Empresarios Pyme pidieron «una justicia al servicio de la patria, y no viceversa»

Desde la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC – sostuvieron en un comunicado , que el proyecto de ley de la reforma judicial es una necesaria respuesta a las demandas de la sociedad toda, y no de un solo sector político».

Además, reconocieron «que se trata de una transformación postergada desde la Reforma Constitucional de 1994, lo cual ha generado graves falencias e inequidades que se repiten desde hace décadas en el poder judicial, tal como lo conocemos actualmente».

Los empresarios expresaron que es necesario «reformular un sistema vetusto, de privilegios y arbitrariedades, que no tienen más espacio en una sociedad moderna e igualitaria», cuando se concibe «un proyecto nacional con inclusión, movilidad y justicia social».

La entidad, entiende que la justicia debe «sanearse para que puedan acceder aquellos nuevos miembros por su trayectoria y capacidad profesional, y no por su pertenencia a un núcleo de poder enquistado de la aristocracia más rancia de nuestro país».

En el mismo sentido, destacaron que esto va «en beneficio de las víctimas y de los acusados, para que los procesos judiciales puedan realizarse con la celeridad necesaria, y lejos de toda arbitrariedad. Este sistema que ha quedado probadamente obsoleto, y carente de credibilidad por parte de la sociedad en su conjunto».

En otro tramo del documento precisaron que Argentina demanda «una justicia federal competente y activa, para defender y salvaguardar el derecho de defensa de la competencia. Una justicia federal civil y comercial que termine con la concentración económica de los oligopolios que:

1) fijan precios de referencia que no tienen relación con los costos de producción;

2) segmentan el mercado nacional con acuerdos espurios de “no competir” y así el mercado nacional queda parcelado en un mosaico de cotos de caza de los rentistas del oligopolio;

3) concretan acuerdos verticales de NO competir, prohibiendo así la oferta de proveedores;

4) boicotean concertadamente licitaciones públicas para que el Estado deba bajar los precios y flexibilizar los pliegos de condiciones;

5) acuerdan precios mínimos de referencia cuyo único propósito es la restricción de la oferta, lo que impide a las PYMEs adquirir más insumos para poder competir mejor.

Respecto de lo expuesto, denunciaron la falta de acciones de parte del poder judicial porque los empresarios pymes argentinos deben llevar a cabo sus actividades «ante insoportables monopolios y oligopolios industriales, comerciales y financieros» que «exprimen los ingresos, como el de nuestros trabajadores, de manera injusta, desleal, ilegítima, vil y usurera, aún en épocas de pandemia, mientras el Poder Judicial mira para otro lado».

También cabe recordar que desde el año 2018 manifestaron que los tribunales de Comodoro Py «se han convertido en un «Grupo de Tareas» que opera a empresarios con la prisión preventiva y el escrache público, por acción u omisión de los miembros del poder judicial que lo integran, todo a demanda de las necesidades del poder, y de la agenda, de turno. Es más, incluso han embestido contra instituciones empresariales para digitar sus autoridades, algo nunca visto desde el retorno de la democracia».

«Entendemos que esta es una discusión válida para dotar a la justicia nacional de las herramientas que favorezcan un mercado donde las PYMEs -las empresas responsables de las mayor empleabilidad laboral en Argentina- podamos competir merced a una puja de precios transparente y condiciones de competencia», subrayaron.

Por último, invitaron a «la oposición a dar un debate serio y enriquecedor, carente de mezquindades y chicanas, y que no obedezca a los intereses de un reducido grupo de interés, y que esté a la altura de lo que sus propios votantes esperan de ustedes, en un tema de tan vital importancia para la democracia y para toda la sociedad».