Gobierno promulgó una ley que traba venta de acciones
La norma fue aprobada en septiembre, se publicó en el Boletín Oficial y protege las acciones empresarias en manos del Estado a través de la Anses tras la estatización de los fondos de las ex AFJP.
El Gobierno promulgó hoy la ley aprobada en septiembre último que protege las acciones de empresas en manos del Estado a través de la Anses tras la estatización de los fondos de las ex AFJP, exigiendo tener una mayoría especial en el Congreso para venderlas.
A través del decreto 2061/15, publicado este martes en el Boletín Oficial junto al texto de la normativa, el Gobierno nacional promulgó la iniciativa.
Sin el apoyo opositor, el oficialismo había aprobado el 23 de septiembre último esta normativa que exige dos tercios del Congreso para habilitar la venta de los papeles y creó la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee).
La ley 27.181, propuesta por la gestión de Cristina Kirchner, declara «de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Asimismo, protege «las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital».
La ley prohíbe «su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación».
La iniciativa establece que para vender esos bienes se necesitará la autorización del Parlamento, con los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara.
Para cumplir con estos objetivos, la normativa contempla la creación de «la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado».
La conducción de esta autoridad de aplicación «será ejercida por un Directorio integrado por cinco miembros» y su presidencia estará a cargo por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)».
En tanto, los restantes integrantes serán el ministro de Economía, un funcionario a designar por el Poder Ejecutivo y dos representantes de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas a propuesta de los bloques parlamentarios.