Chaco: la Justicia frenó los desmontes

Por Alejandro Maidana

El modelo productivo extractivista avanza exponencialmente, el arrollador camino del desmonte sigue fortaleciendo el monocultivo transgénico, la consolidación de privilegios y la incesante migración interna. No hay chance alguna de soñar con un futuro que pueda poner de rodillas a la deshumanizante desigualdad que golpea a este pueblo, mientras el modelo de exterminio siga su curso.

De no modificarse el rumbo productivo que ha tomado el país del ’96 a esta parte, no habrá chance alguna de lograr la tan mentada transformación social, que pregonan de manera altisonante los distintos líderes políticos. Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas deforestadas.

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El reciente fallo de la justicia chaqueña consideró “que el art. 7 de la Ley Nº 26.331 establece la prohibición de toda acción de desmonte hasta tanto se sancione el OTBN local, y que el art. 6 del Decreto N° 91/09 obliga a las jurisdicciones provinciales a actualizar sus respectivos ordenamientos cada cinco años desde la sanción del instrumento legal. Entiende que, en la medida en que la provincia del Chaco sancionó la Ley Nº 1762-R en el mes de diciembre del año 2009, correspondía ingresar al proceso de actualización en el mes de diciembre del 2014. Que ello no ha sido cumplimentado, pero que igualmente autorizó desmontes con posterioridad al vencimiento señalado. Indica que el diseño territorial es fundamental, por lo que todo acto de permiso o autorización emitido luego al vencimiento de dicho plazo deviene absolutamente ilegal, ilegítimo e inconstitucional”.

En Chaco la actividad foresto-industrial sigue su demoledor e impúdico curso, en plena pandemia. La provincia más pobre del país continúa afianzando privilegios y ensanchando la brecha social. El desmonte representa solo un negocio para 6 empresas, pero lejos está de serlo para el pueblo chaqueño. Esta “pampeanización del Gran Chaco” se viene produciendo fundamentalmente porque el precio de una hectárea en el norte oscila entre los 300 y 500 dólares (con bosques), mientras que en la zona pampeana su valor ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares.

¿Cómo desmontar un bosque protegido en el Impenetrable? El Caso H. Primo S.A.

El monitoreo satelital que realiza Somos Monte sobre crímenes en zonas boscosas, expone, en el Caso H. Primo, el modus operandi en Chaco que permite -de manera impune-, que un bosque protegido sea víctima de un gigantesco desmonte encubierto.

Somos Monte expone la secuencia de un silvopastoril autorizado por la provincia de Chaco en un bosque de categoría II, que resultó ser en realidad un desmonte encubierto. Se presentan imágenes de silos bolsas resultantes de las cosechas, en un sitio donde nunca se autorizó agricultura. Este crimen forestal, al igual que otros, es pasado por alto por los inspectores de la Provincia durante varios años.

Ante las recientes denuncias y los anuncios de que se exigirá judicialmente la reforestación de los desmontes ilegales, el campo fue víctima del fuego, como si de este modo se pudiera borrar la destrucción cometida. Desde Somos Monte denunciaron el pasado 29 de julio un desmonte ilegal de más de 400 hectáreas. En respuesta a esa denuncia, la Dirección de Bosques de Chaco organizó el 31 de julio un «gran despliegue» que terminó en el secuestro de una de las dos topadoras utilizadas en el desmonte.

En las imágenes satelitales difundidas por las autoridades se evidencia una parcela (aún no desmontada) y se habla de un «predio fiscal». Pero olvidaron mencionar la otra parte del desmonte ilegal, que se había realizado exactamente a lado en el mismo lote. Los dos desmontes suman un total de casi 2000 ha (o sea tan grande como mitad de la ciudad de Resistencia).

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Resulta inconcebible que esto se haya escapado al accionar de las autoridades, de hecho Emanuel Carrocino, Director de Bosques, en una entrevista expresó que «se trata de un campo de Parcela 369 y 370 en el Departamento Almirante Brown». La parcela 369 no es un predio fiscal: tiene como titular a la «H. Primo S.A.» con sede legal en Laguna Larga, Córdoba.

Es el mismo predio que Greenpeace había denunciado públicamente en noviembre de 2018. Se trata de los campos por los que el Defensor del Pueblo de la Provincia denunció y presentó un amparo en contra de la Dirección de Bosques. Sin embargo, este campo no aparece entre los documentos presentados por las autoridades al Juez ¿Por qué? La razón es que la firma H. Primo S.A. no había tramitado un permiso de desmonte (cambio de uso de suelo), sino un permiso silvopastoril, o sea un permiso para hacer ganadería «sustentable» en el bosque.

