La pesca ilegal le cuesta a Argentina US$ 14.000 millones y 30 mil puestos de trabajo

Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires

Es recurrente la información que prolifera en distintos portales y medios de comunicación sobre la pesca ilegal en el Atlántico Sur, en la que se da cuenta de que fueron detectados y capturados buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva Argentina, en presunta infracción a la Ley Federal de Pesca. Esta modalidad de saqueo de la que participan pesqueros de distintas nacionalidades siempre ha sido desbaratadas en procedimiento en los que interviene la prefectura Naval Argentina, articulada con la Armada de la República Argentina.

Sobre la complejidad de este tema, Conclusión dialogó con el Doctor César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur y Pesca, quien denunció que los barcos extranjeros, que «no gozan de licencia para pescar en el interior de la zona exclusiva y el límite de la misma capturan alrededor de un millón de toneladas anuales».

Hace pocos meses el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,  Luis Basterra destacó “la importancia de la interacción entre los distintos organismos de Gobierno, en este caso Ministerio y Fuerzas de Seguridad, para garantizar la soberanía argentina en materia de los recursos naturales que son estratégicos para nuestro país”.

Con el objeto de intensificar los controles de patrullaje preventivos existentes en la zona, las Fuerzas de Seguridad y Armada, han desplegado vuelos de monitoreo, a la par del envío de Buques Guardacostas y del Patrullero Oceánico ARA “Bouchard”, para mantener activa y fortalecida la política de protección de la soberanía de los recursos marítimos de la República Argentina.

Para Lerena, el volumen del ilícito en cuanto al tonelaje representa per se, US$ 2.000 millones anuales y que si tuviera cadena de valor la cifra asciende a la friolera de US$ 14.000 millones anuales una vez que se comercializó el producto. 

Respecto de cual es la relación que establece Argentina de su costa marítima, el profesional aportó que a pesar de que nuestro país tiene «un territorio extenso, que llega a 2 millones de kilómetros cuadrados, y posee una extensión en la zona económica exclusiva marítima que va de la costa hasta la s 200 millas, que alcanza a los 3 millones ciento cuarenta y seis mil kilómetros cuadrados». 

Argentina posee 2 millones de kilómetros cuadrados pero la zona económica exclusiva marítima alcanza a los 3 millones ciento cuarenta y seis mil kilómetros cuadrados

«Esto permite definir a la Argentina como un estado marítimo, solo que los argentinos estamos de espalda al mar, porque países con mucho menos territorio que el nuestro, encarnan una actitud diferente para aprovechar los recursos del mar. Y además, esto lleva lleva a que esas naciones que desarrollan una explotación marítima, tienen un consumo mucho más alto que nosotros». 

En relación a la ausencia de una política de Estado que impulse la explotación de los recursos pesqueros, el Doctor Lerena evaluó que habría un alto impacto en el crecimiento del empleo ya que es necesaria mano de obra en puerto, que en números se acerca a los 30 mil puesto de trabajo. 

Argentina es un Estado marítimo solo que los argentinos vivimos de espalda al mar

En la misma línea, destacó que aun cuando los buques se encuentren pescando fuera de las 200 millas, se trata de recursos que son de Argentina», al tiempo que agregó que esta captura se da con «especies que se encuentran en la zona exclusiva y que migran hacia altamar». 

Está aceptado oficialmente que la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada».

Según el especialista, la captura de peces oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil, «que es distribuida en mercados en los que también Argentina comercializa en forma legal» de allí que considerara que se está ante «competencia desleal con la industria de la pesca que paga impuestos». 

En el país del bife de chorizo Argentina exporta mas pescado que carnes rojas 

Este menoscabo de riqueza para nuestro país, se acrecentó luego de 1986, cuando el gobierno inglés formalizó la explotación ilegítima de los recursos ictícolas a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca. Esta iniciativa le generó ingresos anuales cercanos a US$ 500 millones. 

Para el especialista, Argentina ha desaprovechado hasta la fecha en el ámbito internacional, favorecer su posición en el Atlántico Sur, en particular, en lo relativo a Malvinas y la explotación de los recursos naturales y muy especialmente los migratorios.

«Los Acuerdos, Tratados, Declaraciones, hojas de ruta (Acuerdos de Madrid, Pacto de Foradori-Duncan, Acuerdo de Nueva York, etc.) no han sido, lo que jurídica y diplomáticamente todavía se discute, sino que resultaron lisa y llanamente cesiones de Argentina al Reino Unido y a los Estados de Bandera y la consolidación de la extranjerización del mar argentino», indicó.

De tal modo que, tenemos «al menos tres problemas: El primero, hay que desactivar esas cesiones; el segundo, los británicos tienen ocupado militarmente 1,6 millones de km2 de la ZEE Argentina y dentro de él a los Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y están en una situación geopolítica de prevalencia respecto a la parte meridional del Atlántico Sur, la Antártida y el Estrecho de Magallanes y, el tercero, hay recuperar un millón de toneladas de productos pesqueros que se capturan en forma ilegal (INDNR) con o sin licencia británica en el Atlántico Sudoccidental. No parece que, en esta situación, la Argentina pueda desatender este importante foro, la más importante convención sur-sur».

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo se capturan anualmente 26 millones de toneladas de alimentos marinos de forma ilegal, que estiman que en materia prima representan US$ 23.000 millones al año. El organismo especializado de la ONU señala que, aunque no hay datos precisos del impacto de la pesca ilegal, esta actividad afecta a 2,4 millones de personas que se dedican a la pesca y a la acuicultura en la región.