La Corte tiene la «intencionalidad política de garantizarle impunidad al macrismo»

Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires

El ex juez Luis Arias, dialogó con  Conclusión y analizó la decisión de la Corte Suprema de justicia de la Nación, y señaló que se trata de una decisión formal porque no se expide sobre fondo de la cuestión, sino que va a «tratar el recurso», podría haberlo desestimado «in limine», que es lo que hace con la mayoría de los «per saltum». Sin embargo, sospecha que la Corte tiene la «intencionalidad política de garantizarle impunidad al macrismo».

La Corte Suprema de la Nación declaró este martes “admisible” el recurso extraordinario de “salto de instancia” (per saltum) para tratar la revocación del traslado de tres magistrados del fuero penal federal. Tras este pronunciamiento, el desplazamiento de los magistrados quedó suspendido por el momento.

Arias refirió: «Yo no recuerdo -después del gobierno menemista que haya prosperado- pero tiene efectos prácticos muy concretos, de acuerdo al Código Civil y Comercial se suspenden los efectos de la resolución 183 que fue cuestionada por los jueces porque dispone de que vuelvan a sus cargos», expresó Luis Arias.

El magistrado se lamentó y recordó que «esto deja un sabor muy amargo, porque abre una vía para estos jueces que violan el procedimiento. Ante esto yo planteare un per saltun, con mi situación, porque si prospera en este caso con más razón debe prosperar en el propio, por las arbitrariedades y atropellos institucionales. Intenté recursos de este tipo, de aprietes judiciales y la Corte jamás abrió esta instancia».

«Lo resuelto por la Corte, tiene una intencionalidad política, no somos ingenuos, sabemos leer políticamente las decisiones de la Corte, lo hace con la clara intención de beneficiar al gobierno anterior y están desesperados por mantener a estos jueces en la Cámara para tener impunidad. Hay muchas causas abiertas contra los funcionarios del macrismo. Incluso el ex propio Presidente de la Nacían , fue denunciado, por el momento no está imputado, pero si en causas que pueden tener a futuro.

-Entonces…

-El macrismo quiere asegurarse cierto control en el Poder Judicial penal, donde están estos jueces que fueron designados ilegalmente por el gobierno anterior.

-Hay diputados de Juntos por el Cambio que en sus redes sociales sostienen que esta es una buena decisión porque es la manera de que Cristina Fernández de Kirchner no tendría impunidad…

-Ese argumento es un caballito de batalla, le meten miedo a la gente, tratan de demonizar a la vicepresidente y con esto, también a los jueces o decisores que van a intervenir en el proceso en el que quieren hacer valer sus derechos. La realidad no se tiene que llamar a engaño, se sabe de esta mentira, pero llegamos a un punto en que no vale quien tiene razón, no vale, ni tampoco las instituciones o está por encima de ellas la razón política. La justificación es lo de menos, el tema es tratar de lograr objetivos políticos.

-Jurídicamente esto no es cierto…

-No, y no es un buen antecedente, si la Corte hace lugar a este per saltun, aunque me resisto a creer lo que podría pasar. Alberto Fernández quedaría habilitado para interferir en el Poder Judicial y designar jueces subrogantes en cualquier instancia. O también cualquier Gobierno. Se podría fácilmente manipular el Poder Judicial, por eso es peligrosa esta decisión. He visto opiniones que dicen que los jueces de la Corte defienden la independencia del Poder Judicial, y no es así, está permitiendo que el poder político avasalle las instituciones a través de corrimientos y decisiones a su antojo que son ilegales.

-¿Esto supone que el Ejecutivo podría hacerlo con los mismos que están cuestionando esta decisión?

-Claro, si hay vacantes en la Corte podría designar un juez o en la procuración desplazar a Casals, como está vacante la Procuración se podría designar un fiscal de primera instancia como titular del Ministerio Público.

-Usted sospecha que hay cierto grado de connivencia con los ex funcionarios del macrismo, o porque tuvo efecto el escrache que la realizaron a Lorenzetti en la ciudad de Rafaela?