Lo llamativo es que la empresa H. Primo S.A. no tiene ni tenía la cría de animales entres sus actividades, sino que se dedica al cultivo de trigo, soja y maíz. Y de hecho, la misma sociedad había tramitado ya en 2011 un permiso de desmonte en otro campo (permiso E5- 2011-633-E). El listado de ilegalidades cometidas por esta firma es impresionante:

– En marzo del 2015 la Empresa H Primo S.A. empezó los trabajos en el campo, meses antes de solicitar y recibir la aprobación del permiso.

– Resulta claro que el objetivo principal fue el cultivo de cereales y no la ganadería «sustentable», dado que no dejaron un solo árbol en toda la superficie.

– En total, desmontaron 300 hectáreas más de lo que se les aprobó (1.272 ha totales siendo el plano aprobado por 878 ha).

– A mediados de 2018 empezaron las primeras siembras de cultivos a gran escala.

– En noviembre 2019, ya con docenas de silobolsas guardados en el campo, y otros varios sacados ilegalmente, desmontaron otras 200 ha.

– En julio 2020 nuevamente desmontaron ilegalmente otras 450 ha entre la parcela 369 y la 370. Todo esto ocurría antes de que Somos Monte denunciara públicamente el último desmonte ilegal y las autoridades intervinieran. Pero las ilegalidades venían cometiéndose desde hace años sin que nadie reaccionara. De hecho no se registra ninguna sanción a cargo de esta Sociedad en el Registro de Infractores de la Dirección de Bosques y la institución, cuando dos meses atrás fue a inspeccionar el predio, no mencionó ninguna falla.

Estamos ante una estafa colosal, un «silvopastoril» que en realidad es un campo sojero en plena área amarilla y en un corredor biológico donde no está permitido el desmonte. Entre una ilegalidad y otra, en este campo se han destruido casi 2.000 hectáreas de bosques en buen estado de conservación. Todo lo antecedente empeoró cuando el pasado 11 de septiembre, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal anunció que exigirán «judicialmente restaurar los bosques afectados por desmontes» ilegales, así como siempre lo indicó la ley.

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Pocos días después, el 19 de septiembre, el área desmontada ilegalmente en la parcela 369 resulta víctima de un incendio. Igual suerte corre al día siguiente la parcela 370, la otra parte del desmonte ilegal. En las imágenes se distingue claramente como las columnas de humo se dirigen hacia el norte, con lo cual, con viento sur es imposible de que se haya tratado de un evento natural.

Actualmente las máquinas se encuentran trabajando para remover cenizas y escombros de lo que fue un bosque, a este punto en plena rebeldía de cualquier ley. “Se trata de 700 has de cenizas que quedan de lo que apenas dos meses atrás fue un bosque protegido por la ley. Este crimen se entiende sólo en un marco de sospecha de complicidad entre las autoridades y los empresarios, lo que garantiza que un silvopastoril termine siendo primero un desmonte encubierto, luego un cultivo agrícola y un campo incendiado”, resaltaron desde Somos Monte Chaco, a la vez que expresaron la necesidad de que se penalicen los desmontes e incendios y efectivamente, se restaure el daño.

El 16 de octubre la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco, dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Organización Conciencia Solidaria, y ordenó la suspensión de todos los desmontes.

Micaela Camino es Doctora en Ciencias Biológicas e integrante de Somos Monte Chaco, en un imprescindible diálogo con Conclusión, acercó datos de suma valía para entender lo destructivo de los desmontes en esa provincia. “El 16 de octubre la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco, dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Organización Conciencia Solidaria, y ordenó la suspensión de todos los desmontes. Esto significa un gran respiro debido a las muchísimas irregularidades que venimos denunciando con investigaciones y datos concretos desde Somos Monte Chaco y Greenpeace”, indicó.

Los desmontes empujan un importante abanico de preocupaciones, ya que el mismo involucra en su paso arrasador, a los todos los habitantes de una provincia saqueada. “Esto afecta al millón doscientos mil chaqueños que habitamos la provincia, pero por sobre todo a las comunidades indígenas y criollas que habitan los bosques, y a los trabajadores forestales. Creemos que es un buen momento para que la justicia investigue la labor de las autoridades estatales, en particular los usos no sustentables que se hicieron de los bosques, y que fueron aprobados como si lo fueran. Mientras que desde los ministerios de la Nación, y los distintos científicos alertaban que los usos aprobados no eran sustentables, el estado chaqueño siguió otorgando permisos hasta que la cautelar los frenó”.

