Alejandro Negroni, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra valoraron la actitud de Torrisi, quien demostró «voluntad de colaborar con la investigación», prestó declaración en forma voluntaria y explicó como se conectaba la información extraída de su teléfono celular con los hechos investigados.