-Creo que hay un acuerdo corporativo entre medios de comunicación, sectores económicos y grupos políticos. Tantos medios de comunicación como el poder económico, se han vuelto tan importantes que tienen sus representantes políticos. Tienen sus agitadores y operadores periodísticos. No por nada aparece Milei en escena, u otros a los que le otorgan chapa de constitucionalistas como Sabsay, o muchos periodistas afamados tienen un sesgo político muy claro a favor del neoliberalismo. Esto no es casual, ellos digitan los distintos actores sociales de acuerdo a su conveniencia. Los representantes políticos del poder económico y mediático son Juntos por el Cambio. Si no fuera por la cobertura de los medios de comunicación el aprete a Lorenzetti no hubiera tenido repercusión. Había medios esperando como si ellos mismos hubieran urdido la maniobra. Me parece que hay una cierta coalición de poderes que conspiran permanentemente contra las instituciones y la democracia.

-¿Cuál sería el rol del Senado de aquí en más, cuando llamó a diez jueces para resolver de acuerdo a la Constitución y hubo tres que no se presentaron, y no obstante la Corte resuelve en favor de ellos y convalida el incumplimiento con la ley?

-Además, ellos deben dar un concurso, ellos no fueron designados. Tendrían que haber ido al Consejo de la Magistratura, dar el examen correspondiente, pasar la terna, obtener la propuesta del Poder Ejecutivo, e ir al Senado para el acuerdo. Hay todo un procedimiento de selección de jueces que hay que respetar, sino cualquier gobierno manipula el poder judicial a su antojo.

-¿Perdió sentido el Senado frente a este ninguneo?

-Más que eso, pasaron por encima de la voluntad popular, en cualquier sistema republicano las cámaras legislativas son representantes del pueblo. Son mandatarios. El pueblo manda porque es el titular de la soberanía. Cuando el Senado o Diputados se expresa, habla el pueblo. La decisión de la Corte desconoce la voluntad popular.

La decisión de la Corte desconoce la voluntad popular

-¿Quién puede corregir esta decisión de la Corte?

-Le corresponde a la ciudadanía y promover los cambios necesarios dentro del Poder Judicial.

-¿Con que herramientas?

– Hay que ampliar la Corte, no podemos convivir con una Corte que tiene un discurso único, que los miembros como el caso de Carlos Rosencrantz, que proviene del ejercicio profesional a favor de las minorías económicas, porque esa es la trayectoria del presidente de la Corte. Que se ve reflejada en los otros miembros con mayor o menor intensidad, Elena Highton que viene de la Corte de 2003 de corte liberal y conservador, y sin criterios populares. Compensaba Carmen Argibay, o el mismo Raúl Zaffaroni, pero hoy todoa tienen la misma orientación ideológica y esto es un problema. Hay que ampliar no para replicar el sistema actual, sino para incorporar otras visiones del derecho. Lograr no solo la diversidad de género, sino también la representación indígena, o de minorías económicas y sociales. También jueces que hayan demostrado compromiso en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, y los niños, esto enriquece el debate jurídico. Y no que los jueces se ponen de acuerdo en una defensa corporativa de un sector del Poder Judicial, con un mismo sesgo y una misma finalidad política.

-¿Cuánto tiempo tiene la Corte para dar una respuesta?

– Hay un traslado de 5 días a las partes, no tiene plazo, pero tiene que resolverlo rápidamente.

-¿Esto le puede convenir políticamente a Corte?

-De acuerdo a lo que se estableció en esta resolución tiene que resolver rápidamente.

-¿Visto todo esto que reflexiona?

-Creo que las cuestiones jurídicas van por un carril y las mediáticas por otra. Están presentando esto como un gran triunfo, cuando en realidad es un retroceso institucional muy importante. Me recuerda a los tiempos de la mayoría automática del menemismo. Solo que esta vez en vez de favorecer a un gobierno lo que hacen es perjudicarlo, pero con la misma metodología, saltando las instancias en una cuestión que realmente afecta intereses políticos. Me gustaría que la Corte acepte un per saltum ante un desalojo masivo en una toma. En el caso de las personas privadas de la libertad. Cuando hay hambre. La mejor Corte fue la de 2003, recuerdo que intervino en el caso Carina Rodríguez, dictando una cautelar como madre soltera que se encontraba en la indigencia. Intervino de una manera directa, en esta Corte no sucede eso.