Estas malas prácticas si bien son patrimonio de distintas empresas privadas, la responsabilidad máxima es del propio Estado

Por otro lado, es imprescindible que la justicia avance en la investigación de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores forestales. “Si bien no va a existir la posibilidad de trabajar con la materia prima, es menester conocer en qué situación se encuentran aquellos trabajadores que son víctimas de la precarización y  esclavismo, destacando el trabajo infantil que en esta provincia se viene denunciando hace décadas. Estas malas prácticas si bien son patrimonio de distintas empresas privadas, la responsabilidad máxima es del propio Estado. Confiamos en que la justicia avance hasta las últimas consecuencias para desactivar estas deshumanizantes prácticas”.

La distribución de la riqueza que proviene de la actividad forestal, necesita una minuciosa investigación que arroje a quienes beneficia la misma. “La redistribución de los supuestos beneficios que arrojaría esta actividad, no se ven reflejados en absoluto en nuestra provincia. Destacando que los lugares que sufren el calvario de los desmontes, justamente son los más vulnerables, los más pobres, los más olvidados. Es menester que se investigue porque esa gente termina entregando su territorio, habría que ver si esto no se da a precios irrisorios o por la obligación de generar algún trueque, ya que la mayoría de los habitantes del monte, no tiene acceso al agua ni a la salud pública en sus territorios.

Confiamos que la justicia avance y difunda esta información que contiene por ejemplo ¿A dónde fueron los fondos de la Ley de Bosques? ¿Qué permisos se entregaron? ¿Los mapas y sus coordenadas?

Una medida judicial que genera esperanza ante tanta desidia y desprotección que parte del propio Estado. “El amparo que supimos impulsar meses atrás con las pruebas suficientes para que el mismo avance, fue desoído por la justicia. Por ello esta resolución nos empuja a generar al menos una cuota de esperanza ante tanta soledad, las juezas solicitaron información a la Oficina de Bosques sobre los permisos que fueron otorgando. Esta información que pide la justicia, nos fue negada en muchas oportunidades con argumentos increíbles, siendo que la misma debería ser de dominio público. Confiamos que la justicia avance y difunda esta información que contiene por ejemplo ¿A dónde fueron los fondos de la Ley de Bosques? ¿Qué permisos se entregaron? ¿Los mapas y sus coordenadas?

La necesidad del avance de políticas públicas como único horizonte, una discusión que lleva décadas perdiéndose de manera sostenida en los márgenes de una actualidad exasperante. “Creemos que es urgente que el Estado garantice el desarrollo, el arraigo rural, el manejo comunitario de los bosques, fomentando la agroecología, que exista una diversidad en la producción, pero que ésta sea realmente sustentable, que le permita a las comunidades el acceso a precios justos. Las mismas deberían tener el control participativo vinculante del cumplimiento de las leyes en su territorio. Deben investigarse lo que venimos marcando, no estamos hablando de 10 o 20 hectáreas, hablamos de miles que solo impulsan mayor concentración de poder y riqueza, empujando la expulsión de las personas de sus casas. Donde los trabajadores forestales podrían no tener sus derechos laborales cubiertos ¿Cuánto cobran? ¿Cuál es su sueldo? ¿Dónde duermen? ¿De qué se alimentan? Si uno camina por el monte chaqueño, con seguridad se va a encontrar con un sinfín de irregularidades”, enfatizó.

Esta forma de producir conlleva a una mayor concentración y privilegios, empujando a los trabajadores a perder bienes comunes, recursos, a no contar con la información adecuada, a no poder acceder a la justicia.

Un modelo productivo sumamente destructivo que solo puede conducirnos al cadalso, no hay futuro alguno con la profundización del mismo. “Esta forma de producir conlleva a una mayor concentración y privilegios, empujando a nosotros los trabajadores, a perder bienes comunes, recursos, a no contar con la información adecuada, a no poder acceder a la justicia. El Estado ha generado una confusión tal, que quizás hoy hay personas que han visto interrumpida su labor producto de la desidia de otros. Tenemos esperanza en esta última resolución de la justicia, los culpables tienen que ir presos, y los que se vieron perjudicados injustamente, ser resarcidos o indemnizados. No podemos seguir aceptando que los chicos se mueran de hambre, que no haya salud, que no haya agua, en Chaco las personas se mueren porque hay otras que les están robando sus bosques sin darle nada a cambio”, concluyó.